La jornada de 35 horas puede ser el as en la manga del Ministerio de Hacienda para llevar a su orilla la negociación salarial en el ámbito de la Función Pública. La última -y, según fuentes del ministerio de María Jesús Montero, definitiva- oferta de incremento salarial está por debajo de las expectativas sindicales, pero Hacienda persigue enjugar esa diferencia con la inclusión de varias medidas laborales, entre ellas "la eliminación de la limitación que impide la implantación plena de las 35 horas semanales", en el paquete negociador. Habrá que ver si así convence a los sindicatos, a los que ha convocado para una nueva reunión el próximo lunes, a las 12 horas.
De momento, el convencimiento sindical va por barrios. Mientras fuentes de UGT afirman que el acuerdo es "prácticamente seguro", el sindicato de Funcionarios CSIF sale al paso de las cifras de incremento que publicita el Ministerio de Hacienda, insiste en que la subida propuesta por el Gobierno es insuficiente y pide un "esfuerzo adicional" a la Administración. Entre tanto, CCOO se muestra cauta, celebra la inclusión del paquete adicional de medidas, pero deja claro que se mantendrá "vigilante". Hoy, los tres sindicatos trasladan la última propuesta del Gobierno a sus órganos de dirección y deciden con qué postura irán a la cita del lunes.
Hacienda concretó ayer su oferta de incremento salarial en un 7,5% en los próximos tres años, dando así carta de naturaleza al pacto plurianual que demandaban al unísono los sindicatos. La trampa es que, de ese 7,5, el aumento fijo sería solo del 6%; el 1,5% restante dependerá de la evolución del PIB y del IPC en el periodo que abarca el acuerdo. El desglose de la oferta gubernamental sería, pues, la siguiente: un aumento del 1,5% en 2022, un 2,5% en 2023 (más una variable del 0’5%, si el incremento de los años 2022 y 2023 hubiera quedado por debajo del IPC armonizado de esos dos años, y otro 0’5% adicional, en el caso de alcanzar un determinado incremento del PIB nominal) y otro 2% fijo en 2024 (más una variable del 0,5%, si el incremento retributivo de los tres años fuese inferior al dato del IPC acumulado).
Hacienda incluye en su oferta de subida el 2% de incremento que ya se pactó a principios de año
Fuentes de CSIF apuntan que Hacienda eleva la oferta de incremento hasta el 9,5%, porque al 7,5% (que también es un porcentaje máximo para el periodo de negociación) suma el 2% de incremento salarial que ya se aprobó a principios de año, de forma que, a juicio del sindicato de funcionarios, mayoritario en el sector público, "no es riguroso incorporarlo a la nueva subida". De ahí que el sindicato que preside Miguel Borra, y que ya convocó una manifestación el pasado sábado en Madrid, insista en que la oferta es insuficiente, "teniendo en cuenta los datos de la inflación y la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores", y pida un "último esfuerzo" al Gobierno.
Con los nuevos porcentajes sobre la mesa y a falta de consultar a sus órganos decisorios, fuentes de UGT avanzaron, sin embargo, que el acuerdo es "prácticamente seguro". "Reclamábamos del Gobierno un esfuerzo adicional que garantizara de verdad, o hasta el límite de las posibilidades, la amortiguación de los efectos negativos de la inflación para tres millones de empleados públicos. Hoy ha habido un avance muy significativo, que, teniendo como objetivo esa amortiguación, nos parece razonablemente realista. Con toda probabilidad, el mayor órgano de decisión de la Federación de UGT Servicios Públicos le dará mañana [por hoy] el visto bueno" dijo Julio Lacuerda, secretario general de la Federación de UGT Servicios Públicos.
El dirigente de UGT no quiso desaprovechar la ocasión para lanzar un mensaje a la CEOE, en referencia al bloqueo de las negociaciones abiertas entre patronal y sindicatos para actualizar los convenios colectivos, y que, de momento, se ha concretado en una huelga, convocada por UGT y CCOO para el 3 de noviembre. "La CEOE y las patronales, en lugar de seguir haciendo caja, deberían entender que también tienen un responsabilidad en la buena marcha de la economía, que siempre, por desgracia, se traduce en los momentos de crisis en pérdidas de empleo, cierres de empresa y empobrecimiento general de la población", dijo Lacuerda.
La eliminación de trabas para recuperar en la Administración Pública la jornada de 35 horas es la moneda de cambio con la que Hacienda parece jugar ahora para intentar convencer a los sindicatos de que moderen sus peticiones de incremento salarial. Sobre el papel, esta medida la pueden aplicar ya las comunidades si cumplen con sus objetivos de déficit, pero la heterogeneidad de su implantación en el Sistema Nacional de Salud (SNS) evidencia las reticencias de muchas autonomías.
UGT reiteró ayer a Calzón que el SNS debe recuperar las 35 horas sin excepciones
Mientras comunidades como Asturias, Cantabria, País Vasco, La Rioja, Castilla-La Mancha, Andalucía, Extremadura y Canarias la negociaron en su momento en sus respectivas mesas sectoriales, el resto de las comunidades mantienen la jornada de 37,5 horas que se implantó en el sector público con la entrada en vigor de la Ley 2/2012. En su disposición adicional 71, esa ley, que entró en vigor con el Gobierno de Mariano Rajoy, dejaba claro que la jornada general de trabajo del personal del sector público no podría ser inferior a 37,5 horas semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual, sin incremento retributivo alguno. Desde entonces, los sindicatos han lidiado en sus mesas sectoriales para volver a las 35 horas con desigual fortuna.
De hecho, horas antes de que los sindicatos de clase se reunieran ayer con Hacienda en la Mesa de Función Pública, Ana Francés, secretaria de Salud de UGT Servicios Públicos, mantuvo un encuentro con Silvia Calzón, secretaria de Estado de Sanidad, y Celia Gómez, directora General de Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad, en el que les traslado, de nuevo, su reclamación de una implantación "real y efectiva" de la jornada de 35 horas en todo el SNS, sin excepciones.
"Se trata de recuperar un derecho que, sin duda, mejora sustancialmente las condiciones laborales de los trabajadores sanitarios, y que favorece un incremento de miles de profesionales a las plantillas, tan infradotadas actualmente por culpa de una década de tasas de reposición y de recortes presupuestarios abusivos", dijo la secretaria de Salud de UGT tras su encuentro en el ministerio.
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