El porcentaje de temporalidad que soporta en la actualidad el Sistema Nacional de Salud (SNS) no puede esperar, y así se lo han hecho saber hoy al unísono los sindicatos a los representantes del Ministerio de Sanidad durante la reunión del Ámbito de Negociación. El departamento de Carolina Darias ha recogido el guante y, adelantándose al requerimiento sindical, se ha sacado de la chistera la fecha con la que hoy venía a la reunión: Martes, 27 de julio. Ese día el ministerio convoca a los sindicatos a la primera reunión de la Mesa de Temporalidad en el ámbito sanitario.
Si la convocatoria de esta mesa de trabajo era un clamor entre los sindicatos del ámbito sanitario, el acuerdo firmado el pasado 6 de julio entre el entonces Ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, y los sindicatos de clase CCOO, UGT y CSIF para reducir la temporalidad en la Administración Pública hace más imperiosa, si cabe, esa convocatoria, a juicio de las centrales. "Estamos ante uno de los problemas más graves que padece actualmente el SNS, y que más lastra su desarrollo en todos y cada uno de los servicios de salud. Nosotros acudiremos a esa cita con toda una serie de propuestas de urgente aplicación", afirma Víctor Pedrera, vicesecretario general de CESM.
Las centrales coinciden en que la situación laboral del SNS no puede esperar un año
El acuerdo que Iceta ha legado a Isabel Rodríguez, la nueva titular del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, plantea una reforma del artículo 10 del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público para definir y acotar las causas y término de los nombramientos de interinos, y establece un plazo máximo de un año para adaptar ese acuerdo marco a la legislación específica que rige para el personal docente y el personal estatutario de los servicios de salud. Si transcurrido ese plazo no se produjera esa adaptación, el acuerdo se aplicaría en sus términos actuales.
Pero los sindicatos creen que la inestabilidad contractual sanitaria, que afecta especialmente a determinadas categorías y niveles asistenciales, no puede esperar un año, y así se lo han hecho saber hoy a Sanidad. "Hay que agilizar y acortar los plazos al máximo", sentencia Pedrera.
En la misma línea, el sector de Sanidad de CSIF (uno de los sindicatos firmantes del acuerdo con Iceta) ha reclamado hoy a Sanidad que "lidere de manera urgente las reformas que requiere el SNS para mejorar la calidad asistencial y las condiciones laborales". De entrada, argumentan los representantes de la central, "hay que adaptar al sector sanitario el acuerdo para estabilizar el empleo y acelerar las convocatorias de plazas sanitarias en coordinación con las comunidades".
El sindicato con más representación en las administraciones públicas ha aprovechado hoy el anuncio de Sanidad para trasladar a los representantes ministeriales "el malestar de las plantillas sanitarias de todos los servicios de salud por la falta de recursos humanos ante la quinta oleada de la covid, ya que no hay personal suficiente para atender la presión asistencial y cubrir los contratos de verano".
Pedrera, de CESM, denuncia el alto porcentaje de temporalidad encubierta en sanidad
El objetivo que persigue el Ministerio de Política Territorial con la firma del acuerdo es reducir el porcentaje de temporalidad en el sector público por debajo del 8% en un plazo máximo de tres años. Según las estimaciones oficiales del ministerio que desde ayer ocupa Rodríguez, la temporalidad en las administraciones públicas oscila entre ese 8% y el 30 ó 35% que presentan algunas comunidades en sectores como Educación y Sanidad, pero Pedrera tilda esos cálculos de "optimistas", al menos en lo que se refiere a la situación contractual de los servicios de salud.
"En el caso de la sanidad, hay un sesgo de temporalidad claro. Una cosa es el porcentaje oficial de interinos y eventuales que ejercen en las autonomías y otra muy distinta el contingente de los llamados contratos no estructurales, que nosotros llamamos contratos basura. Ahí se incluyen desde los acúmulos de tarea, hasta los contratos de guardia o las contrataciones por días o fines de semana. Sin ir más lejos, en la Comunidad Valenciana, donde yo ejerzo la temporalidad oficial puede rondar el 10%, pero si sumamos todos los porcentajes, la real supera el 40%".
Decreto de especialidades
El anuncio del ministerio y el debate sobre temporalidad suscitado en el ámbito negociador ha dejado en un segundo plano uno de los puntos oficiales del orden del día de la cita de hoy: presentar a los sindicatos el proyecto ministerial de reforma del decreto de especialidades, una norma que finalizó el pasado 29 de abril el preceptivo trámite de audiencia y que, en teoría, sigue sus pasos camino de la definitiva aprobación. Dos cosas parecen claras: el ministerio todavía no tiene fecha para esa aprobación, aunque ha insistido en el "cuanto antes" frente a los representantes de los trabajadores, y el proyecto sigue suscitando muchas dudas.
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Buena prueba de esas reticencias es el catálogo de alegaciones que CESM presentó al proyecto durante el trámite de audiencia, y que hoy le ha vuelto a recordar al ministerio. De entrada, al Sindicato Médico no le gusta nada la propuesta de recertificación profesional obligatoria que la Dirección General de Ordenación Profesional de Vicenç Martínez ha introducido en el texto.
"No entendemos a qué viene esa obsesión por recertificar y evaluar de forma continua, periódica y exhaustiva a los profesionales sanitarios, y hacerlo además por partida doble o triple. Le hemos pedido a Sanidad que ese requisito se module, se concrete bien en el tiempo y, sobre todo, se haga con sentido y de forma menos rigurosa y más efectiva", dice el vicesecretario de CESM.
La propuesta que ha salido del departamento de Martínez plantea, en concreto, que los especialistas en Ciencias de la Salud se sometan a "un procedimiento de recertificación de las competencias como especialista cada 10 años, por el procedimiento que determine la persona titular del Ministerio de Sanidad". Esa propuesta implicaría, de entrada, una modificación del Real Decreto 183/2008, que regula la formación sanitaria especializada y no contempla este tipo de evaluaciones.
CESM plantea eliminar el cupo de extracomunitarios en el MIR mientras haya falta de plazas
En contraste con esta obsesión evaluadora de Sanidad con respecto al profesional, CESM echa de menos el mismo celo con respecto a las unidades docentes, y entre sus alegaciones plantea que el futuro decreto de especialidades "deje claro que las unidades docentes de todos los servicios de salud y todas las especialidades deben someterse de forma periódica y obligatoria a evaluaciones rigurosas de su actividad para garantizar la calidad de la misma", dice Pedrera.
Otra propuesta de calado que plantea CESM es la eliminación del cupo de extracomunitarios en las convocatorias del MIR, es decir el porcentaje de plazas que se reserva para quienes han hecho su formación de grado fuera de España y de la Unión Europea y optan a especializarse en una unidad docente del SNS. "El cupo de extracomunitarios se estableció cuando el número de aspirantes a ocupar una plaza MIR no era tan alto, pero no parece tener mucho sentido que se reserve un determinado volumen de puestos cuando cada año se quedan sin plaza un elevado porcentaje de aspirantes nacionales y comunitarios", argumenta el representante de CESM.
En la convocatoria 2020-2021, el porcentaje de plazas MIR destinadas a extracomunitarios ha sido del 4%, lo que se traduce en un total de 320 puestos de formación médica especializada.
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