In extremis, merced a su voluntad expresa de tramitarlo como proyecto de ley, en lugar de como decreto-Ley, y gracias a los cambios de última hora introducidos en la norma para que Esquerra Republicana (ERC) la apoyara. Así ha logrado el Gobierno sacar adelante la tramitación parlamentaria del controvertido Real Decreto-ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, que firmó el 6 de julio el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, que entonces dirigía Miquel Iceta, con los sindicatos CCOO, CSIF y UGT.
El recuento de votos evidencia lo ajustado de la victoria gubernamental: 170 votos a favor, 169 en contra y 8 abstenciones han servido para dar luz verde al decreto, pero los márgenes eran tan estrechos que ha habido incluso que repetir la votación, porque en la primera ronda se registró un empate. La victoria, aunque pírrica, ha sido doble, porque, además, se tramitará como proyecto de ley por vía urgente, como pretendía el Gobierno en contra del criterio de la oposición.
A los consabidos votos en contra de PP, Vox, Ciudadanos y Foro Asturias, se han sumado las negativas de EH Bildu, PDeCAT, BNG, Coalición Canaria, Junts y la CUP. Los votos de la coalición de Gobierno, las abstenciones del PNV y Más País-Equo-Los Verdes, y el respaldo casi en el tiempo de descuento de ERC han servido para sacar adelante la norma. Entre las condiciones previas que este grupo había puesto estaban que las pruebas del concurso-oposición no tuvieran carácter eliminatorio y que se arbitraran medidas para los interinos de larga duración.
170 votos a favor, 169 en contra y 8 abstenciones dan una victoria pírrica al Ejecutivo
De esta forma, los empleados públicos que lleven más de 10 años en situación de interinidad en sus respectivas administraciones podrán estabilizar su plaza por un sistema ajeno al tradicional concurso-oposición, como recoge el artículo 61 del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP). Precisamente, esta opción es la que recientemente han defendido en el ámbito sanitario el contingente de médicos eventuales y temporales que ejerce actualmente en Aragón, buena parte de los cuales suma más de diez encadenando sucesivos contratos temporales
A pesar de sacar adelante la norma, el catálogo de reproches que la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, encargada de defender el proyecto de Iceta en la tribuna del Congreso, ha tenido que oír por parte de los grupos parlamentarios que han votado contra la norma -pero también algunos de los que la han respaldado- ha sido tan duro como prolijo. Curiosamente, el propio Iceta se subía a la tribuna nada más acabar el debate de "su" decreto laboral para defender otra norma de su nuevo ministerio, el de Cultura y Deportes. Y no hacía mención alguna, ni siquiera tangencial, al volumen de críticas que Montero recibió en su nombre.
Decreto "inconstitucional", la "peor solución posible", "contrario a la normativa europea", "impropio de un gobierno de izquierdas, que genera inseguridad a miles de empleados públicos", "falto de diálogo"... son algunos de los calificativos que la oposición ha dedicado a la propuesta ministerial y a la propia actitud del Ejecutivo para intentar sacarla adelante.
La oposición habla de "inseguridad jurídica" y norma "inconstitucional"
Nada más comenzar su intervención, Montero ha resaltado la "voluntad" del Gobierno de tramitar la norma como proyecto de ley, "para introducir las mejoras que planteen todos los grupos políticos para abordar un problema de una enorme complejidad, y que tiene una especial incidencia en las comunidades y entidades locales y en determinados sectores". Montero ha avanzado incluso la fecha en la que el Gobierno de Pedro Sánchez quiere tener ultimada la tramitación de ese proyecto de ley: octubre de 2021. Lo que Montero ha defendido como "voluntad" gubernamental evidencia, no obstante, las enormes dificultades que el Gobierno de coalición ha tenido en las horas previas a esta dura sesión parlamentaria para que sus habituales socios en el Congreso de los Diputados respaldaran la norma, y no despedir el curso parlamentario con una sonora derrota.
La diputada del Grupo Popular Llanos de Luna Tobarra ha resaltado, precisamente, que la tramitación exprés de la norma mediante un decreto ley "no tiene justificación alguna, porque pretenden hacer pasar por urgente un problema que se evidencia que es estructural, y que se debería abordar como proyecto de ley, para darle una respuesta sosegada y consensuada".
Según Montero -que ha sido menos citada en la sesión que Iceta, el muñidor oficial de la norma-, el origen de este decreto ley radica en la intención de encontrar "una solución efectiva y relativamente rápida en el tiempo a un problema que arrastramos desde hace años", y que la titular de Hacienda ha achacado a las restricciones en la tasa de reposición de los últimos años, pero también "al farragoso proceso burocrático que mantiene pendientes de tramitación o resolución muchos procesos de estabilización de empleo en el sector público".
