Los sindicatos sanitarios de Aragón que forman la agrupación Cemsatse (CESM Aragón y FASAMET de personal médico y SATSE de enfermería) celebrarán concentraciones todos los jueves de mayo para denunciar "el trato distinto y discriminatorio del personal sanitario del Servicio Aragonés de Salud respecto al resto de empleados públicos de la DGA". Con estas nuevas protestas, demandan "garantizar las condiciones profesionales como base de una asistencia de calidad para los ciudadanos".
Cemsatse revalidó su mayoría como primera fuerza sindical en el sector sanitario de Aragón en las elecciones sindicales celebradas en marzo y presentó sus reivindicaciones prioritarias a los responsables de la Consejería de Sanidad: reconocimiento de la carrera profesional íntegra, igual jornada laboral que la concedida al resto de trabajadores públicos (y no para 2026 como se ha pactado con los sindicatos de clase) y compensación para los tutores de los MIR en hospitales.
Ante la falta de respuesta del Gobierno de Javier Lambán, se ha aprobado un primer calendario de movilizaciones "como aviso a todos los partidos para actuar ante la grave situación de la sanidad pública". Los sanitarios han señalado que en caso de no tener respuesta a sus demandas, las movilizaciones "continuarán después de las elecciones autonómicas llegando, si es necesario, a una convocatoria de huelga general en la Sanidad".
Las protestas convocadas se extenderán todos los jueves de mayo, con concentraciones de 12 a 13 horas ante diferentes sedes institucionales. El día 4, ante el Edificio Pignatelli, en el paseo María Agustín; el día 11, frente al Departamento de Sanidad y el Salud, en la plaza de la Convivencia; el día 18, en la Consejería de Hacienda, en la plaza de los Sitios; y el día 25, de nuevo en la sede principal del Gobierno de Aragón.
Cemsatse habla de agravio comparativo porque el Gobierno autonómico y los sindicatos CCOO-UGT-CSIF han pactado un convenio colectivo por el que la jornada en la Administración General será de 35 horas semanales a partir de 2024; pero se demora hasta dentro de tres años en Sanidad. La coalición califica esta diferencia de "discriminación inadmisible" y critica que otras formaciones hayan aceptado "una medida que va contra el Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI, que ellas mismas firmaron a nivel nacional con el Gobierno de España", y “aún peor si existe dotación presupuestaria”.
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