El controvertido decreto de los interinos, que ha aprobado el Gobierno de Pedro Sánchez y refrendado la semana pasada el Congreso de los Diputados por un solo voto de diferencia, hace aguas desde el punto de vista constitucional, y las hace por la principal novedad que el Gobierno se vio obligado a introducir en la norma para lograr el visto bueno del Congreso: la posibilidad de que los interinos que llevan más de 10 años con un contrato de este tipo accedan a una plaza fija sin necesidad de someterse a un concurso-oposición, y mediante una simple valoración de sus méritos.
Y el cuestionamiento no viene de la oposición política ni de los sindicatos, sino de la Abogacía del Estado, nada menos que el órgano que asesora jurídicamente a la Administración General del Estado. Así se lo han transmitido hoy fuentes del Ministerio de Sanidad a los sindicatos en la primera reunión que ambas partes han mantenido para abordar el problema de la temporalidad en el sector sanitario.
"Lo primero que nos han dejado claro es que a la Abogacía del Estado se le erizan los pelos ante la posibilidad de que los interinos accedan a una plaza sin un concurso-oposición previo, por las dudas constitucionales que suscita esa idea", dice gráficamente Víctor Pedrera, vicesecretario general de CESM, presente en el encuentro con los responsables de Sanidad. "Si la propia Abogacía del Estado se cuestiona la constitucionalidad de la medida, habrá que ver hasta qué punto prospera y cómo queda finalmente redactada la norma", remacha el representante sindical.
Según CESM, el ministerio augura "importantes cambios" en el trámite parlamentario
Y ahí reside precisamente, también según Pedrera, el meollo de la cuestión: cómo quedará el decreto tras las múltiples enmiendas que se prevé que le hagan los grupos de la oposición durante su tramitación como proyecto de ley, que el Gobierno quiere tener listo para finales de septiembre o principios de octubre. "Aunque, de momento, todo es pura especulación, el ministerio sí nos ha dicho que prevén que haya importantes modificaciones con respecto a su redacción original".
En representación de CCOO, uno de los tres sindicatos firmantes del acuerdo con el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, su secretario general de Sanidad, Humberto Muñoz, matiza que "no es que el ministerio haya dado a entender que la Abogacía del Estado se esté planteando decretar inconstitucional la norma, pero sí es verdad que tanto Sanidad como la parte social hemos puesto sobre la mesa que parecía que este órgano abrigaba algunas dudas". Muñoz añade que, como sindicato firmante, "CCOO siempre ha defendido un proceso rápido, seguro y, sobre todo, con todas las garantías jurídicas, de forma que cualquier cambio que se introduzca en la tramitación, que redunde en su beneficio y que sea compatible con la seguridad jurídica, será bienvenido".
Aun así, Muñoz admite que algunas afirmaciones de la ministra [en referencia a la intervención de María Jesús Montero la semana pasada en el Congreso de los Diputados en defensa del decreto] "sí que podían parecer poco compatibles con esa seguridad jurídica, que para nosotros es vital".
Visto que el contenido final de la norma sigue siendo una incógnita y que, además, Sanidad tiene, sobre el papel, un plazo de un año para adaptarla a las especificidades del Sistema Nacional de Salud (SNS), la reunión que hoy ha mantenido Sanidad con los sindicatos del ámbito sanitario ha sido una mera tema de contacto muy inicial, una suerte de brainstorming previo. En cualquier caso, el sector de Sanidad de CSIF (uno de los 3 sindicatos firmantes del decreto) ha pedido expresamente a Sanidad un calendario concreto para trasponer su contenido al Estatuto Marco.
CSIF pide una OPE para el SNS similar a la aprobada hoy para la Administración General
Además, y coincidiendo con la aprobación hoy de la oferta de empleo público para la Administración General del Estado, CSIF ha instado al ministerio a planificar "de inmediato" una oferta de estabilización laboral específica para el SNS. "Estamos muy preocupados por las graves carencias de personal sanitario, que se han vuelto a evidenciar con la quinta ola de la covid. En muchas comunidades no hay plantillas suficientes para atajar la presión asistencial y cubrir los contratos de verano", afirma Fernando Hontangas, presidente de Sanidad de CSIF.
