El 21 de julio de 2021 Francia ha empezado a exigir a sus ciudadanos la exhibición de un certificado covid para acceder a algunos espacios con determinados aforos, que ya en agosto extenderá aún más, hasta abarcar el transporte a distancia o los bares, restaurantes, etc. Obviamente, la medida ha despertado una enorme polémica. La cuestión es: ¿se trata de una política no ya sólo eficiente, sino también aceptable en términos éticos y jurídicos? Esta cuestión es la que trataré de analizar, siquiera sucintamente, en estas breves líneas apresuradamente redactadas.
Lo primero que debemos hacer es preguntarnos el porqué de estas medidas. La situación en Francia es diferente a la de nuestro país (de ahí que no haya que extrapolarla sin un análisis previo profundo). Hay menos incidencia, pero también menos porcentaje de población vulnerable vacunada. Esto significa que su escenario puede complicarse rápidamente. Eso es lo que Macron intenta evitar con una medida que seguramente reducirá la incidencia y elevará las tasas de vacunación. De ser así, se cumpliría eficientemente un primer requisito ético-jurídico: la racionalidad de la medida. Soy consciente de que habrá quien señale que esto es discutible porque, en realidad, los certificados no excluyen el riesgo de contagios. Por desgracia, esto no es posible a día de hoy. Lo que harán será reducirlo considerablemente en los lugares en los que el riesgo de contagio es mayor. No es poca cosa.
Cuestión diferente es si la medida vulnera o no valores fundamentales, como la igualdad. Es evidente que su aplicación dividirá a la población en dos grupos: los sospechosos de contagiar y los que no lo son. ¿Es esto aceptable desde un punto de vista ético-jurídico? Yo creo que sí. De hecho, es lo que sucede en cualquier crisis epidemiológica. ¿O es que la cuarentena que han de seguir los contactos directos de un infectado no supone un recorte en sus derechos por una mera sospecha? Teniendo esto presente, una norma que limita menos la movilidad de las personas resulta aceptable. Cierto es que incrementa notablemente el rango de sospechosos –ahora lo serán todos los franceses- pero también que ofrece formas razonables de diluir la sospecha: vacunas, test o haber vencido al virus.
Otra cosa es que los no vacunados tengan que someterse a prácticas más engorrosas, o que les cueste dinero. Ahí, efectivamente, hay discriminación. No creo, no obstante, que sea injusta. Un vacunado asume un riesgo, para su beneficio, pero también el de todos. Si pensamos en términos de justicia social, no parece absurdo que tenga un premio que los no vacunados no tienen. Tratar a ambos colectivos de la misma forma sí podría ser injusto, visto desde otro ángulo, en una situación en la que unos se benefician del sacrificio de otros.
La compleja valoración de la proporcionalidad
La cuestión de si el recorte de derechos y libertades es proporcional o no es más compleja. Yo diría que depende mucho de los matices. Para empezar, hay que compararla con otras alternativas. No hay muchas. De un lado del espectro, confinar a todos o imponer la vacunación obligatoria. Del otro, levantar todas las restricciones. Ninguna de ellas es razonable, de momento. En medio están los toques de queda, los confinamientos periféricos, la reducción de aforos, las mejoras en las ventilaciones… que pueden funcionar de forma parecida a los certificados. Sin embargo, son medidas menos eficientes a largo plazo que la vacunación colectiva, eso es seguro. Y el certificado la impulsa. Por tanto, parece más eficiente que las demás.
"A primera vista, la medida responde bien a las exigencias ético-jurídicas básicas"
A primera vista, en suma, la medida responde bien a las exigencias ético-jurídicas básicas. Pero hay matices que hacer, y no son livianos. El primero es que solo superará el filtro de equidad si hay vacunas disponibles para todos. De no ser así, la justificación de la diferencia se derrumba. La única alternativa razonable es establecer un periodo de tiempo en que se supla ofreciendo test gratis para los no vacunados, periodo que se prolongará hasta que todos hayan tenido la ocasión de vacunarse e indefinidamente en el caso de los menores de edad. Más allá de ese momento, debería asegurarse que los test tengan precios razonables y subvencionar su uso para algunas actividades (como viajar por motivos familiares). Lo contario sería tanto como introducir una vacunación obligatoria encubierta con dispensa para los ricos.
Habría, además, que cuidar el tratamiento de datos. Sigo sin entender por qué es necesario exhibir el motivo concreto que permite el acceso. Esto podría evitarse, bien es cierto que introduciendo tecnologías más complejas, pero no me resulta imposible. Y hay que asegurarse de que los datos no serán tratados para otras finalidades ni conservados más allá de lo indispensable.
Permítaseme, por fin, apuntar que la medida debería aplicarse restrictivamente. No más allá de lo necesario y no en lugares en los que, en la práctica, supondría tanto como por imponer la vacunación obligatoriamente. No lo veo en recintos pequeños, de aforo reducido, ni en los que la permanencia sea mínima, por el bajo riesgo. Tampoco en aquellos que son esenciales para la vida diaria, como el metro o los transportes a corta distancia (donde no se introducirá, por cierto). Y en instituciones públicas, siempre se podrían habilitar recintos en los que atender sin certificado, si el riesgo es bajo. Si todo esto se cumple, quizás tendremos que aceptar un mal para evitar otros mayores.
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