En plena antesala del debate sobre el estado de la nación, y mientras el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, subía hoy a la tribuna del Congreso para su primera intervención en la cita parlamentaria más importante del año, el malestar sindical cobraba cuerpo con sendos anuncios de movilizaciones y concentraciones de los tres sindicatos con más peso en la Administración pública: CCOO, UGT y CSIF. Los mismos, por cierto, que firmaron con el Gobierno de Sánchez la Ley 20/21, tendente a reducir la alta tasa de temporalidad de los empleados públicos.
A la concentración de protesta frente al Congreso de los Diputados que CCOO ha convocado para el jueves, en plena clausura del debate sobre el estado de la nación, se han sumado hoy sendos anuncios de posibles huelgas para septiembre por parte de UGT y CSIF y la presentación de un triple catálogo de reivindicaciones que, en esencia, coincide en sus líneas básicas. Y es que la lucha contra la temporalidad laboral está muy bien -coinciden los sindicatos de clase-, pero es solo el primer paso: el segundo y el tercero son, sucesivamente, recuperar el poder adquisitivo perdido en los últimos años y mejorar las condiciones de trabajo de los empleados públicos, sobre todo en dos sectores especialmente castigados: educación y sanidad.
Como primer paso, y en vísperas de las tres jornadas del debate parlamentario, que se celebrarán hasta el jueves, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha remitido a todos los grupos parlamentarios una batería de mejoras laborales y retributivas para los empleados de la Administración pública, y ha emplazado a los representantes políticos a que las defiendan durante sus intervenciones.
En concreto, el sindicato presidido por Miguel Borra ha pedido a los grupos parlamentarios que incluyan en sus propuestas de resolución (las peticiones que se votarán este mismo jueves, al concluir el debate sobre el estado de la nación) una mejora salarial para los trabajadores públicos acorde a la inflación de este año, y que se fije un calendario concreto de negociación para la recuperación del poder adquisitivo perdido desde el año 2010 "en un plazo razonable de tiempo".
Entre la batería de propuestas, CSIF habla, además, expresamente de la preocupación del sindicato por "el progresivo deterioro de los servicios públicos en ámbitos fundamentales del Estado del Bienestar, como la sanidad o la educación". El sindicato de funcionarios achaca ese deterioro a la recurrente falta de inversión y a la escasez de plantillas y de medios materiales, y reclama a todos los grupos parlamentarios que haya un consenso para el refuerzo de las plantillas docentes y sanitarias del SNS, y que se ponga fin a la tasa de reposición de los empleados públicos.
En el marco de esa mejora que plantea CSIF, recuperar los "niveles de calidad" del SNS es, según el sindicato, una piedra angular. De ahí que el documento remitido a los grupos parlamentarios insista en la necesidad de elaborar un plan estratégico a 5-10 años para el sistema sanitario público, "que nos sitúe en la media europea" y permita abordar el déficit inversor y de plantilla de la sanidad pública. Según los datos que maneja CSIF, las diferencias con los países de la Unión Europea (UE) arrojan hoy un déficit para España de 289.235 profesionales sanitarios.
UGT Servicios Públicos aprovecha también que el foco mediático estará concentrado durante los próximos tres días sobre el Congreso de los Diputados para recordarle al Gobierno de Pedro Sánchez la "imperiosa necesidad" de convocar la Mesa General de Negociación de Función Pública. Aunque el sindicato ha podido hacer llegar al Ministerio de Sanidad, a través de su secretaria de Salud, Ana María Francés, sus propuestas de salario, jornada y carrera profesional, "entre otras cuestiones que podrían llegar a formar parte de un acuerdo", el sindicato insiste en que es "fundamental y urgente" iniciar una negociación en el seno de la Mesa General.
UGT y CSIF dan de plazo hasta septiembre para iniciar un proceso negociador
UGT recuerda que desde el mes de julio de 2021, hace ahora exactamente un año, cuando se firmó el último acuerdo entre el Ejecutivo de Sánchez y los sindicatos, ambas partes acordaron el inicio de un proceso de negociación tendente a firmar un nuevo Acuerdo Marco "para paliar las deficiencias en recursos humanos de la Administración pública y la recuperación de los derechos arrebatados a los empleados públicos desde 2010". UGT enfatiza que en el actual contexto de crisis, "con un comportamiento desbocado del IPC, "urge más que nunca un nuevo acuerdo que contenga un pacto salarial plurianual e impida mayor pérdida de poder adquisitivo".
Ambos sindicatos, CSIF y UGT, dan al Gobierno de plazo hasta el mes de septiembre para el inicio de un proceso negociador. En caso contrario, las directivas de ambas centrales anuncian el inicio de movilizaciones a nivel nacional, que vendrían a reproducir las concentraciones y protestas que, a nivel autonómico, se vienen sucediendo tanto en los sectores sanitario como educativo.
CCOO pasa a la ofensiva
Como anticipo de ese posible conflicto, CCOO ha decidido pasar a la ofensiva de manera inmediata y visibilizar el malestar de los empleados públicos con una concentración de protesta que se celebrará este mismo jueves ante la puerta del Congreso, de 13 a 15 horas, coincidiendo con el cierre del debate.
Humberto Muñoz, secretario general de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO, denuncia "la falta contumaz de diálogo con el Gobierno de España en materia de negociación colectiva en los sectores públicos". La voz sanitaria del sindicato recuerda que CCOO lleva más de un año de peticiones y movilizaciones de baja intensidad para reclamar al Ejecutivo que convoque la Mesa General de la Función Pública y que, "pese al compromiso explícito de convocarla que nos dio en mayo la secretaria de Estado de Función Pública, la reunión aún no se ha producido".
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