El Ministerio del Interior ha decidido tirar la casa por la ventana. Ante la acuciante falta de médicos que padecen las instituciones penitenciarias y el escaso éxito de las convocatorias de empleo previas, el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska ha lanzado la mayor oferta de empleo público de los últimos años para médicos: 80 plazas para el Cuerpo Facultativo de Sanidad Penitenciaria, de las que 70 irán destinadas a especialistas en Medicina de Familia y las 10 restantes a la especialidad de Psiquiatría. Esta oferta se enmarca en una convocatoria general de plazas para el ámbito penitenciario que supone la mayor oferta de empleo público de los últimos años, al sumar los puestos de 2021 y 2022. El grueso de las plazas de esta macrooferta (1.850) serán para el Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias.
Hasta aquí, la oferta que lanza el Ministerio de Interior. Pero esa oferta no es más que un desiderátum y, dados los antecedentes, parece harto complicado que esas 80 plazas se cubran, por el volumen de la oferta y por el porcentaje de vacantes que han dejado convocatorias previas mucho menos generosas que la de este año.
España tiene hoy un médico penitenciario para cada 220 reclusos
En 2017, Instituciones Penitenciarias puso sobre la mesa una oferta pública de empleo de 17 plazas; en 2018, la limitó a 15 plazas para interinos, de las que solo se ocuparon dos; en 2019, ante los déficits acumulados y el progresivo envejecimiento de la plantilla médica, Interior elevó la oferta a 35 plazas, pero solo 17 aspirantes cursaron la solicitud para optar a ellas. Pese al fracaso de todas las convocatorias, en 2020, el desesperado intento de Interior por suplir el déficit de facultativos en el ámbito penitenciario se tradujo en una oferta de 40 plazas (35 para médicos de Familia o internistas y 5 para especialistas en Psiquiatría). La oferta conjunta de 2021 y 2022 duplica ahora esas 40 plazas, pero las perspectivas de cubrirlas no son muy halagüeñas.
Entre el desiderátum que trasluce Interior con esa ambiciosísima oferta pública de empleo y la cruda realidad media la terquedad de los datos: la situación real es que las vacantes no se cubren, hasta el punto de que se han convertido en estructurales, y que las convocatorias para médicos interinos apenas alcanza el 1,5% de los puestos necesarios, quedándose también, en muchos casos, desiertas.
Según los datos de los sindicatos de este ámbito y de la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria (SESP), actualmente solo hay en España 216 facultativos para los más de 48.000 internos censados en las cárceles del país, lo que se traduce en una media aproximada de un médico para cada 220 presos. Según la propia Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de las Administraciones Públicas, faltan exactamente 300 facultativos (subdirector médico, jefes de servicio, médicos y médicos especialistas) para cubrir la totalidad de las plazas vacantes, pero la sección de Prisiones de CESM estima que harían falta unos 500 médicos para dar una asistencia adecuada.
Esas 300 vacantes que admite la propia Administración en las plantillas de los centros penitenciarios dependientes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias representan nada menos que el 58,25% del total de facultativos penitenciarios, pero es que si los datos se comparan con los que había exactamente hace un año, en junio de 2021, el déficit ha aumentado en casi 10 puntos porcentuales.
Previa a la oferta de empleo que hoy se publica en el BOE, Interior sacó a concurso el pasado 15 de junio 4 plazas para médicos interinos para los centros penitenciarios de Valencia (2 plazas), Burgos y Topas (Salamanca), donde se ofertaban sendas vacantes. La convocatoria de junio especificaba que esos empleos tendrían una vigencia máxima de seis meses y que la oferta estaba destinada a centros que afrontan situaciones "de exceso" o que tienen una "gran acumulación de tareas". Sindicatos y sociedad científica coinciden en que esa es la situación de la mayoría de los centros.
¿Por qué huyen los médicos de las ofertas laborales del ámbito penitenciario? ¿Por qué una macrooferta de 80 plazas fijas a la que, previsiblemente, optarán pocos candidatos no resulta atractiva para un médico de Familia? La respuesta parece obvia: por las condiciones laborales y económicas de quienes ejercen en este sector.
