Mientras el Ministerio de Política Territorial y Función Pública firmaba ayer con representantes de las 17 comunidades autónomas y los sindicatos de clase CCOO, UGT y CSIF un acuerdo tendente a reducir la temporalidad del empleo en el sector público y adoptar medidas de estabilización laboral, el sindicato profesional CESM se ha dirigido por carta al ministro de Política Territorial, Miquel Iceta, para instarle a adoptar soluciones específicas para el colectivo médico, ya que, a juicio del comité ejecutivo del Sindicato Médico, "se están tomando decisiones que afectan a los trabajadores públicos sin tener en cuenta que no son válidas para los facultativos".
En su carta a Iceta, CESM argumenta que a la precariedad y los "contratos en fraude de ley" que existen en otros sectores de la Administración Pública -y que este acuerdo viene, en teoría, a subsanar- hay que añadirle un déficit de profesionales que se irá agravando en el tiempo, lo que dota al colectivo médico de "una singularidad que no tienen el resto de los empleados públicos". En España, hay hospitales "donde el 25% de las plazas de médico están desiertas por falta de candidatos y comunidades con cientos de plazas de médicos de Familia desiertas, como ocurre en Madrid", sigue la misiva en la que el comité ejecutivo sindical le pide una reunión urgente al ministro.
En apoyo de su tesis, CESM se remite al estudio demográfico encargado en 2018 por el propio Ministerio de Sanidad y a una encuesta laboral elaborada en el mismo año por la Organización Médica Colegial (OMC), que, entre otras cosas, evidenciaba que el 27% de los médicos que trabajan para el Sistema Nacional de Salud (SNS) y no tienen una plaza en propiedad llevan entre 11 y 20 años en esa situación, y hasta un 11,9% superan las dos década de inestabilidad laboral. Según la misma encuesta, sólo el 4% de los médicos con plaza en propiedad tiene menos de 40 años.
CESM recuerda que la ley actual ya fija límites a la temporalidad que no se cumplen
Análogamente, el estudio encargado por Sanidad reconoce abiertamente un déficit de médicos "que se irá agravando hasta 2030, habiendo incluso especialidades cuyo número de efectivos irá decreciendo y otras donde la demanda supera a la oferta de facultativos". El déficit global entre 2025 y 2030 asciende, según el estudio que CESM cita en defensa de su tesis, hasta el 12%.
El acuerdo firmado entre Iceta y los sindicatos de clase fija en tres años la duración máxima de los contratos temporales y especifica que esas plazas tendrán que incorporarse a ofertas de empleo público. Además, la Administración indemnizará al personal afectado (20 días por año trabajado y hasta 12 mensualidades) cuando los contratos temporales se extiendan más allá de esos tres años, y los interinos que no superen la OPE tendente a estabilizar la plaza que ocupen recibirán una compensación económica por los años en situación de "abuso de temporalidad".
El acuerdo recoge la reforma del artículo 10 del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP) y contempla sólo 4 modalidades para el nombramiento de interinos, especificando las causas y el término de esos nombramientos: por vacante, "cuando no sea posible hacerlo por personal funcionario de carrera"; por sustitución transitoria de titulares; por el tiempo "estrictamente necesario" para la ejecución de programas de carácter temporal, "que no superarán los 3 años, ampliables por 12 meses más", y por exceso o acumulación de tareas con un plazo máximo de 9 meses dentro de un periodo de 18 meses. Hasta ahí, la teoría.
Los servicios de salud disponen de un año para aplicar el acuerdo en su entorno
Más allá de la publicidad que la Administración ha dado a este nuevo acuerdo, cabe recordar que es fruto, entre otras cosas, del tirón de orejas que la Unión Europea, vía pronunciamientos del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TJUE), ha dado a la Administración española por el abuso de la temporalidad en el sector público y la existencia de contratos en fraude de ley.
En este sentido, el sindicato que preside Tomás Toranzo le recuerda al ministro de Política Territorial que la legislación española y la europea ya establecían los límites de la temporalidad, y definían claramente cuándo y para qué se debían utilizar los contratos temporales, y por cuánto tiempo se debían de mantener, "lo que no ha sido óbice para que se hayan obviado estos términos por carecer la Administración de sanción alguna en caso de incumplimiento". De hecho, el sindicato profesional aboga por el establecimiento de sanciones para las administraciones autonómicas que incumplan los requisitos establecidos en este nuevo acuerdo.
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La reforma del TREBEP se aplicará únicamente al sector de la Administración general de las administraciones públicas, según el texto del acuerdo, otorgándose el plazo de un año para la adaptación de la legislación específica para el personal docente y el personal estatutario de los servicios de salud. Si transcurrido el plazo de un año no se adaptara la legislación específica en dichos ámbitos, lo dispuesto en el TREBEP se aplicaría a dicho personal de forma automática.
OPEs anuales
Y ahí es donde reside precisamente la principal objeción de CESM, que alega que la norma no tiene en cuenta las especificidades de los facultativos estatutarios contratados por los servicios de salud. Entre otras cosas, CESM afirma en la carta dirigida a Iceta que el aumento de otras categorías profesionales estatutarias sanitarias, "aun cuando su contratación y estabilización laboral puedan ser necesarias", no va a solucionar el "acuciante" déficit de médicos en el SNS.
A los problemas intrínsecos de cada comunidad, el sindicato profesional suma el hecho de que el SNS está "fragmentado" en 17 autonomías y de que la tasa de temporalidad no es uniforme en cada una de ellas, y ni siquiera dentro de cada servicio de salud. El sindicato alega en este sentido que si la tasa media de temporalidad en el SNS se sitúa en un 31,6%, "hay comunidades como Canarias en que llega casi hasta el 60%". A ello se suma el diferente ritmo que tienen las autonomías en las convocatoria de OPEs, concursos de traslados y resolución de estos procesos.
Entre las propuestas específicas para los servicios de salud, CESM pone sobre la mesa la necesidad de convocar una oferta pública de empleo con carácter anual, junto con concursos de movilidad voluntaria previos, e igualmente anuales, y el establecimiento de sanciones para las comunidades que incumplan esta cadencia. CESM insta, además, a que desaparezca la tasa de reposición en el empleo público y a la adopción de medidas tendentes a recuperar todas las plazas sanitarias perdidas durante la vigencia de las restricciones a la contratación en el SNS.
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