Comenzó su carrera profesional atendiendo en una prisión de Siberia, y lo tiene muy claro: "La salud penitenciaria es salud pública", señala Hans Henri P. Kluge, director regional de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para Europa. De ahí su convicción de que "nadie debe quedarse atrás", como afirma en la introducción del Informe de estado sobre salud penitenciaria en la Región de Europa de la OMS 2022.
A esta frase lapidaria se une la observación de José Joaquín Antón Basanta, presidente de la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria (SESP) y médico en el centro penitenciario de Albolote (Granada) desde que se abrió hace 26 años: "La sanidad penitenciaria es atención primaria (AP), pero hoy está muerta, desaparecida, no hay. Solo la hay de calidad, y muy buena, en Cataluña y País Vasco", explica a este medio, aludiendo a las únicas autonomías con las competencias transferidas en sanidad penitenciaria, junto con Navarra (esta, en 2021; País Vasco, en 2011, y Cataluña, en 1983).
El preso no tiene quien le dispense, quien le diagnostique ni quien le trate. Los sanitarios que trabajan en las cárceles son cada vez menos (un 60% de las plazas están vacantes), no tienen acceso a la red del Sistema Nacional de Salud (SNS), ignoran los antecedentes médicos y la medicación de quienes entran en prisión, a no ser que alguno se acuerde (mientras le esposan) de hacerlo con su informe médico bajo el brazo, y no pueden comunicar cómo ha sido su evolución sanitaria entre rejas cuando el preso queda en libertad, por lo que les facilitan un informe médico. Pero en Cataluña, explica, "no hay déficit de profesionales dentro de las cárceles y los hay muy válidos". Así, asegura que uno de los referentes de la sanidad penitenciaria en España es el médico Andrés Marco, en enfermedades infecciosas.
Pese a todo, Antón Basanta, a sus 63 años, se considera un afortunado, porque trabaja en una prisión con otros tres médicos, varios enfermeros y una farmacéutica que lleva allí los mismos años que él, en un centro donde actualmente hay 1.250 internos (en España son concretamente 55.751, a cierre de 2022, según la última Estadística de la población reclusa del Consejo General del Poder Judicial).
Depósitos de medicamentos
Su compañera farmacéutica, especialista hospitalaria, "tiene otro problema", según detalla Basanta. Aparte, debe atender los depósitos de medicamentos de otras dos prisiones: uno en Jaén y otro en Almería: "Acude cuando puede, una vez cada dos semanas, para hacer una revisión de lo que hay. Eso no debería ser así. Ella llega hasta donde puede llegar, pero quien hace los controles de los pedidos y lo que se necesita no lo está haciendo un farmacéutico, sino enfermeros. Y esto ocurre en muchísimos sitios. En Melilla no tienen a ningún farmacéutico, ni tienen médico en la prisión de Villena, centro penitenciario Alicante II. Las atenciones se realizan por telemedicina, unas horas al día, donde los enfermeros suelen hacer las consultas, con algún médico".
La última convocatoria para cubrir puestos de farmacéutico fue el 1 de enero de 2021, con la oferta de 14 plazas para farmacéuticos hospitalarios fuera de convenio. Sobre esto, Antón Basanta opina: "El problema es que no se necesitan solo 14 plazas, sino 30".
Aun así, Miriam Celdrán, farmacéutica del Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Alicante, se congratulaba entonces por la noticia, en declaraciones a este medio: "Es una fiesta para la farmacia penitenciaria". Lo consideraba "un gran avance", dado que la última vez que habían sacado plazas hasta entonces había sido en 2017 y con cuentagotas: "En 1992 se convocaron tres plazas; en 2004, seis; en 2016, tres plazas de consolidación, y en 2017, cinco. Es decir, en esta convocatoria se sacan tantas plazas como en los años anteriores".
Sin farmacéuticos
Actualmente hay 69 centros penitenciarios en España y 38 farmacéuticos que forman parte de la Administración Penitenciaria, de los cuales 18 son farmacéuticos especialistas en Farmacia Hospitalaria y 20 son farmacéuticos. Es decir, hay 38 farmacéuticos para más de 55.000 presos o un farmacéutico para 1.467 presos. "Para unas plazas se ha exigido la titulación de licenciado en Farmacia más la de especialista en Farmacia Hospitalaria (FIR) y para otras solo la titulación de licenciado en Farmacia. Estamos asentados en los dos hospitales psiquiátricos penitenciarios (Alicante y Sevilla) y en diferentes centros penitenciarios (CCPP)". Así explica su situación el colectivo de farmacéuticos de IIPP, que forma parte de los equipos sanitarios de la Administración Penitenciaria desde 1991, en una carta enviada al Defensor del Pueblo el pasado mes de marzo.
