En el Día mundial de la toma de conciencia del abuso y maltrato en la vejez", que se celebra este martes, 15 de junio, Amnistía Internacional ha urgido a incluir cambios legislativos que protejan los derechos humanos de las personas mayores en residencias para que "no sean abandonadas a su suerte nunca más".
En España, desde el comienzo de la pandemia, han fallecido 29.628 personas que vivían en residencias de mayores, según datos oficiales del Ministerio de Sanidad disponibles hasta el 6 de junio. Los que murieron durante las primeras semanas que siguieron a la declaración del Estado de Alarma merecen especial atención, porque lo hicieron, en muchos casos, sin recibir asistencia sanitaria.
El abogado Carlos Sardinero, experto en Derecho Sanitario y doctor en Medicina y Derecho, conoce el drama de cientos de ellos y lo recuerda en esta entrevista con Diario Médico. A la puerta de su despacho, Sardinero Abogados, llamaron cientos de personas, familiares de ancianos fallecidos en residencia. En septiembre del año pasado contabilizaba unas 300 personas, una cifra que se ha reducido hasta algo más de un centenar de casos, la mayoría de ancianos fallecidos en residencias de la Comunidad de Madrid, la mayoría sin recibir atención médica.
Pregunta: ¿Cree que la sociedad se ha olvidado de las muertes de ancianos en las residencias?
Respuesta: Sí, y eso es lo peor de todo. Creo que la sociedad ha sufrido mucho durante la pandemia desde muchos puntos de vista. Y es verdad que en un momento determinado pusimos el acento sobre la población vulnerable, pero creo que corremos el riesgo de olvidarlos. No hemos creado conciencia de lo que ha ocurrido y no nos hemos sensibilizado. Corremos el riesgo de olvidar violaciones de derechos humanos y que se puedan volver a repetir. Lo pero de todo, lo peor de todo es el olvido.
P.: De los relatos que le han contado los familiares de esos ancianos que fallecieron en las semanas posteriores a la declaración del Estado de Alarma. ¿Con qué se queda?
R.: Hubo familiares que llamaron a los Bomberos a la Guardia Civil... Ellos solo querían sacar a su abuelo, a su padre... de la residencia. Y, cuando después de hacer todos esos esfuerzo, no lo consiguen y en la siguiente llamada que hacen al centro les dicen que su ser querido ha fallecido, pues... Estos ancianos murieron sin recibir la asistencia que merecían como beneficiario de la acción protectora de la sanidad pública.
El olvido crea mucho daño, porque, al final, es como si nada de eso hubiera sucedido
Hubo una violación de derechos humanos y eso es lo que los familiares de estos ancianos que reclaman deben afrontar y lo que, como sociedad, debemos afrontar y no olvidar. El olvido crea mucho daño, porque, al final, es como si nada de eso hubiera sucedido. Lo mejor que podría suceder es que esto sirviera para tomar conciencia de cómo afrontar una situación de este tipo, pero, para eso, hay que reconocer el error.
P.: ¿Qué piden las familias en sus reclamaciones?
R.: Lo más importante, que se reconozca que se actuó mal con sus seres queridos. Que así no se trata a un abuelo. Ni a tu abuelo ni al mío. Que se valore con justicia la realidad de lo que sucedió. Por eso les está haciendo mucho daño cuando las administraciones públicas se ponen de perfil y dicen "no" o "tú más". Eso les está haciendo mucho daño. Cuando dicen: "no es es mía la responsabilidad es del otro". Buscan que se valore con justicia lo que sucedió.
P.: Cuando hace algo menos de un año le entrevistamos en este periódico, acusó a la Fiscalía por no abrir investigación contra la sucedido en las residencias. Sin embargo, este martes la Fiscalía de Madrid ha abierto la sexta investigación contra responsables de residencias de ancianos por su gestión en la pandemia de coronavirus, en concreto contra la responsable y la auxiliar de un centro de Pozuelo de Alarcón a las que imputa cuatro homicidios imprudentes en un centro en condiciones "deplorables". ¿Considera estas actuaciones como una buena noticia?
