El foco de la Policía Nacional sobre las agresiones a los profesionales sanitarios consigue minimizar su impacto, pero también definir cada vez con mayor detalle el perfil de agresores y agredidos, la naturaleza de las agresiones, su prevalencia geográfica... y ya incluso la jornada laboral predilecta del agresor: los martes y jueves, de 10 a 13 horas y, preferentemente, en un hospital. Hasta ese nivel de detalle ha descendido hoy Javier Galván, interlocutor policial nacional sanitario, al hacer balance de la actividad policial en 2020 para prevenir y combatir las agresiones a sanitarios.
Según los datos de los servicios policiales de Inteligencia que Galván ha puesto esta mañana sobre la mesa, el grueso de los ataques al personal sanitario registrados en el año de la pandemia se han producido esos dos días, en esa franja horaria y protagonizados, fundamentalmente, por un varón, de entre 35 y 65 años y de nacionalidad española. El perfil del agredido, en cambio, no distingue de género: "Las víctimas son indistintamente hombres o mujeres, prácticamente al 50%, porque la agresión no es contra la persona, sino contra un sanitario", puntualiza Galván.
Y, sí, el volumen de las agresiones se ha reducido en 2020, pero la pandemia y el obligado confinamiento han contribuido, y mucho, a esa reducción. De las 294 denuncias registradas en 2019 por la Policía, se ha pasado a las 197 contabilizadas el año pasado (un 33% menos) entre los meses de marzo y junio. En noviembre, matiza Galván, "hubo un ligero repunte de los datos, pero, aun así, se mantuvieron a mucha distancia de los de 2019". Lo que apenas varía con respecto al ejercicio previo es la naturaleza de la agresión: "El 70% son verbales y el 30% de carácter físico, y afortunadamente la mayoría leves", añade el representante policial.
Galván reconoce, claro, lo evidente, que "el cambio registrado en el modelo de gestión sanitaria durante la pandemia, con un fomento de la teleconsulta y una restricción de las visitas a los centros de salud y los hospitales, ha ayudado a esa reducción". Pero el contexto -subraya el portavoz policial- no lo es todo: "La respuesta permanente, personalizada e intensiva de las unidades policiales en labores de acompañamiento a los sanitarios han sido un factor claro de disuasión".
Y ahí tira de datos oficiales: "En 2020, los efectivos policiales han llevado a cabo hasta 9.000 acciones de acompañamiento preventivo a sanitarios en su quehacer diario. Más de 5.000 de ellas en visitas domiciliarias a pacientes, y el resto acompañándoles en centros de salud, hospitales u otras instalaciones sanitarias. A ello hay que sumar los más de 8.000 contactos registrados entre policías y sanitarios para darles consejos ante posibles ciberataques, prevenir y combatir bulos relativos a su actividad profesional -que, francamente, han sido mínimos- o darles consejos tendentes a la protección y vigilancia del material quirúrgico y sanitario".
Varón, de entre 35 y 65 años, y de nacionalidad española, perfil medio del agresor
Otro dato que abunda en la prevención: en los dos primeros meses de 2020 -ha contado Juan Carlos Castro, comisario general de Seguridad Ciudadana- se ha formado específicamente en prevención de agresiones a más de 1.800 profesionales sanitarios. Desde que se puso en marcha la figura del interlocutor policial sanitario, en 2017, "son ya más de 10.000 los sanitarios que hemos formado en prevención y protección ante posibles agresiones", ha añadido el comisario.
En verano de ese año, 2017, la Secretaría de Estado de Seguridad, dependiente del Ministerio de Interior, aprobó la Instrucción 3/2017, de Protección Policial contra las Agresiones, y es en ese contexto donde se enmarca la figura del interlocutor policial nacional y de sus 59 homólogos territoriales repartidos entre todas las provincias españolas.
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El resultado combinado de las restricciones dictadas por el confinamiento y la intensificación de la prevención policial, que Galván no se ha cansado de remarcar, es que el volumen medio de denuncias ha estado en todos esos territorios entre 15 y 25.
La palma se la lleva, por tercer año consecutivo, Andalucía, y concretamente las ciudades de Sevilla y Málaga, que también registraron en 2019 el número más alto de denuncias. Pero incluso ese dato es relativo para Galván: "Que Sevilla tenga 17 denuncias y Málaga 24, y la mayoría de ellas por agresiones verbales, no parece un dato excesivamente preocupante". Como referencia, Madrid registró en todo 2020 sólo 9 denuncias. Hablamos -ha recordado Galván- de denuncias formalizadas ante representantes de la Policía. Hay otras agresiones que no se denuncian.
'Marca pandemia'
Si la pandemia ha minimizado el impacto de las agresiones, la contrapartida es que las peculiaridades dictadas por la covid han generado un tipo específico de violencia.
"A los motivos que tradicionalmente desencadenaban un episodio de violencia, física o verbal, en una consulta, como la disconformidad con el diagnóstico del médico, el tiempo de espera hasta ser atendido o la exigencia de mayores explicaciones por parte del paciente o del familiar que le acompañaba, este año se suman factores relacionados con el protocolo Covid, como la negativa a mantener puesta la mascarilla o a respetar la distancia de seguridad o las restricciones y limitaciones impuestas en espacios o acompañantes", concluye Galván.
Lo que la pandemia tampoco ha cambiado es que el brazo ejecutor de la agresión suele ser mayoritariamente el familiar o acompañante, no el propio paciente.
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