Se suele vincular las agresiones a sanitarios, verbales o físicas, a pacientes individuales y/o algún familiar de estos en consultas, pero la realidad, en ocasiones, va más allá. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) de Cataluña ha denunciado públicamente esta semana que en la madrugada del lunes 18 de abril se vivió una situación "completamente dantesca" en el Hospital Vall d’Hebron de Barcelona: “Los Servicios de Emergencias Médicas trasladaron al hospital a una paciente de unos 20 años que llegó ya fallecida. El personal que estaba de servicio en Urgencias tuvo que vivir una situación angustiosa cuando decenas de familiares de esta mujer se personaron en el centro amenazando de muerte a todo el personal. Incluso se tuvo que dar aviso a todos los empleados que en aquel momento se encontraban en plantas para que bajo ningún concepto accedieran a la calle si no era por un motivo meramente laboral y/o urgente. Tuvieron que intervenir varias unidades de agentes de los Mossos d’Esquadra para que la cosa no fuera a mayores”.
Este sindicato, a raíz de ese gravísimo suceso, exige a la dirección del centro, el mayor hospital del Instituto Catalán de la Salud, que aumente las medidas de seguridad para garantizar la integridad de todo el personal, así como más medidas de seguridad en todos los centros hospitalarios de Cataluña.
Éste es un caso excepcional pero en absoluto aislado, tal y como comentaba en esta misma columna coincidiendo con el 12 de marzo, Día Europeo Contra las Agresiones a Médicos y Profesionales Sanitarios.
La Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, de reforma del Código Penal, introdujo una modificación en la redacción del artículo 550 que permitió pasar a considerar como actos de atentado los cometidos, entre otros, contra los funcionarios sanitarios que se hallen en el ejercicio de las funciones propias de su cargo o con ocasión de ellas.
Esa modificación constituye una importante herramienta legal para intentar paliar el problema, como también lo es el Protocolo sobre medidas policiales a adoptar frente a agresiones a profesionales de la salud (Instrucción 3/2017, de la Secretaría de Estado de Seguridad).
Pero, al parecer, no son suficiente. De entrar como Pedro por su casa en centros de primaria y hospitales hemos pasado a ver cada vez más control en puerta, a menudo con personal de seguridad privado, pero sigue habiendo centros sanitarios, tanto de zonas urbanas y densamente pobladas como rurales y despobladas, en los que sus trabajadores sienten inseguridad.
Parece de locos que se ataque a profesionales y equipos que están al servicio de nuestro bien más preciado, la salud, pero los casos que trascienden se suceden -¿cuántos quedarán sin denunciar ni registrar?-; y, cuando se dan, tienen efectos que pueden pasar factura sobre la salud y bienestar del personal afectado y sobre la calidad asistencial.
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