Apenas unas horas después de que el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, anunciase la adopción de medidas drásticas ante la situación de la pandemia en la comunidad, el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) publicó el pasado domingo una orden sobre reordenación de recursos humanos sanitarios que ha concitado el rechazo unánime de todos los sindicatos que integran la Mesa Sectorial de Sanidad de Andalucía: por unilateral, por sorpresiva y porque conculca, según las centrales, todos los derechos de los profesionales sanitarios.
La orden, de la que los representantes sindicales se enteraron por el propio BOJA, permite la suspensión unilateral de permisos, vacaciones, traslados, excedencias, reducciones de jornada o descansos; da potestad plena a los gerentes para organizar los turnos y descansos en función de las necesidades asistenciales generadas por la pandemia; permite mover indiscriminadamente a los profesionales dentro o fuera de su área sanitaria y entre niveles asistenciales, y posibilita, entre otras cosas, la contratación de residentes y estudiantes de Medicina para reforzar las plantillas del Servicio Andaluz de Salud (SAS). En suma, una revolución en materia de personal que, según el texto de la orden, viene motivada por la "situación límite" y de "enorme presión".
Y de todo ello los sindicatos in albis. "El pasado viernes tuvimos una mesa sectorial en la que no se hizo mención alguna a esas medidas, y únicamente nos dijeron que probablemente nos convocarían el sábado a otra. Pero no hubo tal mesa y el domingo nos desayunamos con una orden en el BOJA que da carta de libertad a los directivos del SAS para dejar sin efecto muchos de los derechos conquistados en los últimos años. Lo vendan como lo vendan, supone un gravísimo recorte de derechos, sin duda el mayor en mucho tiempo", afirma Rafael Carrasco, presidente del Sindicato Médico Andaluz (SMA). Resultado inmediato: todos los sindicatos de la mesa (SMA, CCOO, Satse, CSIF y UGT) se movilizarán todos los martes y jueves..., hasta que la Junta derogue esa orden. La primera cita será este jueves ante las puertas de los centros de salud.
Los sindicatos se enteraron del contenido de la orden por la publicación del 'BOJA'
De lo único que tenían noticia los sindicatos, según el presidente del SMA, era de que los profesionales que habían sacado una plaza en el SAS en la OPE tendrían que esperarse más de lo previsto para ocuparla. Ése fue, de hecho, el anuncio que la consejería que dirige Jesús Aguirre les hizo en la mesa del pasado viernes: que dada la gravedad de los datos epidemiológicos, las tomas de posesión de la OPE y los traslados en marcha quedaban suspendidos hasta que mejorase la situación. Todo lo demás era un as bajo la manga de la consejería.
Y ese as permite, entre otras cosas, que "las disposiciones relativas a jornada de trabajo, periodos de descanso y disfrute de vacaciones reglamentarias podrán ser transitoriamente suspendidas por el gerente del centro mediante resolución motivada". Siempre, claro, que "las circunstancias concretas que concurran en un determinado centro sanitario imposibiliten el mantenimiento de la asistencia sanitaria a la población con los recursos humanos disponibles". Ahora bien, "la urgencia -alega el presidente del SMA- no es un argumento para el atropello".
La Junta puede mover al profesional entre centros, áreas y niveles asistenciales
En caso de que se suspenda el disfrute de las vacaciones de 2020 -matiza el texto de la orden- el periodo máximo para poder disfrutarlas se amplía hasta el 31 de mayo de 2021. "Veremos", contestan los sindicatos. "Se sabe cuándo se suspenden, pero no cuando se recuperan".
Y las suspensiones de permisos afectan también a las reducciones de jornada, porque "aquellos profesionales que, por motivos de conciliación de la vida laboral y familiar, deseen acogerse a medidas de flexibilización o reducción de jornada, podrán hacerlo si queda suficientemente garantizada la cobertura del servicio".
"Razones imperativas"
La temida movilidad forzosa del profesional también es una facultad que se arroga la Administración andaluza en virtud de la controvertida orden, de forma que el personal del SAS "podrá ser adscrito temporalmente a puestos de trabajo que, como consecuencia de la situación epidémica, se hallen coyunturalmente desatendidos, aunque estén ubicados en unidad o centro sanitario distintos al de su destino, siempre que la medida esté justificada por razones imperativas de la asistencia y de la organización sanitaria".
"Tratan a los profesionales como meros peones intercambiables", dice el SMA
Primará la voluntariedad, pero, por si acaso, el SAS se pone la venda antes de la herida: A falta de voluntarios, "el requerimiento para pasar a prestar servicios temporalmente en otra unidad o puesto de trabajo" se hará de forma obligatoria y "con arreglo al siguiente orden": eventuales, interinos, personal fijo en promoción interna temporal y, finalmente, profesionales fijos en función de su antigüedad. Ergo, del que tiene menor capacidad de protesta a quien más puede resistirse.
"En definitiva, tratan a los profesionales como meros peones intercambiables, que mueven al antojo de quien manda, sin concederles la posibilidad de aportar sus propuestas", dice Carrasco.
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Pero la nueva orden no afecta sólo al personal de plantilla. Aquí se ponen firmes todos, incluidos residentes y estudiantes de grado. De hecho, el decreto de la Junta permite literalmente que los MIR "de cualquier año de formación y de cualquier especialidad presten servicios en unidades con especiales necesidades, en su mismo o distinto centro".
Además, las gerencias de primaria y especializada "podrán suscribir contratos laborales de duración determinada, de auxilio sanitario, con estudiantes de grado de alguna de las profesiones sanitarias en su último año de formación". Lo que no especifica la orden es qué se entiende por "auxilio sanitario" y de qué naturaleza, duración y cuantía será ese "contrato laboral".
Por si quedara alguna duda y "en función de las necesidades existentes en cada momento", la Junta podrá contratar también a "aquellos graduados, licenciados y diplomados sanitarios que carecen aún del título de especialista reconocido en España, para la realización de funciones propias de una especialidad". En definitiva, extracomunitarios sin el título aún homologado o aspirantes al MIR que no hayan aprobado el examen o no hayan obtenido plaza en las convocatorias previas.
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