A pocas horas de que la Mesa General de la Función Pública inicie esta tarde una peliaguda negociación con los sindicatos sobre la subida salarial de los empleados al servicio de la Administración Pública (incluidos los sanitarios), CCOO y UGT coinciden en que, más allá de propuestas salariales concretas y "filtraciones interesadas", a los sindicatos solo les vale una cosa: que el acuerdo que se alcance tenga carácter plurianual y, al margen de la mejora salarial que se pacte, incluya otros aspectos "que garanticen el mantenimiento del poder adquisitivo de los trabajadores y el mantenimiento de la calidad de los servicios públicos".
Los secretarios generales de UGT y CCOO, Pepe Álvarez y Unai Sordo, respectivamente, han salido así al paso de la información publicada hoy por El País, que avanza la posibilidad de que el Gobierno ponga esta tarde sobre la mesa una propuesta de subida salarial del 3,5%. Aunque los dirigentes sindicales no han querido entrar en "una guerra de porcentajes", sí han dejado caer alguna pista: la propuesta de subida salarial que ellos plantearon en mayo a la CEOE para los convenios colectivos de las empresas estaba, precisamente, en ese 3,5%. Entonces, la inflación subyacente en España (sin los precios de la energía ni los alimentos no elaborados) estaba en el 4,9%. Esta tarde, cuando Administración y sindicatos se vean las caras en la Mesa de Función Pública, la inflación interanual está ya en el 10,5% y la subyacente se ha disparado hasta el 6,4%. A buen entendedor...
De hecho, el inicio de la negociación con el Gobierno coincide hoy con el anuncio de ambos sindicatos de un calendario de movilizaciones ante la paralización del diálogo con la CEOE, por lo que ambos sindicatos califican de "absoluta cerrazón de la patronal. "España es un atípico; somos el segundo país de la Unión Europea por la cola en aumento de salarios en 2022 (un incremento medio del 2,8%) y en absolutamente ningún país la negociación colectiva está paralizada", asegura Álvarez.
Las movilizaciones anunciadas hoy por CCOO y UGT para el sector privado comenzarán el próximo 7 de octubre, coincidiendo con la Jornada Mundial por el Trabajo Decente [promovida por las confederaciones Sindical Internacional y Europea de Sindicatos], con concentraciones en todas las sedes autonómicas de la CEOE, y seguirá una semana después, el 14 de octubre, con asambleas informativas en los centros de trabajo y reparto de manifiestos en las calles. De momento, la campaña culminará con una "gran manifestación" en Madrid el 3 de noviembre.
Indirectamente, parece muy claro el aviso a navegantes que Álvarez y Sordo lanzan al Ejecutivo de Pedro Sánchez horas antes del inicio de la negociación en el sector público. Un aviso que se suma a la manifestación convocada el pasado sábado en Madrid por CSIF, el sindicato más representativo del sector público, en la que su presidente, Miguel Borra, insistía, como hoy CCOO y UGT, en la "absoluta necesidad" de un acuerdo plurianual, en una subida salarial con efecto retroactivo (para recuperar el poder adquisitivo perdido desde el año 2010) y en la implantación de la jornada de trabajo de 35 horas en las administraciones públicas, precisamente una de las propuestas que, según las filtraciones previas, podría plantear hoy Función Pública para compensar una subida que, sobre el papel, no se acercaría al planteamiento de salida que llevarán los sindicatos a la mesa negociadora.
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