La ley orgánica se ha tramitado en un tiempo récord para lo que nos tienen acostumbrados nuestros parlamentarios. Con un intenso debate político y una cuestión meridianamente clara: la imprescindible implicación de los profesionales sanitarios en la aplicación de la eutanasia -que es presentada como un nuevo derecho-. Sin médicos o enfermeros -en plural- con voluntad de llevar a cabo esta nueva asistencia, que se recogerá en la cartera de servicios, hay poco que hacer.
Esa fue la realidad desde el comienzo de la tramitación de esta ley, defendida por el PSOE, que fue más allá de una simple despenalización de la eutanasia, detallando todo un procedimiento para solicitar y llevar a cabo la muerte de un paciente que, de partida, ya tiene que cumplir una serie de requisitos.
En definitiva, la directa interpelación de la ley a las profesiones sanitarias nos ha llevado, como medio especializado en salud, a escuchar las voces de los sanitarios y de sus órganos de representación profesional. Con este objetivo hace una año propusimos un debate sobre esta cuestión, intentando explicar cómo se había llegado a tener una propuesta de ley de eutanasia en el Congreso.
Mientras el Congreso de los Diputados afronta la última votación de esta regulación, nos ha parecido apropiado recordar ese reportaje, que se gestó un mes y medio antes de la declaración de la pandemia.
Un salto a enero de 2020, prepandemia
Es un tema de la sociedad, no de la profesión médica. Esta ha sido la respuesta más utilizada por los representantes de la profesión cuando se les ha preguntado por la eutanasia. Su batalla era y es otra: una ley nacional de cuidados paliativos. Así, cuando se les obligaba a tomar partido, ofrecían un contundente rechazo. “El 70% de los médicos estarían en contra de la eutanasia”, dato que dio Serafín Romero, presidente de la Organización Médica Colegial (OMC) en unas declaraciones a Diario Médico en octubre de 2018. El porcentaje surge de una encuesta que hizo la OMC en 2010 entre los colegiados.
Fuera del debate, Boceta da una visión muy distinta y cuestiona la representatividad de estos porcentajes. “Da la impresión de que contestan muchos médicos de especialidades que no ven pacientes con enfermedades avanzadas y terminales [...] cuya opinión podría considerarse similar a la de la población general [...] A medida que los profesionales tienen más contacto en su especialidad con el manejo del sufrimiento al final de la vida, menos proclives son a regular la eutanasia”.
En los detalles de la encuesta que ha realizado el Icomem, de los 1.044 médicos de la muestra, dos eran geriatras frente a los 10 especialistas en Medicina Física y Rehabilitación.
¿Quién lo hace? Los que reconocen ser partidarios de regularla, ¿estarían dispuestos a hacerla? En Madrid, el 25% de los encuestados reconocen que solicitarían la objeción de conciencia “con toda seguridad” y un 13% cree que pediría objetar, “pero no está totalmente seguro”. Estos porcentajes en Vizcaya son del 19% y el 9%; en Tarragona, del 15% y el 16%, y en Las Palmas de Gran Canaria se declaran objetores con toda seguridad el 21% y con dudas el 7%.
El presidente de la Central de Deontología pone en evidencia que “es compatible ser objetor y pedir que se regule la eutanasia”. Y advierte del reto que tiene la futura norma y su puesta en marcha: “Hay que hacer compatibles las posiciones de la profesión a objetar y defender la vida con el derecho de los pacientes y su autonomía. Esa cuestión hay que resolverla con sentido común, porque una cosa es defender la vida, cuando hay vida, y otra cuando hay más sufrimiento que vida. Aunque el que lo quiera mezclar, lo va a hacer... En todo caso, es importante que todo el mundo tenga claro el derecho de los pacientes cuando él es objetor”.
Respetar el derecho del enfermo a solicitar la eutanasia en las circunstancias que establezca la posible y futura ley es algo que no debe peligrar por el derecho del médico a ser objetor. En esa idea coinciden el representante de los estudiantes de Medicina y el miembro de DMD. Pujol de Castro dice: “La objeción es un derecho innegable del médico, pero eso no le permite abandonar al paciente. Debe acompañarle hacia otros facultativos que sí puedan atender a su deseo”.
También apunta un gran hueco en la formación de los futuros profesionales: “En un proceso terminal sentimos que tenemos carencias de formación incluso para el manejo de nuestras propias emociones”. Barra añade que “la objeción de conciencia no se puede convertir en un derecho de boicot” y, con la actual Ley del Aborto en mente, añade que si las encuestas sitúan en torno al 30% el número potencial de objetores, “no hay peligro de que en el otro 70% no vaya a haber suficientes médicos para poder atender a la demanda de esta práctica en cualquier comunidad”.
En definitiva, en la objeción de conciencia se encuentra el punto de conciliación de las distintas posturas sobre la eutanasia que alberga la profesión médica y que los representantes de instituciones como la OMC o los colegios profesionales tienen que conciliar. Sendín quiso destacar este punto, al insistir en que “la única manera de que se hagan las cosas bien, sin trampas por un lado y sin trampas por el otro, y que no se especule con la industria de la muerte, es respetando la voluntad de los profesionales”. Así, concluye que “la objeción de conciencia debe regularse bien, para que nos ayude a convivir y respetar la voluntad del enfermo”. En este sentido, Barra detalla que la intención es “crear un registro de médicos objetores” y recuerda que “no valdrá la objeción de conciencia colectiva, pues la objeción de conciencia es individual”.