R.: La Fiscalía de Madrid está haciendo algo más, pero no frente a todos los que debería hacerlo. Puede que haya responsabilidad de los responsables de determinados centros y residencias de ancianos (no de todos), porque consideraron que los ancianos no podían salir de sus centros y se convirtieron en una prisión. No hay que olvidar que esos centros son hogares y de ninguna manera pueden simular un hospital. Entonces, hubo personas que quisieron sacar extraer a esas personas, a sus seres queridos de esas residencias y se lo impidieron.
Pero creo investigar a los titulares de estas residencias no es suficiente y, además, es desviar la atención sobre aquellos a los que los afectados, las víctimas, consideran verdaderos responsables.
P.: ¿A quiénes consideran verdaderos responsables?
R.: Estos centros también actuaron guiados por unos protocolos que establecían unos criterios de exclusión, que se dictaron en algunas comunidades autónomas. En esos protocolos se excluían la posibilidad de hacer una derivación hospitalaria de los mayores que vivían en las residencias de determinadas comunidades autónomas. Esos protocolos se estuvieron aplicando de manera verbal hasta mediados finales del mes de marzo, en la primera ola.
Eran protocolos de exclusión por razón de edad y la presencia de una discapacidad de tipo cognitivo o físico. Creo que esto fue discriminatorio para personas que están en situación de vulnerabilidad. Hay juzgados que están investigando ya un posible delito de omisión del deber de socorro, de denegación de asistencia sanitaria, de homicidio por imprudencia profesional y también del delito de violación de derechos fundamentales,
P.: ¿En qué consiste el delito de derecho fundamentales?
R.: Consiste en denegar el acceso a un servicio público por razón de edad, por ejemplo, o por razón de enfermedad o de alguna discapacidad. Entonces, creo que no estaba justificado por razón de determinada edad establecer unos criterios de exclusión. Entre otras cosas, porque esos criterios se hacían, muchas veces, de forma enfrentada con el criterio del geriatra del centro que determinada la necesidad de esa asistencia hospitalaria. El geriatra reclamaba esa asistencia, dejaba constancia en la historia clínica de las llamadas que había hecho y el servicio público rechazaba el ingreso de esa persona.
"No se trata tanto de valorar si tenían posibilidades de supervivencia, como de valorar la vulneración de esos derechos fundamentales que se produjo"
Entonces, eso no se puede hacer. La discriminación cobró fuerza cuando se ha demostrado que personas con discapacidad y de la misma edad, pero que no vivían en residencias, sí tenían acceso a los servicios públicos. Por lo tanto, la Fiscalía debería centrar la atención no solo en la conducta y el comportamiento de los responsables de las residencias, si no en la conducta de los que emitieron unos protocolos que perjudicaron significativamente a estas personas. Porque no se trata tanto de valorar si tenían posibilidades de supervivencia, como de valorar la vulneración de esos derechos fundamentales que se produjo.
P.: Entonces, ¿cuál será el recorrido de esas denuncias de la Fiscalía?
R: Si esas denuncias llegan a sus últimas consecuencias en la búsqueda de la responsabilidad de todos aquellos que tuvieron capacidad de decisión y contribuyeron de forma significativa al fallecimiento de esas personas y a la vulneración de sus derechos fundamentales, pues sí eso va a servir de punta de lanza. De esa manera, sería una revolución muy importante y significativa a favor de esos derechos humanos vulnerados.
Sin embargo, si el Ministerio Fiscal se queda solo en buscar la responsabilidad de la parte más débil, de los titulares de la residencia, entonces, va a ser injusto, porque va a ser una justicia parcial, sin apuntar directamente a los verdaderos autores.
P.: En la Asamblea de la Comunidad de Madrid, la convocatoria de elecciones anticipadas cerró la comisión de investigación sobre lo ocurrido en las residencias y, según la información oficial, no parece que se vaya a reanudar el trabajo de esta comisión. ¿En qué medida eso puede influir en la exigencia de responsabilidad de los familiares de los fallecidos?