Según el último informe general de IIPP, fechado en diciembre de 2021, hay 22 centros donde el farmacéutico atiende los depósitos de medicamentos de otra u otras prisiones: 13 centros tienen otro asignado y nueve tienen dos prisiones. Es decir, 31 centros penitenciarios carecen de farmacéutico y sus depósitos de medicamentos están asignados a los farmacéuticos de otros 22.
Incluso muchas veces tienen que atender depósitos de centros situados en otras provincias, como es el caso de la farmacéutica de Albolote, pero también el caso de quienes trabajan en Burgos (atienden los de Segovia y Soria), Badajoz (Cáceres), Albacete (Cuenca)... Incluso la farmacéutica de Mansilla de Mulas (León) debe atender el servicio de Madrid V "por necesidades de servicio", de modo que debe acudir una semana al mes.
El documento matiza que "hay un farmacéutico en el centro penitenciario de Melilla desde diciembre 2018 contratado a tiempo parcial y una farmacéutica especialista en farmacia hospitalaria en Servicios Centrales, en Madrid".
En total, el informe de IIPP señala que hay 28 servicios de farmacia legalizados (15 con farmacéuticos especialistas en farmacia hospitalaria y 13 con farmacéuticos no especialistas), cinco en proceso de legalización paralizados (Alicante II, Badajoz, Murcia I, Murcia II y Sevilla II) y dos en trámite (Lugo Bonxe y Madrid II). En cuanto a los depósitos, hay 19 legalizados, ocho en vías y seis pendientes de tramitación.
Hay 22 prisiones donde el farmacéutico atiende los depósitos de fármacos de otros 31 centros
¿Cuáles son las causas? La plaza de Alicante II no se ha cubierto por no encontrar especialista en farmacia hospitalaria y haber expirado el plazo para su contratación. En relación a la legalización del servicio de farmacia del centro penitenciario de Badajoz, el procedimiento está paralizado desde octubre de 2019 por jubilación de la titular. Murcia tiene pendiente legalizar los servicios de farmacia de Murcia I y Murcia II como servicios de farmacia de AP "en el momento que se contrate un farmacéutico para el centro penitenciario de Murcia I (actualmente la plaza está vacante)".
¿Cómo justifica esta situación el Ministerio del Interior? "La pandemia de covid-19 ha enlentecido notablemente los procesos de tramitación, tanto a nivel de nuestra Institución como de las respectivas comunidades autónomas", reza el último documento de IIPP.
En la misiva enviada por los farmacéuticos al Defensor del Pueblo estos exponían el agravio comparativo con el resto de sanitarios de IIPP: "Somos el único colectivo de IIPP que no ha tenido ni revisión ni mejora salarial nunca, en los 33 años", dicen en la carta. Y es que sus contratos laborales, temporales o fijos, son en la modalidad de personal laboral fuera de convenio, y siempre en igualdad de condiciones para farmacéuticos y farmacéuticos hospitalarios.
Salarios congelados
Añaden en la carta que "en todos estos años se han negociado y conseguido diferentes mejoras salariales tanto para personal funcionario como para personal laboral incluido en convenio de IIPP. Sin embargo, ninguna de las mejoras conseguidas se ha aplicado nunca al salario de los farmacéuticos, principalmente porque se han incluido en los Complementos Específicos de Puestos de trabajo (funcionarios) o en los Complementos Singulares del Puesto (laborales). O bien se ha creado un complemento nuevo, como el Complemento de Productividad por Mejora del Servicio desde 1999. Los farmacéuticos, por estar fuera de convenio, no percibimos ninguno de los anteriores complementos, por lo que en estos más de 30 años nuestro salario se ha mantenido estancado".