La ministra de Hacienda recibe una catarata de reproches dirigidos, en realidad, a Iceta
Por ello, ha argumentado la ministra, "no sólo hay que estudiar el volumen de plazas necesario, sino también los cuellos de botella que impiden que los procesos de estabilización se lleven a cabo con la necesaria celeridad", por ese fárrago burocrático al que se ha referido Montero.
El baile de cifras tampoco ha estado ausente de la sesión, porque mientras Montero ha hecho referencia a los 300.000 interinos que podrían beneficiarse del proceso de estabilización, los grupos parlamentarios han hablado reiteradamente de los 800.000 trabajadores que se verían afectados por la iniciativa gubernamental. La diferencia es que mientras la ministra aludía a los procesos de estabilización contemplados en las leyes de Presupuestos de 2017 y 2018 (que sumarían esas 300.000 plazas ocupadas "temporal e ininterrumpidamente" en los 3 años previos), la oposición se refería al contingente total de interinos. Montero ha puntualizado que esas 300.000 plazas que, según las estimaciones del Gobierno, se pueden estabilizar, tendrán que distribuirse entre las comunidades autónomas y las entidades locales en la Conferencia Sectorial.
En cualquier caso, José María Espejo-Saavedra, de Ciudadanos, ha reclamado al Gobierno un mapa, "para saber exactamente cuántos empleados públicos están efectivamente en situaciones de interinidad desde hace más de tres años, porque ni siquiera la cifra de los afectados por esta situación está clara". La diputada del Grupo Popular también ha incidido en la "absoluta falta de concreción del número y naturaleza de esas plazas", pero también en la "falta de una definición clara de lo que se entiende por fraude de ley en este contexto".
En nombre de su predecesor, la ministra de Hacienda ha recordado que el decreto firmado por Iceta establece que la tasa de cobertura temporal en las administraciones públicas deberá situarse por debajo del 8% de las plazas estructurales antes de 2024. Ese porcentaje de temporalidad se eleva actualmente en algunas comunidades por encima del 30%, e incluso del 40%, en sectores especialmente afectados por la volatilidad de los contratos como Educación y Sanidad. José María Figaredo, diputado del Grupo Parlamentario Vox, ha concretado durante su intervención que el porcentaje de precariedad laboral en las instituciones sanitarias "está ya en un 47,31%, según datos que ha dado el propio Gobierno en respuestas escritas".
Como también ha recordado su defensora, el decreto establece un plazo de un año para la adaptación de su articulado al personal estatutario de los servicios autonómicos de salud, pero los sindicatos que integran el Ámbito de Negociación sanitario ya le dijeron la semana pasada al Ministerio de Sanidad que ese plazo es excesivo, e instaron al departamento de Carolina Darias a adoptar medidas urgentes para adaptar una norma tendente a combatir la temporalidad, el principal lastre laboral que, según los sindicatos, aqueja al Sistema Nacional de Salud (SNS).
El objetivo de ese plazo de un año, ha puntualizado Montero, es adaptar la norma a los sectores sanitario y educativo, "sin interferir en las peculiaridades de unos ámbitos que requieren un sistema de funcionamiento propio para garantizar la prestación de sus servicios". En este sentido, Montero ha recordado que sectores como el sanitario requieren de "un cierto margen de temporalidad".
Montero ha recordado también que la norma articula medidas que intentan poner coto al abuso de la figura de los interinos, mediante la publicación de las convocatorias de los procesos selectivos para la cobertura de sus plazas por personal fijo antes del 31 de diciembre de 2022. El sistema de selección será el de concurso-oposición, con una valoración en la fase de concurso de un 40% de la puntuación total, en la que se tendrá en cuenta mayoritariamente "la experiencia en el cuerpo, escala, categoría o equivalente", ha matizado la ministra de Hacienda.
Además, los aspirantes que superen la prueba pero no obtengan puntuación suficiente para hacerse con la plaza, podrán pasar a formar parte de una "bolsa de interinos", y quienes no tengan puntos suficientes para optar a alguna de esas dos opciones serán compensados con una indemnización de 20 días de sus retribuciones por año trabajado, hasta un máximo de 12 mensualidades. "Es decir -ha puntualizado la ministra de Hacienda-, una indemnización económica por todo el tiempo que han venido prestando sus servicios en esas condiciones de interinidad".
Figaredo, de Vox, le ha echado en cara a Montero que esa indemnización es "exactamente la misma que contempla la reforma laboral del PP que tanto critican ustedes y que se proponen derogar cuanto antes", y Pilar Vallugera, del Grupo Parlamentario Republicano, ha calificado directamente esa indemnización de "cicatera y mezquina", y fruto de "una reforma laboral del Partido Popular que ya no sabemos cómo decirle al Gobierno que derogue".
