«El problema de nuestros tiempos es que el futuro ya no es lo que era» (Paul Valéry). Cuando empecé mi lucha particular contra las pseudoterapias, señalando al gurú de la bioneuroemoción que intentaba colar su pseudoterapia sectaria en varias universidades españolas, pensaba que, en algún lugar del Colegio de Psicólogos donde está colegiado, alguien diría: "Ostras, disculpad, no nos habíamos dado cuenta de que este elemento se nos había infiltrado", tocaría un botón rojo de un tablero y, en ese momento, una trampilla se abriría bajo sus pies y el charlatán se las vería ante la justicia por haber desorientado a mucha gente haciéndoles pensar que sus problemas médicos los causaban conflictos mentales y podían curarse 'tomando conciencia' de ellos, provocando varias muertes y múltiples afectados en el proceso.
Siete años después, la situación es que ese individuo sigue colegiado y en activo, su charlatanería está oficializada en varias universidades (en Latinoamérica), y un servidor recibe su tercera demanda por alertar de quien convence a una paciente que "si tienes cáncer de cerebro es porque eres muy controladora; en cuanto dejes de serlo, te curarás".
Es cierto que hemos conseguido, en este tiempo, levantar cierta conciencia social del problema. Hemos logrado que se pusiera en marcha un plan Ministerial contra pseudociencias, y hasta una declaración de la Asociación Médica Mundial contra las pseudoterapias. Hemos conseguido que la Conferencia de Rectores de Universidades pida un fundamento científico a los contenidos que estas impartan en las áreas pertinentes. Se ha creado el Observatorio de la OMC contra pseudociencias, y la profusión de comunicaciones deja claro que hace mucha falta. Sin embargo, a efectos prácticos, todo sigue igual: Fiscalía no encuentra indicios delictivos en gente como Pàmies, a pesar de que abiertamente insista en su promoción de una lejía ilegalizada como medicamento por su toxicidad. O en el ya mencionado gurú, que no tiene reparos en decir que aconseja a sus clientas que se prostituyan, o que abandonen sus familias. En Palencia no consiguen inhabilitar a un médico trastornado que chupa los suelos para demostrar que las infecciones bacterianas no existen, mientras nos cuentan que en su consulta, donde un loro vuela (y defeca) a sus anchas, ha muerto gente por una sepsis tras una punción lumbar.
El problema del coronavirus ha expuesto el daño que la desinformación (a menudo maquiavélica e interesada) es capaz de provocar en la sociedad. Hemos visto que llegamos tarde, y mal (o peor, no llegamos en absoluto) a detener a todos los actores cuya subsistencia depende de engañar a gente, oficio en el que están volviéndose particularmente eficientes. En algunos casos, como el del mencionado gurú, el negocio es tan floreciente que comienza el relevo generacional (y quizá por ello se intenten callar las bocas que el padre no pudo, para limpiarse el camino de su auge).
A estas alturas, todavía no estoy seguro de cuál es la solución, si hay, al problema (en cierto modo, es luchar contra la condición humana y quizá no exista), pero sí estoy convencido de una serie de pasos imprescindibles para paliar el problema. El primero, hacer cumplir las leyes que ya existen, como el Real Decreto 1907/1996, de 2 de agosto, sobre publicidad y promoción comercial de productos, actividades o servicios con pretendida finalidad sanitaria y, en concreto, su estupendo artículo 4. Después, reforzar la ley en materia de delitos contra la Salud Pública para adaptarla a los nuevos tiempos y castigar la difusión de desinformación objetiva en salud por cualquier medio, aunque no existan daños concretos que se puedan probar. Centralizar en un organismo oficial la recepción de denuncias de afectados por este tipo de prácticas o de notificaciones de alertas sobre las mismas, con el objetivo de iniciar acciones de oficio (serias, por favor, no como las de la actual Fiscalía) bien a nivel de intrusismo, bien a nivel colegial. No debería permitirse la charlatanería dentro de ámbitos oficiales (Colegios, Hospitales, Universidades, etc.), y su control no debería depender (al menos, únicamente) de esos mismos centros, sino que debería haber alguna capacidad vinculante a su más alto nivel (OMC, CRUE), e incluso por encima de ellos alguien a quien poder recurrir en caso de desamparo de los mismos a la hora de poner orden.
Los medios de comunicación también deberían tener un control exquisito sobre la publicación de material relativo a la salud, con las mismas consideraciones hechas en el punto anterior. Las redes sociales necesitan contar con un sistema de reporte efectivo de desinformación en materia de salud (y mecanismos ágiles para eliminarla), consensuado al menos entre los principales actores nacionales. Todos los anteriores deberían contar con algún servicio experto a quien consultar dudas o criterios sobre dicha temática (que podría residir en organismos como la Confederación de Sociedades Científicas de España). Los servicios médicos deberían levantar acta de oficio sobre los casos de afectados graves por pseudoterapias que recibieran, al estilo de lo que ocurre con la Violencia de Género. El Plan coNprueba debería agilizar sus conclusiones con respecto a las prácticas más peligrosas, muchas de ellas que ni siquiera aparecen en el documento de análisis ministerial de 2011 que se desgrana actualmente, como ahora el consumo de lejías como el MMS y el CDS, o las doctrinas de la Nueva Medicina Germánica y derivadas.
En definitiva, haría falta cortar la hemorragia de charlatanería desmantelando en primer lugar el entramado estructural multimillonario que les mantiene en pie y sus estrategias comunes de propagación, y después (o mejor dicho, a la vez), intensificar las campañas de información proactivas sobre estos peligros para prevenir a la ciudadanía.
El futuro, hoy, no es el que esperaba en su momento. Nadie está pulsando los botones rojos. Los colegiados desnortados o corruptos no pierden el título, los charlatanes sin título no pierden su libertad. Engañar y hasta matar sigue saliendo a cuenta. Los que respondemos ante la justicia somos los otros.
Desconozco exactamente qué hace falta hacer para cambiar efectivamente ese futuro, pero seguiremos en la brecha, si no nos callan.
* Emilio Molina. Vicepresidente de la Asociación para Proteger al Enfermo de Terapias Pseudocientíficas (Apetp) y colaborador del Observatorio contra las Pseudociencias, Pseudoterapias, Intrusismo y Sectas Sanitarias de la Organización Médica Colegial (OMC)
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