Por ello, consideran que esta situación laboral les lleva a una "manifiesta situación de inferioridad respecto al personal sanitario funcionario de IIPP; es decir, respecto a nuestros compañeros facultativos de IIPP (médicos de AP o médicos especialistas, como los psiquiatras), enfermeros y respecto al resto del personal sanitario laboral (auxiliares, celadores, técnicos de laboratorio...), todos ellos personal laboral incluido en el IV Convenio Único del personal laboral de la Administración General del Estado. También entendemos que estamos en una situación claramente desfavorable respecto a nuestros compañeros farmacéuticos de primaria o especializada (hospitales) del sistema sanitario público".
No existe un cuerpo de farmacéuticos de IIPP, a diferencia de médicos y enfermeros
A su vez, se quejan de no tener ninguna posibilidad de traslado: "Estamos sentenciados a mantenernos en la plaza que hemos podido elegir en nuestra convocatoria. Esto ha obligado a algunos compañeros, aun estando en posesión de una plaza fija obtenida por oposición, a presentarse a una oposición posterior para así intentar conseguir una plaza en un lugar más cercano a su residencia. Entendemos que es un error condenarnos a mantener la misma plaza durante toda nuestra vida laboral, sin darnos la oportunidad de participar en un concurso de traslados".
Por ello, si la situación de los médicos de prisiones clama al cielo, la de los farmacéuticos lo hace también en el infierno. Según ha podido saber este periódico de boca de varios farmacéuticos penitenciarios que prefieren no dar su nombre (reflejo también del miedo que existe en el sector a posibles represalias), "hay un inconveniente a la hora de cubrir plazas vacantes que puedan cubrirse de otra forma que no sea por oposición. La ley obliga a que sea través de la bolsa de desempleados, y ahí no están los especialistas, porque no hay especialistas en paro. Y si el trabajo en hospital se paga mejor, pues no hay para las cárceles. En ese sentido, estamos igual que los médicos, que tampoco los hay porque se están jubilando, y fuera de prisión se paga un salario mejor".
Personal laboral fuera de convenio
Para más inri, los farmacéuticos son personal laboral: "Si bien existe el cuerpo de médicos de prisiones y de enfermeros de prisiones, no existe el cuerpo de farmacéuticos de prisiones". Y recuerdan que con las asignaciones de depósitos de otras prisiones se está incumpliendo la normativa, que obliga a la presencia del farmacéutico a la hora de dispensar.
En concreto, el Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, que aprueba el texto refundido de la Ley de Garantías y Uso Racional, establece como infracción grave el "funcionar, los servicios farmacéuticos y oficinas de farmacia, sin la presencia y actuación profesional del farmacéutico responsable". Igualmente, el Real Decreto 782/2013, de 11 de octubre, sobre distribución de medicamentos de uso humano establece en su artículo 3 que "la función prioritaria y esencial de la actividad de distribución de medicamentos es el abastecimiento a las oficinas de farmacia y servicios de farmacia legalmente autorizados en el territorio nacional".
Pese a estas diferencias entre sanitarios, los farmacéuticos que han hablado para este periódico aclaran que su trabajo se complementa con el de los médicos: "Nuestra labor no solo es comprar medicamentos, sino que hay una parte más clínica, que es muy bonita, y que evita interacciones, problemas con fármacos...Un paciente interno debe ser tratado en igualdad de condiciones que otro fuera de IIPP".
Los farmacéuticos subrayan que con las asignaciones de depósitos de otras prisiones se está incumpliendo la normativa
En términos de salarios, Antón Basanta afirma que todos los sanitarios, en general, están muy por debajo de la autonomía donde los sanitarios están peor pagados, "que probablemente sea Andalucía". Y comenta que "si ya hay un déficit de profesionales sanitarios en AP, si encima estás trabajando en una cárcel y ganando menos dinero, no viene nadie. En las últimas convocatorias la Administración ofertó 80 plazas, y hablamos de funcionarios de carrera y puesto fijo; se presentaron siete personas. Hay otros 73 puestos donde nadie compite por ellos". A esto él lo llama también "la España vaciada; no hay relevo generacional de profesionales sanitarios. Casi todos somos personas que estamos muy mayores".
La situación es tan flagrante que ha llegado varias veces al Congreso de los Diputados. La última, el pasado 25 de abril, donde se aprobó una Proposición No de Ley (PNL) presentada por el PP sobre el aumento en el consumo de tranquilizantes sin receta en centros penitenciarios.
