Es la tercera sentencia y, por parte de los sindicatos recurrentes, esperan que sea la definitiva. El Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha desestimado el recurso de suplicación interpuesto por el Gobierno de Aragón, el Servicio Aragonés de Salud (Salud) y el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) contra la sentencia del Juzgado de lo Social número uno de Zaragoza, que les condenaba a proporcionar a los sanitarios de la provincia de Zaragoza los equipos de protección individual (EPI) adecuados ante la covid-19. Antes había hecho lo mismo con los recursos de Huesca y Teruel.
"El estado de alarma dejó sin efecto temporal muchas normas de nuestro ordenamiento jurídico, pero ninguna de las incluidas en la Ley de Protección de Riesgos Laborales"
La nueva resolución del TSJ de Aragón confirma la sentencia del Juzgado de lo Social de Zaragoza y rechaza los ocho motivos alegados por la Administración de la Comunidad Autónoma contra la condena. El Tribunal asegura que las cuestiones procesales planteadas no le han causado indefensión a reclamante y refrenda que la aparición y la extensión de la epidemia del coronavirus en la provincia de Zaragoza no fue un acontecimiento de fuerza mayor y, por ello, no era imposible garantizar las medidas adecuadas de prevención de riegos biológicos para el personal sanitario.
El Tribunal Superior afirma: "Todo lo cual se puede resumir de este modo: no puede haber duda sobre el mantenimiento del deber de protección de los trabajadores durante la pandemia, pues el estado de alarma dejó sin efecto temporal muchas normas de nuestro ordenamiento jurídico, pero ninguna de las incluidas en la Ley de Protección de Riesgos Laborales. Es más, el RDL 13/20, de 7 de abril (dictado en pleno estado de alarma) recordó esa obligación”.
De esta forma, y con esta última resolución, la Justicia ha avalado las tres demandas presentadas por los Sindicatos Médicos de Aragón, CESMAragon y Fasamet, en cada una de las tres provincias aragonesas, ante los respectivos Juzgados de lo Social, contra el Ejecutivo aragonés por su falta de previsión y actuación, que agravó las duras condiciones de trabajo y aumentó el riesgo de contagio entre los sanitarios durante los primeros meses de la pandemia.
Piden no recurrir al Supremo
Por este motivo, CESMAragón y Fasamet ha reclamado al Gobierno de Aragón que asuma estas sentencias judiciales y no recurra en casación al Tribunal Supremo. “Hasta el propio presidente ha reconocido los errores cometidos, carece de sentido entonces que el Gobierno de Aragón siga pleiteando y gastando más recursos de los aragoneses cuando tiene que centrar todos los esfuerzos en combatir la pandemia y en cumplir lo que ha indicado la Justicia, ya que aunque la distribución de EPI ha mejorado todavía no es la idónea en bastantes centros, ni tampoco las medidas de seguridad", han señalado.
En todo caso, los recurrente han pedido al Gobierno aragonés que asuman su responsabilidad política, según los sindicatos, "por el riesgo que expusieron a los sanitarios de Aragón". Además, reclaman al presidente Javier Lambán que se disculpe públicamente ya que, cuando presentaron las demandas y fueron estimadas las medidas cautelares solicitadas por los tribunales, les pidió a las fuerzas sindicales que "tuvieran más altura de miras y se dedicaran a arrimar el hombro y no poner palos en la rueda", según apuntan fuentes sindicales.
Los sindicatos han pedido al Gobierno aragonés que asuma su responsabilidad política
Desde que comenzó la pandemia, se han contagiado en Aragón 3.099 profesionales sanitarios, según las últimas cifras difundidas esta semana por el Gobierno autonómico, lo que supone el 4,96 % de todos los casos diagnosticados. En la última semana han aumentado un 12,4%.
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