El Consejo de Ministros ha acordado este martes interponer un recurso de inconstitucionalidad contra el apartado 5 de Ley 8/2021 gallega, que modificaba la ley de salud autonómica e introducía entre otras medidas la vacunación obligatoria contra la covid so pena de altas sanciones económicas a quien se negase.
Según ha detallado la portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, esta polémica ley autonómica aprobada hace apenas un mes establecía “medidas preventivas para proteger la salud pública entre las que se introducen restricciones y limitaciones a los derechos fundamentales de los ciudadanos. Por ejemplo, se contemplan medidas de control sobre personas enfermas que incluyen el aislamiento en el domicilio o internamiento en centros hospitalarios. Además, esta ley obliga a la ciudadanía a someterse a determinadas medidas de prevención de la enfermedad como por ejemplo la vacunación obligatoria”.
Según Montero, la ley gallega que ha decidido impugnar el Gobierno central “reproduce los artículos segundo y tercero de la Ley orgánica 3/1986 de medidas especiales en materia de salud pública pero, sin embargo, los derechos fundamentales sólo se pueden regular por una ley orgánica y por lo tanto sólo puede ser dictada por el legislador estatal, una cuestión en la que llevamos insistiendo desde el inicio de la pandemia”.
Así, el recurso estatal contra la polémica ley gallega se basará en que “sólo es posible a través de legislación estatal [y no la autonómica] restringir las libertades o derechos fundamentales, situación que queda absolutamente avalada por los diferentes informes que han tenido que ser recogidos para tomar esta decisión de recurso”, ha dicho Montero en relación al informe del Consejo de Estado que se solicitó hace semanas para valorar la interposición del recurso de inconstitucionalidad.
La norma gallega había sido ya cuestionada por bioéticos y profesionales de la salud pública tanto por sus consideraciones legales como por la falta de necesidad en este momento de la obligación de vacunación en un contexto general de aceptación de las vacunas entre la población.
El Gobierno tendrá hasta el próximo 26 de mayo para hacer realidad la presentación del recurso y una vez éste llegue al Constitucional la norma quedaría paralizada cautelarmente a la espera de una resolución que no puede tardar más de 5 meses desde la presentación del recurso.
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