Por muy previo que haya sido el encuentro, CESM tiene muy claro qué elementos debería contener el trasvase de la norma al ámbito sanitario para que su objetivo de reducir la temporalidad al 8% en un plazo máximo de tres años fuera algo más que un mero desideratum. Y el primero de esos requisitos, según Pedrera, es el cómputo de ese porcentaje de temporalidad no se haga sólo sobre las plazas estructurales, sino también sobre las no estructurales, que son muchas más.
"En el sector sanitario hay infinidad de plazas, tanto en centros de salud como en hospitales, de guardias, de sustituciones, de acúmulo de tareas, de fines de semana... Si contabilizamos esas plazas, que oficialmente se llaman no estructurales y que nosotros, creo que más acertadamente, llamamos contratos basura, la eventualidad contractual sanitaria se multiplica. Si reducimos la temporalidad estructural sanitaria al 8% y dejamos de lado ese aproximadamente 30% de puestos no estructurales, el decreto no habrá servido para nada", sentencia Pedrera.
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Para evitar desagradables sorpresas en este punto, el vicesecretario general de CESM ha instado hoy a Sanidad a elaborar un censo nacional de puestos de trabajo, "que incluya todas las plazas existentes, insisto", y un cálculo de las necesidades reales de profesionales y en qué puestos se necesitan a corto/medio plazo. "Dado que las necesidades a largo plazo son relativamente difíciles de prever, lo ideal es que, al menos, esa previsión de necesidades se hiciera a diez años vista".
Al mapa de puestos de trabajo, Hontangas suma la necesidad de elaborar otro mapa, éste con datos que las comunidades deben facilitar al ministerio sobre las oposiciones realizadas en 2017 y 2018 (en el marco de los anteriores acuerdos de estabilización), y el estado actual de su ejecución. "Eso nos permitiría establecer el volumen de la oferta de empleo ordinaria para 2021, a la que se añadirían las plazas ocupadas durante más de 3 años por personal interino (antes del 31 de diciembre de 2020) para convertirlas en plazas estructurales", dice el presidente de Sanidad de CSIF.
Los sindicatos exigen un mapa de plazas y del estado de las OPEs de 2017 y 2018
En lo que han coincidido todos los sindicatos es en la necesidad no sólo de eliminar la tasa de reposición, sino de que las convocatorias de plazas se eleven por encima de la tasa del cien por cien. En este sentido, el secretario general de Sanidad de CCOO apunta que "el legado de las sucesivas tasas de reposición es, precisamente, la ocultación de las necesidades estructurales de los servicios de salud en forma de empleo eventual de mala calidad. Eso es lo que este acuerdo pretende hacer aflorar y subsanar, de forma que todo puesto estructural se cubra con una plaza fija".
Ofertas "periódicas y ágiles"
Mucho más importante que las excepciones que la futura norma contemple para el acceso a una plaza fija, CESM cree que lo fundamental es que las ofertas públicas de empleo -las de siempre, las basadas en concurso-oposición- se hagan de forma periódica y ágil, al menos con la misma agilidad que exhiben en el ámbito educativo: "¿Por qué en Educación es posible convocar ofertas de empleo cada año y en Sanidad eso parece una entelequia? Para que sean verdaderamente efectivas, las OPEs deberían tener una periodicidad anual o, en el peor de los casos, bianual".
Y a la cadencia de las ofertas, CESM añade otras peticiones: OPEs con "baremos homologables" en las 17 comunidades autónomas, sin tasa de reposición alguna y con concursos de traslados abiertos y permanentes, "como ya sucede en comunidades como Castilla y León", dice Pedrera.
Además de estos deberes, el vicesecretario general de CESM ha dejado alguno más sobre la mesa del ministerio: "Urge la adopción de medidas y estrategias concretas para intentar recaptar a los miles de médicos y enfermeras que se han ido a trabajar fuera de España, ahondando el déficit de sanitarios que padece el SNS, y también incentivar, pero de manera verdaderamente estimulante, las plazas de difícil cobertura, que son un verdadero problema en algunos servicios de salud".
Como primera toma de contacto, el ministerio sale de esta cita con un saco de tareas que debería intentar poner en orden y analizar antes de la segunda quincena de septiembre, que es cuando se prevé que Sanidad y los sindicatos tengan un segundo encuentro específico sobre temporalidad.
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