El Registro Estatal de Profesionales Sanitarios (REPS) es "un instrumento para facilitar la adecuada planificación de las necesidades de profesionales sanitarios del Estado y para coordinar las políticas de recursos humanos en el Sistema Nacional de Salud". Hasta aquí, la teoría, y una teoría que no viene enunciada por boca de cualquiera, sino del propio Ministerio de Sanidad, que la hacía explícita en una orden ministerial (publicada en septiembre de 2017) para desarrollar el real decreto que regula el funcionamiento del REPS. El decreto fue aprobado 3 años antes, en julio de 2014.
Casi nueve años después de que el Ministerio de Sanidad, dirigido entonces por Ana Mato, publicase la norma que regula el funcionamiento del REPS, y más de un lustro después de que la entonces ministra Dolors Montserrat (también del Partido Popular, como Mato) firmase en el año 2017 la resolución para desarrollar esa norma, el registro estatal de profesionales sigue siendo más un proyecto que una realidad efectiva.
Y la norma era meridianamente clara en lo relativo a los plazos de ejecución. En su disposición adicional primera (que regula su puesta en funcionamiento), el decreto de julio de 2014 lo decía clarito: "Los organismos, entidades y corporaciones a que se refiere el artículo 6 deberán comunicar todos los datos a los que estén obligados en el plazo máximo de 9 meses desde la entrada en vigor de la orden". Recibidos todos los datos -y siempre sobre el papel-, el registro estatal de profesionales estaría operativo exactamente doce meses después de la entrada en vigor de la orden.
Traducido a fechas concretas, el plazo máximo de comunicación de datos al REPS por parte de todos "los organismos, entidades y corporaciones obligadas a ello" finalizaba exactamente el 24 de septiembre de 2018, y el registro profesional tenía que estar plenamente operativo el 23 de diciembre de 2018. Casi 53 meses después de ese plazo legalmente establecido, ni lo uno ni lo otro: ni los organismos responsables de hacerlo han remitido a la Administración sanitaria central los datos relativos a sus profesionales sanitarios, ni, consecuentemente, el REPS es todavía la herramienta "clave" de planificación sanitaria que, en teoría, debería ser.
El plazo para que las CCAA enviasen sus datos expiró en septiembre de 2018, y aún no lo han hecho
¿Pero, quiénes son todos esos organismos y entidades que, sobre el papel, deberían haber hecho sus deberes antes del 24 de septiembre de 2018 y que -al menos, parte de ellos- siguen sin hacerlos? El artículo 6 del Real Decreto de 2014 no deja lugar a dudas, y la nómina de los implicados es exhaustiva: todos los ministerios con profesionales sanitarios incluidos en sus registros de personal; las consejerías de Sanidad de las 17 comunidades autónomas y de Ceuta y Melilla, además de "los organismos públicos vinculados o dependientes de ellas"; las administraciones locales, los colegios sanitarios profesionales y consejos colegiales autonómicos, los centros sanitarios privados, las entidades de seguro, las mutuas, los servicios de prevención y, finalmente, los juzgados y tribunales, "respecto a los datos necesarios que contengan las sentencias de inhabilitación o suspensión para el ejercicio profesional".
Aunque la nómina de los implicados es, pues, prolija, el principal agujero en lo que se refiere a la recopilación de todos los datos necesarios proviene de las administraciones sanitarias autonómicas, a tenor de la lectura que hace el propio Ministerio de Sanidad. El pasado mes de octubre, el departamento que dirigía entonces Carolina Darias puso a disposición de la ciudadanía los datos públicos (sólos los públicos) de los profesionales inscritos hasta esa fecha en el REPS.
Hace exactamente ocho meses el registro estatal recogía los datos de 385.555 profesionales sanitarios, y el Ministerio de Sanidad aseguraba en un comunicado que estos datos se irían "enriqueciendo a medida que todas las comunidades y ciudades autónomas envíen su información". Si se toma como referencia la última estadística de profesionales sanitarios colegiados en España del Instituto Nacional de Estadística (que data del año 2021), el número total asciende a 923.207.
