En medio de una polémica que no cesa, de críticas sindicales y profesionales y de un permanente cuestionamiento sobre la utilidad y viabilidad del centro, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha protagonizado hoy una nueva y cerrada defensa del Hospital Enfermera Isabel Zendal. En una comparecencia pública sin preguntas desde las instalaciones del hospital de Valdebebas, Díaz Ayuso ha denunciado la existencia de una "deleznable campaña de desprestigio" contra "el hospital más seguro y mejor preparado de España para lucha contra la covid".
La última y sonada polémica en torno al hospital tiene forma de orden, emitida nada menos que por la Dirección General de Recursos Humanos de la Consejería de Sanidad y dirigida a todos los hospitales de la comunidad. Como adelantó El País el pasado fin de semana y han confirmado a este periódico fuentes de la consejería, en esa orden, la Dirección de Recursos Humanos recuerda a todas las gerencias hospitalarias que "no se podrá contratar de nuevo en el mismo centro, por cualquier otro motivo, a un profesional con nombramiento covid que rechace la adscripción temporal para trabajar en el Hospital Enfermera Isabel Zendal".
En definitiva, si un sanitario con contrato covid dice "no" al traslado forzoso al Isabel Zendal, no podría seguir trabajando en su centro de origen, al menos no como parte de los 11.000 profesionales que, según la consejería, se han contratado desde el inicio de la pandemia para reforzar las plantillas. La consejería alega que el Zendal es el "centro de referencia para el traslado e ingreso de los pacientes con covid", y ahí es donde necesita los refuerzos.
Mientras Madrid alega que los sindicatos conocían la orden, estos exigen su retirada
Según las cifras que hoy ha puesto sobre la mesa Díaz Ayuso, después de visitar las instalaciones del Isabel Zendal y mantener una reunión con su equipo directivo, el hospital tiene ahora mismo 375 pacientes covid, "pero, desde su apertura, en estas instalaciones se ha atendido ya más de 700 personas y se ha dado el alta a 333 pacientes". La presidenta ha recordado que otras autonomías están recurriendo de nuevo a los hospitales de campaña, "pero nosotros abrimos el Isabel Zendal con tiempo y previsión para evitar situaciones de colapso, y ahora este centro está ayudando a que la carga asistencial que soportan el resto de hospitales de la comunidad sea menor".
Sobre el papel, la orden de Recursos Humanos no suena especialmente bien, pero la consejería alega dos cosas. Primero, que se abordó previamente en la Mesa Sectorial de Sanidad y, por tanto, que los sindicatos tenían conocimiento de ella. Segundo, que el Real Decreto 926/2020, que regula el estado de alarma, le faculta para tomar la decisión, porque esa norma, emitida en octubre por el Gobierno de Pedro Sánchez, prevé la posibilidad de que las comunidades establezcan "la realización de prestaciones personales en el ámbito de sus sistemas sanitarios, siempre que esto resulte imprescindible para responder a la situación de emergencia sanitaria". El Gobierno de Díaz Ayuso parece incluir los traslados forzosos al Zendal entre esas prestaciones.
"Muchísimos 'contratos covid' se usan para cubrir carencias estructurales de las plantillas"
Con respecto a los sindicatos, y a tenor de la respuesta conjunta y unánime que han dado hoy mismo a Díaz Ayuso, no parece que estén muy conformes. En una carta dirigida a la propia presidenta, al consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, y a su directora de Recursos Humanos, Raquel Sampedro, los cinco sindicatos de la mesa sectorial (Amyts, CCOO, UGT, Satse y CSIT Unión Profesional) exigen la retirada inmediata de la orden y la puesta en marcha de "un proceso urgente de traslados voluntarios basados en ofertas imaginativas y motivadoras".
En su dura carta, los sindicatos hablan abiertamente de una "política de castigos" por parte de la consejería y denuncian que los traslados forzosos al Isabel Zendal se están llevando a cabo "bajo presión" y mediante "penalizaciones que la Administración ha impuesto unilateralmente". Los profesionales sanitarios que no acepten ir al hospital de pandemias de Díaz Ayuso "verán rescindidos sus contratos" dicen literalmente los sindicatos.
"Machaque psicológico"
Aunque los sindicatos recuerdan que, desde el principio, se posicionaron en contra del nuevo hospital, matizan que, "una vez abierto y dada la situación de descontrol de la pandemia, entendemos la necesidad de dotarnos de cuantas camas sean necesarias, pero también de hacerlo con profesionales motivados, no forzados bajo la amenaza de perder el empleo".
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Con respecto a los llamados contratos covid, cuya mera denominación han cuestionado los sindicatos, los representantes de los trabajadores recuerdan a Díaz Ayuso y a su consejero de Sanidad que los sanitarios fichados bajo esa modalidad contractual no se dedican sólo a atajar la pandemia, sino que "muchísimos están cubriendo carencias estructurales de la plantillas".
Mientras los sindicatos redactaban y enviaban esta dura y unánime respuesta, Díaz Ayuso les señalaba directamente a ellos, además de a "algunos políticos y medios", como responsables de una "campaña perfectamente orquestada en redes sociales para llegar a los medios de comunicación y hacer activismo político". Según la presidenta, ese presunto complot está "machacando psicológicamente" a los pacientes y profesionales que trabajan en el hospital.
Esa "deleznable campaña" está "machacando psicológicamente" a pacientes y profesionales
"Hay pacientes que no vienen aquí porque están sugestionados, y los que están ingresados se muestran muy preocupados por lo que se dice en redes. Se está politizando todo, y cada problema cotidiano en un hospital convencional aquí es polémica. Es profundamente injusto y muy insensato", ha enfatizado la presidenta de la comunidad.
También algunos de los políticos aludidos por la presidenta madrileña han reaccionado a la orden de la Dirección de Recursos Humanos. En una entrevista con TVE, José Cepeda, portavoz adjunto del PSOE en la Asamblea de Madrid, ha anunciado que su partido "estudia" recurrir la orden, y ha puesto en duda que "desde el punto de vista jurídico, laboral… a una persona se la pueda obligar a ir necesariamente a ese hospital a cualquier precio".
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