La Consejería de Sanidad de la Comunidad Valenciana ha aprobado en la Mesa Sectorial de Sanidad con su voto de calidad y la oposición de todas las fuerzas sindicales presentes, el proyecto de resolución de medidas extraordinarias a adoptar en materia de recursos humanos ante la segunda ola de la pandemia de la covid-19. El rechazo unánime de los sindicatos se ha basado en que, en caso de necesidades del sistema, este texto abre la posibilidad de “recortar” derechos en materia de jornada laboral, descansos o conciliación.
Para CCOO la excepcional situación no puede “poner en riesgo en ningún momento la salud de los profesionales ni la derogación de derechos esenciales relacionados con la conciliación de la vida laboral y familiar”, en referencia a las medidas que abren la posibilidad de la modificación, si fuese necesario, del régimen de jornada, permisos y vacaciones del personal, o las reducciones de jornada.
Según Paco Martínez, secretario de Acción Sindical de la Federación de Sanidad de CCOO en la CV, si son medidas excepcionales hay que hacerlas compatibles “con los derechos fundamentales” del personal, señalando que “abrir la posibilidad de eliminar las reducciones de jornada por conciliación y cuidado a familiares es muy fuerte, incluyendo el efecto colateral de dañar el derecho al cuidado de esa persona afectada”.
Dolly Prunés, presidenta autonómica de Sanidad de CSIF, ha rechazado “de pleno” todas las “medidas impuestas de funciones y movilidad forzosas”, lamentando que la Administración se haya amparado en el “paraguas” del Estado de Alarma, otras recientes publicaciones y la emergencia de la COVID-19
para imponer “de forma autoritaria” los cambios.
En este sentido, ha hecho hincapié en que, para empezar, “tenemos dudas de que el Estado de Alarma sea constitucional y, en especial, tenerlo seis meses sin control nos parece una barbaridad”.
Por su parte, el Sindicato Médico de la Comunidad Valenciana (CESM-CV), considera que el documento “no respeta siquiera los mínimos establecidos por las directivas europeas en cuanto a los tiempos mínimos de trabajo y descanso”.
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La Administración, critica, pretendía contar con el apoyo del personal médico para, entre otras medidas, “suspender el derecho al descanso semanal mínimo de 36 horas y el de 12 horas mínimas de descanso entre jornadas”, poner “en entredicho los días libres que a los profesionales corresponden en Navidad y Semana Santa", suspender “el derecho al disfrute de los periodos vacacionales”, imponer que “un médico pueda ejercer una especialidad diferente a aquella para la que se encuentra capacitado” y “poder movilizar a su antojo a los profesionales de un centro a otro, de un municipio a otro, a la distancia que sea”.
Y todo ello, según señala CESM-CV, “sin presupuesto para nuevas contrataciones y sin compensación alguna para los afectados, mientras se les oferta un incremento salarial para 2021 del 0,9%.”
Sanidad sólo lo aplicará "si la situación lo requiere"
Por su parte, desde la Consejería de Sanidad se ha insistido en que se trata de un plan de respuesta inmediata que se aplicará solo “si el aumento de casos y presión hospitalaria lo requiere”. También se ha insistido en que desde la consejería “se es consciente del sobreesfuerzo que se está pidiendo a las cerca de 70.000 personas del sistema sanitario valenciano en un momento difícil y complejo como el que atravesamos y se quiere manifestar que, al margen de estos planes eventuales de respuesta rápida, se trabaja paralelamente para dotar de más medios y mejores condiciones al sistema público sanitario valenciano”.
El objetivo de Gobierno valenciano, se ha reiterado, “no es otro que garantizar por encima de todo la salud de la ciudadanía, un objetivo en el que coincide con todo el personal sanitario que lleva desde el mes de marzo en una lucha constante por minimizar al máximo los daños de la pandemia”.
Como era de prever, la contestación al documento aprobado tendrá recorrido en los tribunales. Según ha ratificado a DM el secretario general de CESM-CV, Víctor Pedrera, su sindicato interpondrá “recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana con el objetivo de paralizar su puesta en marcha”, recalcando que el mismo vulnera “derechos fundamentales de los trabajadores y la normativa de Europa a nivel de movilidad, descansos...”.
En esta misma línea se ha manifestado CSIF en boca de Dolly Prunés, ya que “vulnera derechos de los trabajadores y sus condiciones de trabajo y supone un riesgo de salud para los propios profesionales y, en consecuencia, para los usuarios”.
Por su parte, Paco Martínez, de CCOO, ha apuntado que “vamos a estudiar con nuestros servicios jurídicos la posibilidad de presentar un recurso porque creemos que una resolución de este tipo no puede modificar derechos fundamentales que están, por ejemplo, en el Estatuto Marco”.
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