En octubre, Sanidad abrió a los ciudadanos los datos públicos del REPS, pero faltan más de la mitad
En definitiva, 53 meses después de que expirase el generoso plazo que la Administración central había dado a todos los organismos implicados para remitir el cien por cien de sus datos, el REPS sólo contiene los relativos al 41,76% de los sanitarios colegiados en España (médicos, enfermeros, farmacéuticos y fisioterapeutas, pero también dentistas, psicólogos clínicos, veterinarios, ópticos-optometristas, logopedas, podólogos, protésicos y terapeutas ocupacionales, así como los biólogos, químicos y físicos con especialidades sanitarias). Y la demora es achacable, según Sanidad, a comunidades y ciudades autónomas, aunque no especificó entonces -y sigue sin hacerlo hoy- cuáles son las más rezagadas y en qué medida.
Porque la ley, por cierto, también lo deja claro: "La obligación de remitir estos datos recae sobre los organismos, entidades y corporaciones obligados" y no sobre el profesional sanitario en cuestión, quien, no obstante, "podrá comunicar directamente los datos para que se proceda a su incorporación en el registro".
¿Por qué es tan importante el REPS?
¿Pero, para qué sirve el registro y por qué es tan importante? ¿Por qué no sirve de nada si está cojo? ¿Por qué los profesionales sanitarios que forman parte de él llevan años desgañitándose en vano a través de las organizaciones y sociedades que les representan para que se complete el REPS y esté verdaderamente operativo?
El Registro Estatal de Profesionales Sanitarios, una herramienta que se gestó en 2012 (dos años antes de la publicación del decreto que regula su funcionamiento), recoge dos tipos de datos: públicos o de libre acceso a la ciudadanía y datos "no públicos". Entre los primeros, se incluyen el nombre y apellidos del profesional; su titulación, especialidad, lugar de ejercicio, categoría y función, además de los diplomas (de capacitación específica, de acreditación y de acreditación avanzada) -si los tuviera- y "las fechas de obtención y revalidación de cada uno de ellos". Quedan excluidos de esta exposición pública de datos los profesionales sanitarios que trabajan para los ministerios de Defensa, Interior y Justicia, "así como de otras entidades u organismos cuando se pueda poner en riesgo su seguridad pública o personal".
Desde el pasado mes de octubre, y mediante un sencillo mecanismo de búsqueda en la web del REPS, todos los españoles pueden acceder a los datos públicos de un profesional en concreto. Basta con introducir su nombre, apellido y la provincia en la que ejerce... si su comunidad ha remitido los datos al registro, claro.
La obligación de remitir los datos recae sobre las instituciones, no sobre el profesional en cuestión
El Ministerio de Sanidad ha dado así cumplimiento a una parte de los objetivos del registro estatal: garantizar el "libre acceso" de todos los ciudadanos españoles a los datos del profesional que vaya a atenderles. Ahora bien, de momento, sólo ha cumplido en parte: hay un 58,24% de los profesionales sanitarios que ejercen en España que siguen, hoy por hoy, fuera del radar del REPS.
A los datos de acceso público, se suman todos aquellos que sólo son visibles para los organismos, entidades y corporaciones que los hayan suministrado al registro profesional, y entre los que se incluyen la situación y categoría profesional del sanitario en cuestión, sus funciones, la cobertura de responsabilidad de la que dispone y si ha sido suspendido o inhabilitado en alguna ocasión por la entidad en la que ejerce, por su colegio y/o consejo profesional o por un juzgado o tribunal.
Además de las entidades que los suministran, también pueden acceder a los datos "no públicos" las administraciones sanitarias encargadas de dos tareas capitales para el sistema sanitario, y que especifica el artículo 2 del propio decreto de 2014: "Facilitar la adecuada planificación de las necesidades de profesionales sanitarios y coordinar las políticas de recursos humanos en el ámbito del Sistema Nacional de Salud (SNS)". Es decir, el Ministerio de Sanidad y las autonomías (incluidas las que no acaban de mandar sus datos) son las que tienen acceso ilimitado al REPS.
En definitiva, y aquí viene la respuesta a las preguntas que se planteaban más arriba, el registro estatal es importante porque permite que administraciones y ciudadanos tengan control sobre la competencia, titulación y habilitación de los sanitarios en ejercicio, pero también porque es una herramienta clave de planificación de personal en el SNS. Entre otras cosas, los estudios de Oferta y necesidad de médicos especialistas en España que ha publicado el Ministerio de Sanidad (cinco, hasta la fecha, el último para el periodo 2021-2035) se basarían en los datos recogidos en el REPS, que, en teoría, deberían estar permanentemente actualizados.