El Gobierno admite 300 vacantes y el déficit de médicos ha subido un 10% en un año
Según los datos de la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (Acaip), sindicato mayoritario en el sector y afiliado a Unión General de Trabajadores (UGT), y del sindicato de funcionarios CSIF, la edad media del 45% de los profesionales que ejerce actualmente en el ámbito penitenciario es de 54 años, y supera ya los 55 en los centros carcelarios con la población laboral más envejecida del país, como en León, Vilabona (Principado de Asturias) y la propia cárcel de Topas, a la que iba destinada una de las plazas de la convocatoria extraordinaria de junio.
El pasado mes de mayo, sin ir más lejos, Acaip-UGT denunciaba que la plantilla médica de la macrocárcel de la provincia de Huelva (con una población reclusa de 1.100 personas), formada por una subdirectora médica y un facultativo, se quedaba sin este último. Según la RPT, este centro debería tener 8 colegiados.
El pasado 1 de julio Acaip-UGT presentó una denuncia ante el Defensor del Pueblo por la implantación de un proyecto piloto en las prisiones españolas de guardias médicas telefónicas. En la denuncia, el sindicato argumenta que hurtar la asistencia médica presencial a los reclusos, además de vulnerar sus derechos, es síntoma de "un problema estructural y más profundo", que se traduce en la "alarmante ausencia de facultativos en los centros en una espiral creciente y muy rápida".
En la misma línea, CESM Prisiones asegura que el 90% de los 216 facultativos que se reparten hoy por las cárceles de todas las comunidades tiene ya más de 50 años, y que el 35% de ellos "está en condiciones de pedir la jubilación en cualquier momento, al tener ya 60 años y haber cotizado los años necesarios".
19 años después de expirar el mandato legal, sólo 3 CCAA tienen las competencias
Las convocatorias de sanidad penitenciaria van dirigidas fundamentalmente a médicos de Familia y especialistas en Medicina Interna (aparte de las convocatorias específicas para Psiquiatría), pero sindicatos y sociedades científicas coinciden en que las condiciones retributivas de los facultativos de prisiones distan mucho de las que tienen sus colegas de estas especialidades en otros destinos. SESP estima que las diferencias se dan tanto en las retribuciones básicas (que pueden variar en unos 1.000 euros), el precio de la hora de guardia y, sobre todo, el complemento de carrera profesional, que, en el caso de prisiones, es igual a cero, al no estar reconocida la carrera. CESM Prisiones cifra en unos 20.000 euros netos anuales menos lo que cobran los médicos penitenciarios con respecto a sus colegas de primaria.
El acuciante déficit de médicos penitenciarios y el escaso o nulo éxito de las sucesivas convocatorias de empleo del Ministerio de Interior ha hecho que las administraciones opten, cada vez más, por contratar servicios privados de asistencia sanitaria y/o recurrir a profesionales autónomos. En los últimos meses, varias instituciones penitenciarias han licitado sendos concursos para la contratación de empresas privadas que se encarguen de prestar la asistencia primaria a sus presos.
La ley, a la 'torera'
La petición fundamental de los facultativos penitenciarios y de las organizaciones que los representan es que el Gobierno central cumpla con lo que establece la disposición adicional sexta de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, que fijaba un plazo exacto de 18 meses para que se hiciera efectiva la "transferencia a las comunidades de los servicios e instituciones sanitarias dependientes de Instituciones Penitenciarias". Y eso incluye, claro, la asunción de la prestación sanitaria a la población reclusa en esas prisiones.
Casi dos décadas después de ese mandato legal, esa transferencia solo se ha materializado en tres comunidades: País Vasco, donde los sanitarios de prisiones dependen del Servicio de Salud-Osakidetza (SVS-O) desde 2011; Cataluña, donde el Instituto Catalán de la Salud asumió las competencias en 2014, y Navarra, que asumió la responsabilidad en 2021. El resto de las autonomías eluden la patata caliente.
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