La ley de eutanasia, que entrará en vigor el próximo 25 de junio, contempla entre otros aspectos dos mecanismos clave para su desarrollo: las comisiones autonómicas de Garantía y Evaluación y los registros de sanitarios objetores.
La jornada análisis médico-jurídico de la ley de eutanasia, organizada esta semana por la Comisión de Deontología del Colegio de Médicos de Alicante (COMA), puso de manifiesto que existe escasez de información oficial sobre la situación actual de ambas herramientas entre los colectivos profesionales, pero también la impresión de que las Administraciones van apuradas de tiempo, lo cual coincide con lo que se deriva del análisis realizado por las mismas a Diario Médico.
Ante esta situación, se hizo hincapié en que la propia ley contempla la posibilidad de que sean los colegios de médicos quienes asuman el papel de desarrollar los necesarios registros, una opción que los mismos también ven con factible.
Según Vicente Magro, magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, la entrada en vigor de la ley “puede que nos pille con el pie cambiado, como ha ocurrido con otras muchas leyes”. Y en ese contexto de urgencia, recordó que “el artículo que desarrolla el registro establece la posibilidad por convenio de transferir la competencia y responsabilidad al colegio de médicos”.
En este sentido, Magro expuso que participó la semana pasada en una jornada en Canarias, donde los responsables sanitarios de la autonomía brindaron esa oferta de participación a los colegios, señalando que en su opinión pueden hacerlo perfectamente “por su facilidad de acceso” a los profesionales, entre otros aspectos.
José María Domínguez Roldán, presidente de la Comisión de Ética y Deontología del Colegio Oficial de Médicos de Sevilla y miembro de la Comisión Central de Deontología del CGCOM, y María Isabel Moya, presidenta del COMA, coincidieron en esa visión. Domínguez apuntó que “en Sevilla ese registro va a existir”, al margen del que pueda poner en marcha la Administración.
En su opinión, “aunque el responsable clínico, el director del área hospitalaria, el jefe de Servicio... tienen que saber quién es objetor de forma genérica o en determinado caso, y la Administración evidentemente puede tener su registro”, la realidad es que mientras todos ellos pueden cambiar o ser sustituidos, “los colegios tenemos un principios, como el de confidencialidad o confianza, que seguro que no vamos a romper”.
Moya añadió que “los colegios de médicos estamos por la labor de ayudar y colaborar con la Administración”, pero la realidad actual es que mientras “en Alicante ya hay médicos que nos están llamado para declararse objetores de conciencia, no sabemos absolutamente nada sobre la ley por parte de la Consejería de Sanidad”. Ante la duda planteada por Moya si ese registro sería válido y daría cobertura, Magro insistió en que sería perfectamente legal. En este sentido, Domínguez recordó la situación que se produjo con la ley del aborto y el registro de objetores del Colegio de Médicos de Navarra: “Aunque al final no se desarrolló, ese precedente existe y está incluido dentro del marco normativo legal”, aseveró.
Cambios
Por otra parte, Fernando Rodes, médico forense del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Alicante y miembro de la Comisión de Deontología del COMA, expuso que con la nueva ley “deberán realizarse modificaciones en los actuales documentos de instrucciones previas/voluntades anticipadas”.
A modo de ejemplo, señaló que el anexo 1 del RD 168/2004, de 10 de septiembre, del Gobierno valenciano, recoge un modelo de documento de voluntades anticipadas en el que se contemplan “directrices no equiparables” con la eutanasia, como que “no sean aplicadas o bien que se retiren si ya han empezado a aplicarse medidas de soporte vital o cualquier otra que intenten prolongar la supervivencia”, o que “se instauren las medidas que sea necesarias para el control de cualquier síntoma que pueda ser causa de dolor o sufrimiento”, entre otras.
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