El mensaje es unánime: los procesos de estabilización necesitan garantías jurídicas. Y en ese sentido, para los sindicatos sanitarios existen bastantes dudas respecto al acuerdo de criterios comunes en el proceso de estabilización entre el Ministerio y autonomías. E independientemente de que les parezcan más o menos justos, lo que quieren los sindicatos es que las comunidades sigan una serie de recomendaciones que luego en la práctica no torpedeen el proceso para terminar con la temporalidad.
Uno de los aspectos más llamativos de este acuerdo de recomendaciones, que oficialmente es un borrador y aún debe ser analizado por la Abogacía del Estado es que en el concurso de méritos, que afecta a más de 60.000 plazas convocadas, la experiencia acumulada en la comunidad donde ejerza el candidato valdrá la mitad en cualquiera de las 16 autonomías restantes.
Es decir, que si oposita en su servicio de salud, puede obtener hasta 70 puntos en concepto de "méritos profesionales"; si se presenta en otro, esa misma experiencia sólo valdrá 38,5 puntos (un 55% del total). También las comunidades "premiarán" a sus interinos en caso de empate.
Además, para evitar este trasvase de profesionales, y que sigan quedando plazas vacantes, el acuerdo recomienda prohibir durante dos años las comisiones de servicio tras la toma de posesión de los candidatos.
En cualquier caso, el documento indica que los porcentajes definitivos de cómo se valorarán los méritos dependen de la negociación en cada servicio de salud.
Un análisis jurídico sólido
Tomás Toranzo, presidente de CESM, explica a Diario Médico que el criterio de las comunidades se basaría en una sentencia del Supremo en la que se considere justificado que se valore de distinta manera el trabajo para la administración autonómica de Baleares y la local.
¿Es trasladable esa sentencia al ámbito sanitario? "Albergamos dudas", reconoce Toranzo, "pero hay tiempo para emitir un informe jurídico serio y sólido, no solo llegar a un consenso y la referencia a una sentencia", explica el médico.
El presidente de CESM argumenta que "el SNS no es igual que las administraciones locales. Aquí las categorías están homologadas, se garantiza la movilidad, se trata todo igual. Lo que no puede hacer la Administración es que para un caso seamos todos iguales y para otro, todos distintos".
En cualquier caso, "los competentes de las convocatorias son los servicios de salud, que tendrán que someterlo a negociación. Cuantos más criterios comunes, mejor, más igualdad", defiende.
UGT también hace un llamamiento a que el proceso y las convocatorias autonómicas se desarrollen "con la máxima garantía jurídica".
Rosa Cuadrado, responsable de Acción Sindical de Sanidad de CCOO, recuerda que el proceso de estabilización, nacido de la Ley 20/2021, "se ha creado para facilitar la estabilización de personas que han estado en precario durante años y lo que se debe garantizar es que el proceso se complete y las personas se integren en sus puestos de trabajo, sin un maremágnum de impugnaciones y demandas que imposibiliten bajar la temporalidad a menos del 8%".
Hay que recordar que la Ley de Temporalidad no solo establece el objetivo de reducir el número de interinos sobre plazas de plantilla a ese 8%, sino además cerrar todos los procesos antes de diciembre de 2024. Y eso puede ser muy complicado que se bloquean por sentencias jurídicas, o sus efectos de revierten a posteriori.
Experiencia en diferentes autonomías
Aunque Cuadrado señala que hay jurisprudencia que precisamente indica que no se puede considerar la misma categoría de diferente manera, la portavoz señala que en última instancia, lo importante "es que se haga con el criterio que sea, pero que se garantice la máxima seguridad jurídica". Reconoce que "en estos procesos, como pasó en al OPE de 2001, hay tanta variabilidad y circunstancias singulares, que ninguna van a cubrir la expectativas de todo el mundo".
Sobre la medida de dar la mitad de puntos al profesional que provenga de otra comunidad, señala que en la práctica es posible que muchos candidatos aporten méritos de varios servicios de salud, "porque la gente se ha ido donde había trabajo".
En cualquier caso, la portavoz de CCOO alerta de que "esas recomendaciones pueden tener difícil encaje con los pactos que tienen algunas comunidades acerca de los procesos selectivos".
En opinión de Mariano Barona, portavoz de Satse, esa diferenciación "es difícil de sustentar". "Es esencial que la OPE cumpla el objetivo de reducir la temporalidad pero se deben garantizar también los principios de igualdad, mérito, capacidad y libre concurrencia. Hay gente que está trabajando en otros servicios de salud que se le está castigando si le das mayor puntuación a los que están dentro que a los que vienen de fuera".
Sin embargo, Barona no descarta que haya más cambios, ya que asegura que un anterior borrador proponía "pedir a los aspirantes que firmaran una declaración jurada afirmando que solo iban a participar en uno de los servicios de salud. Eso, que era muy contradictorio con lo que decía la ley 20/21, que indica que no puedes restringir la concurrencia, ha desaparecido en este nuevo borrador".
Fernando Hontangas, presidente de Sanidad de CSIF, critica que "si este acuerdo hubiese sido un tema de negociación del Ámbito, nosotros no lo hubiésemos aprobado. Vemos cosas impugnables, que crean mucha inseguridad jurídica, aunque todo dependerá de cómo salgan las convocatorias de las autonomías, que son quieren tienen la competencia".
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