La batalla no ha terminado, como repite hasta la saciedad el Comité Organizador de la Plataforma FSE Unida, que agrupa a buena parte de los MIR que este año eligen su plaza de formación especializada, y buena prueba de ello es que a la lucha en los despachos (vía negociaciones con el Ministerio de Sanidad) y en la calle (las dos manifestaciones que, de momento, han recorrido las calles de Madrid) se suma -o se mantiene, más bien- la pelea en los juzgados.
FSE Unida ha anunciado que mañana "a primera hora" solicitarán formalmente ante la Audiencia Nacional la adopción de medidas cautelarísimas contra la nueva resolución hecha pública el viernes por el Ministerio de Sanidad. De prosperar la solicitud, el proceso de adjudicación de plazas debería suspenderse momentáneamente, al menos en los términos que recoge la resolución ministerial.
"La resolución que publicaron el viernes no es más que una mera modificación de la que ya habían hecho pública el pasado 12 de mayo [publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del 19 de mayo] y no recoge varios de los puntos que ellos mismos habían planteado, así que recurriremos a la Audiencia Nacional para proteger nuestros derechos ante lo que consideramos un proceso injusto y opaco", asegura Alejandro Cuéllar, coordinador de FSE Unida.
Los MIR ven justificada la "urgencia", ya que la adjudicación empieza en 7 días
El coordinador de la plataforma de residentes hace referencia, entre otras cosas, a los turnos de elección que el ministerio se había comprometido a mantener en la propuesta que firmó el director general de Ordenación Profesional, Vicenç Martínez. Sobre el papel, esos turnos, que se extenderían entre el 21 de junio y el 10 de julio, serían de 400 electores cada jornada, pero la resolución del viernes deja claro que a partir del número de orden 6.400 los turnos se amplían a 500 personas diarias, pasan posteriormente a 600, y el último día -a partir del elector que tenga el número de orden 8.001- se amplían hasta nada menos que 2.805 candidatos.
La nueva resolución ministerial tampoco hace mención alguna a otros de los compromisos explícitos que sí aparecían en el documento firmado por el director de Ordenación Profesional: la paralización del proceso de adjudicación en caso de que se detectase algún problema y la constitución de una comisión de seguimiento -formada por Administración y MIR- para subsanar posibles errores.
La medida judicial que ahora anuncia FSE Unida se suma a las dos iniciativas que el mismo viernes -horas después de hacerse pública la resolución ministerial- decidió adoptar el Comité Ejecutivo del sindicato CESM: un recurso de alzada por vía administrativa contra esa resolución, acompañado de otra petición de medidas cautelarísimas, con vistas a la suspensión inmediata del proceso de adjudicación en los términos que recoge la nueva norma publicada en el BOE.
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Las medidas cautelarísimas se solicitan en circunstancias de especial urgencia, lo que repercute en una aceleración de los plazos y del procedimiento de otorgamiento. Si la Audiencia Nacional admite la existencia de esa situación de urgencia y contempla, además, la necesidad de otorgar la medida cautelar, podría hacerlo inaudita parte, es decir, sin escuchar al demandado: en este caso, el Ministerio de Sanidad. FSE Unida y CESM entienden que la "urgencia" está perfectamente justificada en este caso, ya que el proceso de adjudicación de plazas MIR comenzaría, según el calendario de la resolución, dentro de apenas 7 días naturales.
Una de cal y otra de arena
En el caso de la convocatoria MIR de este año, los antecedentes más inmediatos no juegan a favor de los demandantes, ya que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid rechazó el pasado 26 de mayo aprobar las medidas cautelarísimas inaudita parte que el sindicato CESM había solicitado contra la resolución ministerial del pasado 12 de mayo.
En su dictamen, el TSJ estimó entonces que no concurrían los requisitos legales necesarios para adoptar las medidas cautelarísimas que pedía el sindicato profesional sin haber interpuesto previamente un recurso contencioso-administrativo. En este caso, CESM se ha cubierto las espaldas interponiendo el recurso previo que el TSJ de Madrid echó de menos en su momento.
El antecedente más inmediato a favor de los demandantes también tiene como parte demandada al Ministerio de Sanidad. El pasado 7 de junio la Audiencia Nacional aceptó el recurso de la Comunidad de Madrid contra el semáforo de medidas de obligado cumplimiento que impulsó Sanidad en el Consejo Interterritorial y que acabó siendo aprobado por este órgano. Madrid hizo pública su oposición al acuerdo, junto a otras comunidades autónomas, y solicitó la adopción de medidas cautelarísimas para paralizar de forma inmediata la entrada en vigor de las medidas.
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