R.: Creo que perjudica la falta de transparencia en lo que sabemos que ha sido una mala gestión. Creo que la primera parte de la solución de un problema es detectarlo y asumir que lo tienes. Si no asumes que tienes un problema, nunca lo vas a poder solucionar. Si alguien se pone de perfil y no afrontas el problema, crea, por lo menos, la posibilidad de que ese problema, en el futuro, antes cualquier situación análoga, se vuelva a presentar y genera la misma injusticia y no resolverlo. No se trata tanto de buscar responsables como de buscar soluciones y aceptar el problema.
A mi, desde el punto de vista jurídico, creo que es un daño moral añadido, pero nada más. No va a perjudicar la marcha del procedimiento, porque las víctimas saben bien cómo afrontar este silencio jurídicamente. Hay mecanismo legales para saltar de la administración tanto central como autonómica, como la que corresponda, a la Administración de justicia.
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P.: Antes de llegar a los tribunales, la reclamaciones deben agotar la vía administrativa, es decir, obtener una respuesta de la Administración autonómica. ¿Ha recibido alguna contestación ya?
R.: La respuesta que estamos recibiendo, de momento, de la Comunidad de Madrid determina que la Consejería de Asuntos Sociales es la máxima responsable y, por lo tanto, está dejando en suspenso esos expedientes, hasta que se pronuncie la Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid.
Con esta manera de actuar considero que la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid está confundiendo la responsabilidad solidaria con la cuestión prejudicial y son dos instituciones diferentes. Desde el punto de vista jurídico me sorprende esta postura que es la de la avestruz: no quiero afrontar este problema y le paso la patata caliente a otra consejería.
"Si la Comunidad de Madrid considera que hay responsabilidad en varias consejerías esto no supone que el procedimiento quede en suspenso"
Esto no tiene sentido, si la Comunidad de Madrid considera que hay responsabilidad en varias consejerías esto no supone que el procedimiento quede en suspenso. Supone, únicamente, que hay una concurrencia de culpas por responsabilidad de la Administración pública. La concurrencia de culpas no es solo de la Consejería de Sanidad, si no también de asuntos sociales, pero es que, además, nosotros también consideramos que hay una responsabilidad solidaria de la Administración central, del estado.
Hay una concurrencia de culpas, según lo que regula el artículo 33.2 de la Ley 40/2015 del Régimen Jurídico del Sector Público, que regula la responsabilidad concurrente de las administraciones públicas. Pero de ahí no se deduce dejar en suspenso un procedimiento y tengas que dictar una resolución de uno y después la del otro. Cuando eso ocurre, se deduce que la competencia es de la Audiencia Nacional, pero no que haya una cuestión prejudicial.
P.: La Comunidad de Madrid tiene mecanismos de resolución de conflictos extrajudicial, ¿le han propuesto someter sus casos a esa vía de medicación?
R.: No y tengo dudas de que esos mecanismos estén en vigor.
P.: De unos 300 casos de hace un año, se ha quedado llevando un centenar. ¿Por qué?
R.: Sí, llevo alrededor de cien víctimas en total en España, aunque muestra actividad se centra en la Comunidad de Madrid. Nosotros, mi despacho, podríamos haber llevado muchísimos más casos, pero rechazamos muchos porque analizamos reclamación por reclamación y no aceptamos reclamaciones multitudinarias. Me llegaron a proponer llevar hasta 3.000 casos a la vez. Pero en esas demandas conjuntas terminas hablando de política y no del caso concreto de cómo vivieron sus últimos días cada una de esas personas, la víctimas, cómo fallecieron y cómo lo han vivido sus familiares.
"Creo que los hechos fueron muy graves y cada familia merece que su caso sea abordado de forma individual"
Nosotros vamos caso por caso. Creo que los hechos fueron muy graves y cada familia merece que su caso sea abordado de forma individual, para poder valorar con justicia la realidad de los hechos y huir de cualquier planteamiento casi político. Defiendo que se debe hacer un planteamiento de daños, donde se analice el suceso, se acredite la mala praxis, el daño y la relación de causalidad entre la conducta contraria al deber objetivo de cuidado y el resultado dañoso. Y eso lo tienes que hacer caso a caso, porque si lo pretender abordar multitudinariamente creas un globo sin consistencia que se va a pinchar y se le van a caer todos los amarres. Por eso me he quedado con tan pocos casos en relación a los muchos que me llegaron.
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