En el capítulo de reproches, el diputado de Vox también le ha recordado a Montero que la actual legislación ya establece "una serie de limitaciones objetivas para la contratación temporal, que los sucesivos gobiernos, del PSOE y del PP, se han saltado a la torera, pero el decreto que ponen ahora sobre la mesa no contempla ningún mecanismo de sanciones, en caso de que esas limitaciones se sigan incumpliendo. ¿Cómo pretenden hacernos creer ahora que las administraciones van a ser buenas cumplidoras?", se ha preguntado Figaredo.
En este sentido, Espejo-Saavedra, de Ciudadanos, ha recordado que fue en 2001 cuando Europa estableció la normativa que prohibía discriminar entre fijos y temporales, "y desde entonces se incumple sistemáticamente en nuestro país, con gente que ha firmado a lo largo de su carrera hasta 30 y 40 nombramientos como interino. Por tanto, no tenemos un problema derivado de la actual coyuntura, sino un problema estructural, de fondo, y la solución que plantea el Gobierno no es que se quede corta, es que es absolutamente ineficaz".
El Gobierno quiere ultimar la tramitación del proyecto de ley en octubre de este año
El portavoz de Ciudadanos ha recordado, además, que España ha sido "advertida, sancionada y multada" por parte de Europa "por el reiterado mantenimiento de esas situaciones de fraude", una situación que la propia Montero ha reconocido explícitamente al afirmar que "tanto la Comisión Europea como el Tribunal Superior de Justicia de la UE, han instado reiteradamente a España a solventar su problema de temporalidad laboral".
El trazo grueso tampoco ha estado ausente, claro, del debate parlamentario que cierra un curso especialmente bronco en el Congreso. El diputado de Vox le ha dicho abiertamente a Montero que el principal motivo por el que su grupo iba a votar en contra es porque "el Ministerio de Hacienda del Gobierno socialista de España está planteando el mayor ERE encubierto de la historia de España, al mandar a miles de servidores públicos a jugarse sus puestos en un concurso-oposición en la más absoluta inseguridad jurídica. Y me gustaría saber dónde está ahora la ministra comunista de este Gobierno, defendiendo un ERE que, además, afecta mayoritariamente a las empleadas públicas".
La "inseguridad jurídica" que ha mencionado Figaredo radica, según él, en que "la norma tienen que desarrollarla ahora las comunidades autónomas, como ha dicho la propia ministra, y no sabemos con certeza en qué sentido irá ese desarrollo legislativo".
En el apartado de objeciones en letra capitular, Pedro Quevedo, del Grupo Parlamentario Mixto, le ha dicho a la titular de Hacienda que la norma tiene "muchos visos de inconstitucionalidad y condena a los más de 800.000 empleados públicos interinos a someterse a un proceso de consolidación de plazas muy incierto y que va en contra de la normativa europea".
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En la misma línea, Albert Botran, del Grupo Mixto, avanzó el voto contrario de su grupo a lo que ha definido como Icetazo, y lo justificó por las propias "contradicciones internas" de la norma. "Se mantiene el fraude de ley por parte del Gobierno y, cuando se plantea arreglar esta situación, a instancias de las autoridades comunitarias, quienes pagan los platos rotos son los miles de interinos que llevan años en esta situación, y fundamentalmente las mujeres". Según Botran, "por mucho que diga este Gobierno, no era la única salida, y desde luego no es la opción que tomaría un gobierno que se autodefine como de izquierdas, porque prescindir de trabajadores públicos no es una opción progresista. No sobran trabajadores en el sector público y por eso votaremos que no".
Y a los continuos reproches al fondo de la norma, se une el suspenso que algunos grupos parlamentarios le han dado a las formas del Ejecutivo representado hoy por Montero. Mertxe Aizpurua, de GEH Bildu, le ha dicho a la ministra que el decreto lo han redactado y aprobado "sin contar con nadie, y lo han traído aquí esperando que se lo refrendemos. Se ampararán en que lo han pactado con la Mesa de Diálogo Social, pero será con el diálogo social de Madrid".
Según Aizpurua, la norma "lejos de atajar la temporalidad laboral en el sector público, aumenta la incertidumbre del colectivo de interinos, y nosotros les hemos hecho varias propuestas alternativas que no han tenido en absoluto en cuenta". Aun así, la diputada ha dejado una última mano tendida a Montero: "Si la aritmética parlamentaria les permite finalmente sumar y la norma se tramita como proyecto de ley, nos tendrán ahí para hacer propuestas que redunden en beneficio de la estabilidad laboral de los empleados públicos".
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