Allí, el diputado popular Bienvenido de Arriba Sánchez ponía sobre la mesa esta terrible situación, aportando datos: "167 facultativos para una población de más de 50.000, y de los que alrededor del 40% demanda atención sanitaria a diario; 19 prisiones, las que concentran mayor número de población reclusa, se encuentran sin AP, han abandonado esta asistencia integral por un modelo de urgencias o, con suerte, de teleasistencia. En unos centros la asistencia se presta por un par de horas o por días o mediante profesionales autónomos y contratos con la sanidad privada".
Sobre esto, Antón Basanta recalca que "hay que ver el contexto de las cifras. A priori puede parecer que 167 facultativos para 50.000 personas son muchos, pero eso hay que distribuirlo entre las 69 prisiones que tenemos. Y los presos pueden ser puntualmente 50.000, pero están entrando y saliendo continuamente".
Ha visto entrar y salir no solo a presos, con muchos de los cuales guarda relación (a cientos les ha salvado la vida), sino también a médicos: "Casi todos se prejubilan a los 60 años". ¿Por qué él no? "Sigo siendo idealista", resume.
Sobre la prescripción y dispensación de medicamentos, volvemos la vista atrás, con una orden de septiembre 2011 que resultó ser polémica y que Antón Basanta considera un punto de inflexión a peor.
Hacia el declive
Por entonces, el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero dictó una orden, amparada en la "racionalización del gasto" en plena fase de recortes, que permitía a los farmacéuticos de las prisiones cambiar los medicamentos prescritos por otros de "diferente composición" y "diferente estructura química original", aunque de "similar mecanismo de acción clínicamente equivalentes".
El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos recurrió dicha instrucción; el Tribunal Superior de Justicia de Madrid dio la razón al Gobierno, pero el Tribunal Supremo anuló parcialmente la orden, al considerar que incumplía la Ley de Garantías y Uso Racional del Medicamento, de 2006. Además, el Supremo recordó que los pacientes deberán ser informados de este cambio, algo que no establecía tampoco la instrucción del Ministerio de Interior.
"Ese fue el inicio del declive de la sanidad penitenciaria. Hasta ese momento éramos un referente", destaca Antón Basanta. "Por un tema economicista trataron de interferir en la libre prescripción e hicieron verdaderas barbaridades. Ganó el sentido común y perdió el autoritarismo. Pero, como consecuencia de aquello, se rompieron relaciones por una cuestión de dinero que nunca va a ningún sitio. Ahí empezaron los recortes y la gente comenzó a cansarse. Empezó también el éxodo de sanitarios", explica.
Sobre esto, los farmacéuticos opinan que Madrid no les dio vía libre para intercambios terapéuticos, pero son partidarios de seguir una guía recomendada y un consenso previo: "Lo que dijo Madrid fue que había una guía farmacoterapéutica a seguir, pero igual que ocurre en cualquier hospital del SNS, donde un médico no tiene libre prescripción. Si falta un fármaco, nosotros le proponemos otro al médico, y este lo acepta o no. Si no lo acepta, lo justifica. Es de sentido común que no podemos tener todo lo que hay en el mercado y tenemos lo recomendado. Si el paciente necesita otro fármaco, se hace, igual que en los hospitales".
Antón Basanta recalca que "desgraciadamente en este país solo tenemos interés cuando un político conocido va a entrar en prisión y tiene cáncer. ¿Solo entonces nos preocupamos de si se puede o no dar un tratamiento?".
El presidente de la SESP cree que hasta 2011 España era un referente en sanidad penitenciaria
Y pone un ejemplo de lo que se hace en las prisiones con este tipo de enfermos: "Yo tengo un montón de pacientes con radioterapia o quimioterapia de forma habitual. Todos los días unos ocho presos salen a consultas externas hospitalarias, acompañados de la Guardia Civil. Nosotros somos AP y el hospital está acostumbrado a que esto sea así cuando le tiene que tratar un especialista, igual que si hay que operarle de una apendicitis, fimosis o cáncer de mama. El problema del cáncer es si yo no he podido diagnosticarlo a tiempo, porque en urgencias hay 50 ó 60 personas todos los días", relata.