Registro de objetores
Sobre ese posible registro de objetores -que ya fue muy discutido con la ley del aborto-, el pasado 18 de febrero, Serafín Romero, presidente de la OMC, manifestó su rechazo a que este listado sea público y da otra opción: “Depositar la objeción de conciencia en los colegios de médicos sirve de garantía para que nadie pueda obligar a un médico a realizar este acto, así como para que no haya objeciones de ida y vuelta, de mañana y tarde”, dijo Romero.
Otra garantía de buena praxis es que “se haga en el sistema público”, afirmó Sendín en el encuentro. A lo que Barra apostilló que la futura ley “obligará tanto a centros privados como a públicos y será la Administración Pública quien tenga la obligación de controlar si en alguna institución a algún paciente se le niega este derecho”. Y Sendín aclara: “Debe garantizarse que se haga en el sistema público, no porque no se pueda hacer en el privado... Pero no puede ser que el motivo de la objeción sea una excusa para excluir esta práctica del sistema público”.
"Hay que hacer las cosas bien para que no se especule con la industria de la muerte”, apunta Rodríguez Sendín
Boceta también planteó la posibilidad de que esta práctica terminara derivándose a la sanidad privada por sistema y advirtió de que “la idea de crear clínicas de eutanasia me parece que reforzaría la tendencia a no mirar a la realidad cada vez mayor de personas con enfermedades avanzadas y terminales”. Y añade la siguiente reflexión: “Podríamos seguir obstinándonos en aplicar tecnologías y tratamientos que intenten retrasar finales cercanos inevitables, en vez de ayudar a afrontar esos finales y, después, dejarlos en manos de esas clínicas, mirar para otro lado y seguir haciendo lo mismo”.
En definitiva, Boceta pone en evidencia que regulando la eutanasia no se solucionan las carencias que existen en la atención del paciente crónico o terminal. “¿Qué estamos haciendo con la atención del enfermo al final de la vida?”, se pregunta Sendín, para admitir que “de forma pareja a la despenalización hay otras cuestiones sobre las que legislar y a las que dotar de presupuesto. Por ejemplo, controlar el empecinamiento terapéutico, que no solo supone más coste al sistema, sino que, sobre todo, genera sufrimiento”.
"Los médicos en contacto con el sufrimiento son menos partidarios de la ley”, señala Julio Boceta
En este punto del debate es cuando los cuidados paliativos y la eutanasia se encuentran de manera más clara. Hay un temor poco verbalizado entre los paliativistas y es que con la regulación de la eutanasia se deje de ver como necesaria una ley nacional de paliativos y, por tanto, la inversión en equipos y profesionales médicos para que esta atención a terminales llegue a todos los pacientes. Puede que esta idea estuviera detrás de la intervención en el Congreso de los Diputados de José Ignacio Echániz, portavoz del Partido Popular, cuando el pasado 11 de febrero, dijo que con la despenalización “hay un intento claro de evitar costes del Estado del Bienestar”.
Los convocados al debate negaron la mayor (sin conocer todavía, porque no se había producido, la polémica intervención de Echániz). “Los médicos que hemos defendido con más vehemencia la regulación de la eutanasia no estamos en contra de los paliativos”, apunta el miembro de DMD, y añade que “está por ver que teniendo un buen sistema de paliativos se pueda disminuir o aumentar el número de casos de eutanasia, porque son dos cosas diferentes”.
"En un proceso terminal tenemos carencias para manejar nuestras emociones”, según Antonio Pujol de Castro
Distingue: “Los paliativos es una prestación a la que tienen derecho todos los ciudadanos y la eutanasia es un nuevo derecho subjetivo de la persona y la ejerce quien quiere, dentro de los supuestos que contempla la ley”. Sendín y Barra afirman que la sedación paliativa, que está indicada para eliminar el dolor en determinados supuestos y es una buena praxis médica, no se está practicando. Es decir: hay enfermos que siguen muriendo con dolor.
La pregunta de fondo. ¿Cuál cree que es la razón más importante que lleva a una persona enferma a pedir terminar con su vida? Sentir un dolor físico insoportable fue la respuesta del 38% de los médicos de Madrid, del 18% de los de Tarragona, del 29,3% de los profesionales de Vizcaya y del 17% de los canarios. Mientras “perder la autonomía física completa y la libertad como persona” fue apuntada por el 32% de los encuestados en Madrid, el 48,4% de los médicos de Vizcaya, el 63% en Tarragona y el 61% de los médicos de Las Palmas.
"La objeción de conciencia no puede ser un boicot al derecho del paciente”, opina Carlos Barra
Ante este panorama, Boceta asegura que “en España, por término medio, mueren más de 100 enfermos cada día con la ayuda a la dependencia ya concedida, pero aún no otorgada”. ¿Y sin cuidados paliativos? 70.000 u 80.000 personas al año, son las cifras oficiales. El paliativista reta: “Paradójicamente, una ley que se crea para aumentar la libertad de unos pocos podría convertirse en un instrumento de coacción social para muchos, los más desfavorecidos”. Ahondando en esta idea, el representante de la OMC y el de CEEM coincidieron en que con la eutanasia no se responde a la demanda de los enfermos en fase terminal, y que es necesario desarrollar y dotar paliativos y dependencia. La eutanasia no termina con todo.
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