La vacunación contra la covid ha pisado el acelerador. La última actualización de la estrategia nacional de vacunación incluye a la población hasta los 12 años. La ministra de Educación, Isabel Celaá ha adelantado este jueves en una entrevista en televisión, que "por cuestiones logísticas", el Gobierno quiere vacunar a los alumnos en la primera semana de septiembre.
Llegados a este punto, Carmen González, catedrática de Derecho Civil de la Universidad de Castilla-La Mancha y responsable de formación del despacho Moreno Boj & Equipo, recuerda el marco normativo que ampara a los menores y a sus padres ante el plan de vacunación contra la covid-19.
Presunción de madurez
En principio, la estrategia de vacunación ha fijado la última frontera de la inmunización a la edad de 12 años y no ha sido casual. González recuerda que la ley fija en los doce años cumplidos la edad a partir de la que cual hay una "presunción de madurez" del menor. De este modo, el alumno de 12 años y mayor consiente ser vacunado por el mero hecho de asistir al lugar y en el tiempo que se le indica para recibir la vacuna. Se presupone que lo hace de una manera libre y consciente.
Así, no se requiere la intervención de los padres ni de los tutores legales. Sin embargo, de acuerdo con lo que señala González la situación es diferente cuando la vacunación alcance al grupo de menores de 12 años, donde la autorización paterna explícita parece un requisito evidente.
Pero ¿pueden los padres negarse a que vacunen a sus hijos? La catedrática responde: "En España negarse a vacunar a un hijo no sería causa de declaración de situación de desamparo del menor. Es decir, no conllevaría la intervención de los poderes públicos en el seno familiar por considerar que se está tomando una decisión en contra del interés legítimo del menor".
Sin embargo, esa evidencia legal puede ser cuestionada. "Cuando la vacunación contra la covid se convierta en una pauta sanitaria -y esto ocurre cuando las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad establezcan pautas de vacunación para el covid-19 de menores-, la Ley orgánica 8/2021 de protección de la Infancia y la adolescencia determina que si los padres no siguen pautas sanitarias establecidas de forma reiterada pueden crear una situación de riesgo para el menor que active la intervención de los poderes públicos en la decisión familiar". Esto se traduce en imponer la vacunación en contra del criterio de los padres o tutores.
Autos judiciales que imponen vacunar
En los dos últimos años, un juzgado de Vigo y otro en Barcelona han impuesto la vacunación a menores de acuerdo con el calendario vacunal de su territorio como requisito previo a la inscripción en una guardería y en contra del criterio familiar. La vacuna contra la covid también se ha inoculado en contra de la opinión de los afectados o sus representantes legales. Estas situaciones se vivieron en residencias de ancianos donde los hijos o tutores de estos ancianos negaron la vacuna y un auto judicial terminó imponiéndola. No eran niños, si no ancianos, pero Carmen González recuerda estas situaciones poco sin similares.
Entonces, ¿qué posibilidades hay de que, si el progenitor no quiere vacunar a su hijo, no le vacunen? González responde: "Si fuera estos padres alegaría lo mismo que consideró la Fiscalía de la Sala Civil del Tribunal Supremo en su dictamen del 24 de febrero de 2021, en relación a la imposición de la vacunación de los ancianos en residencias". Entonces, la Fiscalía dijo en su dictamen que "en tanto la ley no establezca la obligación de vacunarse, no cabe invocar razones genéricas de salud pública o específicamente basadas en la vulnerabilidad de un determinado grupo de personas para justificar la administración forzosa de la vacuna".
En definitiva, la razón que puede dar la Administración sanitaria de turno para vacunar a un niño es que "hay un riesgo inherente al contagio". Sin embargo, estas razones tan genéricas no servirían, según lo recogido por la Fiscalía que adelanta: "Si el propio legislador somete la administración de la vacuna a un régimen de libertad no se pueden alegar razones de salud pública para imponerla".
Otra cuestión sería, apunta la experta, que un pediatra recomendara inmunizar contra la covid-19 a un niño concreto por su especial vulnerabilidad "algo poco probable, porque los niños parecen que sufren menos el virus", recuerda la catedrática. Pero, si se da esa especial vulnerabilidad con la indicación explícita del pediatra y aun así los padres rechazan la vacuna podría darse la situación de riesgo para el menor que recoge la Ley 8/2021, con la consiguiente intervención judicial imponiendo la inmunización por el bien del niño.
En definitiva, la González resume: "Los padres se pueden negar. No es una vacunación obligatoria y sin una consideración específica sobre la especial vulnerabilidad del niño, no cabría imponer esa vacunación". De acuerdo con el informe de vacunación del Ministerio de Sanidad de este jueves, 17 de junio, hay 2.532 jóvenes de 16 y 17 años inmunizados en España.
Carmen González está participando estos días en el V Congreso Nacional de Comunicación con el Paciente y su Familia que se celebra en un formato semipresencial. Este encuentro, referente en el sector, retoma su cita anual tras una obligada interrupción por la pandemia. Las mesas de debate se centran en la discusión y el estudio de la necesidad de fomentar la comunicación del paciente con su familia en todos los ámbito desde una perspectiva multidisciplinar. Participan psicólogos, juristas, médicos, catedráticos de comunicación, representantes de colegios de médicos, farmacéuticos y enfermeros.
El Congreso nació en 2012 en Albacete a iniciativa de Elías García Grimaldo, cirujano del Hospital Universitario de Albacete. En esta, su quinta edición, se centra en las relaciones entre el paciente y su familia en el ámbito de las personas mayores en la etapa del covid y poscovid, "porque las barreras a la comunicación han impactado de forma extraordinaria en la posibilidad de comunicar con estas personas", explican desde la organización.
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