El drama de la falta de farmacéuticos en prisiones (y también de médicos) repercute en los enfermeros. Tanto es así que el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, se comprometió el pasado mes de marzo con el Consejo General de Enfermería (CGE) a modificar el Reglamento Penitenciario de 1981 (Real Decreto 1201/1981, de 8 de mayo) y a actualizar las competencias de las enfermeras de prisiones. El CGE dejó claro que este colectivo profesional se encuentra sufriendo contratos precarios y posibles casos de intrusismo, ya que realizan funciones que no son de su competencia y que pertenecen a otros sanitarios.
Sus funciones se establecen en el artículo 312 del Reglamento, igual que las de los médicos figuran en el 288. Sin embargo, si bien hay artículos que abordan las funciones de un sinfín de profesionales (educadores, capellanes, asistentes sociales, psiquiatras...), los farmacéuticos brillan por su ausencia, al estar englobados en personal laboral (sección decimonovena, artículos 325 al 327).
Al igual que ahora los enfermeros, los farmacéuticos también han intentado cambiar su estatus hablando con la Administración. De hecho, algunos recuerdan cómo hace unos cinco años mantuvieron una reunión con el subdirector general de Recursos Humanos de Instituciones Penitenciarias: "Nos dijo que entendía nuestra situación, que iba a mirar a ver si podíamos percibir alguna de las subidas salariales, pero que, al estar fuera de convenio, no estaba en sus manos. La verdad es que no se nos hizo ni caso. Es más, salió una instrucción para que el resto del personal pudiera recibir una productividad por mejora del servicio (ligado a reducir el absentismo), y nosotros quedamos excluidos. No sabemos de quién depende. Y lo estamos peleando con la ayuda de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH) y de los sindicatos. pero, de momento, no tenemos visos de que vaya a cambiar nada".
Según el último informe de IIPP, un equipo básico de AP en prisiones está formado por un grupo multidisciplinar que incluye médicos, enfermeros, farmacéuticos y auxiliares de enfermería, además de un conjunto de profesionales que amplían los servicios ofrecidos a los usuarios. En concreto, 46 subdirectores médicos o jefes de servicio médico, 225 médicos, 497 enfermeros, subdirectores o supervisores de enfermería y 392 auxiliares de enfermería. Aparte, farmacéuticos, celadores, técnicos especialistas en Radiodiagnóstico (TER) y de laboratorio (TEL) y directores de programa. Hay que sumar el personal de los hospitales psiquiátricos.
Más gasto farmacéutico
En cuanto al gasto farmacéutico centralizado en prisiones, en 2021 fue un 1,53% superior al 2020, pasando de 15.388.387,87 a 15.623.491,05 euros. Este consumo se corresponde con un gasto de 33 euros por interno al mes, un 13,25% superior al año 2020 (29,14 euros).
El mayor consumo, el 55,34% (8.646,618,08 euros), correspondió a antirretrovirales; el 27,08% (4.230.974,79 euros) a neurolépticos atípicos; el 17,03% (2.659.924,53 euros) a fármacos para la hepatitis C, y el 0,55% (85.973,65 euros) a vacunas.
El promedio de pacientes en tratamiento antirretroviral (TAR) ha sido de 3,6% (1.442 internos). La prevalencia de internos con infección por VIH conocida en 2021 ha sido de 3,8%, ligeramente inferior al año anterior. Es de reseñar que en 2021 no se ha notificado ningún nuevo caso de Sida. Sin embargo, tres internos fallecieron mientras se encontraban hospitalizados.
El gasto farmacéutico por recluso en 2021 fue un 13,21% más al mes que en 2020, de 29,14 a 33 euros
Respecto a estos últimos enfermos, el documento de IIPP señala que "el 94,7% de los internos con infección por VIH estaban en tratamiento con antirretrovirales, superando así el objetivo de alcanzar al menos el 90% de personas en tratamiento fijado para el año 2020 por Onusida para controlar la infección y próximos a cumplir el objetivo del 95% fijado para el 2030".
En 2021 se notificaron 24 casos de tuberculosis, siete más que en 2020 y rompiendo la tendencia a la baja observada desde 2014, cuando se notificaron 81.
La prevalencia de internos con infección por VHC (hepatitis C) conocida en 2021 fue del 9,3%, siguiendo la tendencia descendente observada en los últimos años. El 0,9% presentaban carga viral detectable.
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