Las reiteradas denuncias que sociedades científicas, colegios sanitarios y consejos colegiales autonómicos, sindicatos, asociaciones y organizaciones profesionales vienen formulando desde hace años sobre la falta de planificación -a medio y largo plazo- en el SNS y sobre los problemas de coordinación en materia de recursos humanos entre el ministerio y las comunidades, por un lado, y entre los propios servicios de salud, por otro, tienen una base común: la ausencia de un registro estatal de profesionales sanitarios completo, fiable, verificable y actualizado.
Pero esto, ¿cómo se reparte?
El último ejemplo (pero no el más significativo) de las muletas que tiene que usar a menudo el SNS ante la ausencia de ese REPS ideal (ni más ni menos que el que prevé el decreto que regula su funcionamiento) lo ha dado el reparto de los fondos europeos destinados a la formación continuada de los profesionales sanitarios.
Como ya ocurriera en los ejercicios de 2021 y 2022, el Pleno del Consejo Interterritorial del SNS celebrado el pasado mes de marzo acordó que el dinero que recibirá cada comunidad autónoma para formar a sus profesionales en 2023 dependerá del volumen total de población de cada territorio, y no de la cantidad de sanitarios colegiados en cada servicio de salud, como sería más lógico. La razón: el Ministerio de Sanidad no sabe exactamente cuántos profesionales hay en cada comunidad, y no lo sabe porque las autonomías no se lo dicen.
A falta de datos en el REPS, los fondos para formación se reparten según la población de cada CCAA
Y la inversión global que viene allende nuestras fronteras para financiar proyectos de formación sanitaria no es baladí. El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de Pedro Sánchez -que canaliza los fondos europeos destinados a atajar la crisis derivada de la pandemia- contempla una dotación total de diez millones de euros para formación sanitaria continuada, que la Administración ha distribuido a los servicios de salud entre 2021 y 2023, a razón de 3 millones de euros el primer año y sendas partidas de 3,5 millones en 2022 y 2023.
Los tres millones y medio que las comunidades tendrán en sus manos en 2023 deben ir íntegramente destinados a formar a, al menos, 30.000 sanitarios, hasta completar 120.000 créditos de formación, y el desarrollo y ejecución de todas las actividades programadas debe finalizar antes del próximo 31 de diciembre. En 2022 y 2021 se formó, respectivamente a 33.000 y 27.000 sanitarios, hasta completar los 90.000 (y 360.000 créditos totales) previstos en los tres años de duración del programa.
El criterio aprobado por el Consejo Interterritorial para el reparto de las ayudas europeas ha sido el mismo en los tres años: una cantidad fija e idéntica para todas las comunidades autónomas y otra parte variable, distribuida con arreglo al criterio poblacional. De los 3,5 millones que se repartirán en el ejercicio de 2023, un millón se ha distribuido de forma lineal entre las 17 autonomías (58.823,53 euros para cada servicio de salud) y los 2,5 millones restantes (el 71,42 % de los fondos) varían en virtud de la población censada en cada padrón municipal a 1 de enero de 2022.
El Foro de la Profesión lleva años reclamando en vano que el registro esté plenamente operativo
De resultas de ese reparto, Andalucía (523.534,57 euros), Cataluña (464.982,61 euros) y la Comunidad de Madrid (416.861,50) son, por este orden, las autonomías más beneficiadas por la lluvia de millones que la Unión Europea destina a la formación sanitaria continuada, como también lo fueron en 2022 y 2021. En el otro extremo, los gobiernos autonómicos de Navarra (74.949,45 euros), la Rioja (75.532,60 euros) y Cantabria (92.749,68 euros) son los que menos ayudas reciben de la Administración central (vía Europa) para la formación de sus respectivos sanitarios. Ceuta y Melilla no dispondrán de fondos en 2023, al no haber cumplimentado el cien por cien de los objetivos de formación fijados para el ejercicio precedente.
La arbitrariedad de este criterio fue puesta de manifiesto por los representantes autonómicos de varios servicios de salud durante la última reunión del Consejo Interterritorial. Paradójicamente, las mismas comunidades que se muestran tan remisas a la hora de remitir sus datos al REPS son las que reclaman luego al ministerio que la distribución de los fondos europeos no se haga con arreglo al volumen total de población, sino en función de número de sanitarios colegiados en cada comunidad o cuidad autónoma. La respuesta ministerial cae casi por su propio peso: si ustedes, comunidades autónomas, no me dicen cuántos profesionales hay en sus respectivas plantillas sanitarias, mal se podrán repartir los fondos con arreglo a ese criterio.
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