“Lo primero es no hacer daño” (primum non nocere) es una expresión atribuida a Hipócrates que recuerda al médico su deber de no causar daño al paciente. El excesivo consumo de medicamentos en países industrializados y sus efectos adversos sobre la salud, un problema descrito desde hace ya décadas, pone en duda que ese deber prioritario en la jerarquía de las obligaciones médicas se esté cumpliendo a rajatabla.
Aunque Gobierno central y CCAA suman medidas para tratar de controlar la alta medicalización de la sociedad española (por ejemplo, el Consejo de Ministros dio luz verde el pasado 16 de noviembre a la distribución de cerca de 26,9 millones de euros entre comunidades y ciudades autónomas para el Programa de desarrollo de políticas de cohesión sanitaria de formación para facultativos de Medicina, Odontología, Farmacia, Enfermería y de Educación Sanitaria de la población para favorecer el uso racional de medicamentos), y reducir así la factura en fármacos a cargo del Sistema Nacional de Salud (SNS), el problema es tan complejo y multifactorial que se resiste.
Entre las causas figura, de entrada, el proceso de envejecimiento demográfico (a más edad, más consumo de servicios sanitarios y fármacos), más rápido en España que en otros países de la Unión Europea. Pero también: el limitado tiempo de consulta en primaria, una gestión mejorable de las pruebas diagnósticas, la medicina defensiva, la presión comercial de la industria farmacéutica y también la del paciente por las soluciones rápidas (por ejemplo, pedir antibióticos para los resfriados).
Somos una sociedad altamente medicalizada, y no solo en patologías convencionales ni tampoco únicamente a causa de abusos por parte del prescriptor. Nuestra actual cultura adolece de una idea perversa desde el punto de vista sanitario: con pastillas se resuelve todo.
Al tener múltiples causas, el problema no puede ser abordado unidireccionalmente ni tampoco incidiendo únicamente en los prescriptores y los dispensadores.
Por supuesto que hay que racionalizar el uso de medicamentos introduciendo criterios de coste-efectividad que vayan desde la aprobación y financiación hasta la utilización (usará el fármaco solo quien lo necesita y lo usará bien).
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