El alud de reclamaciones al proceso de estabilización del empleo en la Administración Pública, que auguran los responsables sanitarios, ha comenzado. El primer cuestionamiento judicial va contra la línea de flotación que sostiene todo el procedimiento, esto es, contra la Ley 20/21 de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, y la jurisprudencia del Tribunal Supremo.
El juzgado de lo Contencioso número 17 de Barcelona ha elevado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) una cuestión prejudicial donde cuestiona que la Ley 20/21 cumpla con la Directiva Comunitaria 1999/70, que persigue luchar y acabar con la precariedad en el empleo tanto en el sector público como en el privado, y con las sentencias del TJUE que han reprochado a España ese "abuso de la temporalidad" en el sector público.
Además, el mismo juzgado en su pregunta a la justicia europea rechaza la interpretación que ha hecho el Tribunal Supremo español de ese mandato europeo. En definitiva, el juez de Barcelona considera que hay dudas suficientes sobre la legalidad de los mimbres que sostienen el proceso de estabilización de empleo en el sector público y que, solo en el ámbito sanitario, afectaría a más de 67.300 profesionales, según la cifra que dio el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Si bien los datos de UGT, obtenidos por el recuento de las comunidades, elevan a 85.827 las sanitarios afectados, de los que 62.924 deberán presentarse al concurso de méritos y 22.903 al concurso oposición.
Pero, como es bien sabido, la justicia no actúa de ocio en estos casos y necesita un recurso que sea el detonante de este cuestionamiento. El abogado Javier Arauz es el que ha encendido la mecha, en su defensa de dos funcionarias de la Generalitat de Cataluña, con varias décadas acumulando contratos de interinidad. Arauz defiende que la Directiva Comunitaria 1999/70 obliga a la Administración a hacer a sus clientas fijas de manera directa sin someterlas a ningún proceso de selección y, el juzgado de Barcelona, admite también esa interpretación, en contra lo que fija la Ley 20/21.
"La Directiva Comunitaria de estabilización del empleo recoge la sanción a las administraciones y empleados privados que han abusado de la temporalidad en la contratación. En la Ley 20/21 no se recoge esa sanción, al revés, se está premiando a los infractores. Se les está dando una solución que no tiene contenido sancionador ni compensatorio para las víctimas", apunta el abogado.
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