Hay victorias que dejan regusto a derrota. El Pleno del Senado ha aprobado una PNL para instar al Gobierno a reparar a los afectados por la Talidomida con el apoyo del pleno de la Cámara Alta, excepto el de tres senadores.
En el texto refrendado se insta al Gobierno a cumplir "cuanto antes" la Ley 6/2018, de presupuesto generales del Estado para 2018, que en su disposición adicional quincuagésima sexta recogía los 20 millones de euros para indemnizar a los afectados por la talidomida y la obligación de recabar de Grümenthal [la compañía titular del fármaco que contenía talidomida con mayor distribución en España] la reparación económica del daño en cuantías adicionales a las ayudas previstas.
La moción pide el impulso del proyecto de real decreto para el reparto de las ayudas recogidas en la Ley 6/2018 y "proceder a pagarlas antes de que finalice el año 2022". Son indemnizaciones sobre las que se "analizará" las posibles exenciones fiscales y tributarias, según apunta el texto.
Una iniciativa de Esquerra
En definitiva, la moción que salió adelante, el pasado 10 de marzo, por mayoría del pleno del Senado, difiere en cuestiones importantes con el texto que elaboró Esquerra Republicana de Cataluña, con ayuda de la asociación de afectados por la talidomida Avite. La iniciativa de presentar esta moción en la Cámara Alta fue del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu y el documento inicial fue acordado con Avite.
La diferencia entre el primer documento y el que finalmente fue aprobado por el Senado radica en dos cuestiones fundamentales, caballo de batalla de los afectados. Por un lado, en los tiempos previstos para la indemnización y, por otro, en que estas ayudas estén exentas de tributación.
Este tipo de iniciativas tienen un valor simbólico importante al volver a poner de manifiesto la deuda pendiente que tiene el Estado con los afectos por la talidomida, además, de evidenciar el incumplimiento sistemático de los compromisos que políticos de distinto espectro ideológico han ido adquiriendo con este colectivo.
Una anomalía democrática inaceptable
En el debate que acompañó la aprobación de esta moción hay que destacar las disculpas de la senadora socialista Ana Belén Edo, que reconoció como "anomalía democrática inaceptable", que como país no se haya indemnizado todavía a las víctimas de este fármaco. Hasta 2009, las víctimas de la talidomida no aparecen en la agenda política.
En su discurso, Edo adelantó que las ayudas "están pendientes solo de los informes del Ministerio de Hacienda, Presidencia y dictamen del Consejo de Estado". "Se prevé su aprobación en pocos meses y después se abrirá otra vez el plazo para la solicitud de ayudas", destacó la senadora socialista que reiteró lo apuntado ya por su grupo sobre cómo se iban a indemnizar a los afectados: Se va a reconocer con 12.000 euros por punto de discapacidad producto de la talidomida, y por el momento solo quedan pendientes 61 expedientes de un total de 593 solicitudes.
Todos está siempre a punto de llegar, pero lo cierto es que todavía no se ha materializado nada, o casi nada, en cuanto al debido resarcimiento de los afectados. Por ese motivo, el abogado de Avite Ignacio Martínez se muestra decepcionado al ver que lo finalmente acordado por el Pleno del Senado "lleva hasta 2023 el pago de las indemnizaciones". Aunque el texto de la moción dice "a pagar antes de 2022", el abogado asegura que "esa afirmación, traducido al lenguaje político, supone, como pronto, en 2023". Con lo cual se pregunta dónde están los 20 millones de euros presupuestados en la ley de 2018.
Martínez lleva ya muchas batallas al lado de Avite libradas en tribunales, pero también en despachos. De esta experiencia, destaca otro pero al texto aprobado y este es la referencia a que se "analizará" las posibles exenciones fiscales y tributarias a las indemnizaciones. "Esto, en lenguaje político significa que no se va a hacer". El excepticismo de Martínez bebe del NO recibido de representantes del Ministerio de Hacienda hace pocos años, "cómo para olvidarlo".
Así las cosas, sin quitarle importancia a lo aprobado en el Pleno del Senado, donde estuvieron presentes representantes de la asociación, en estos momentos Avite tiene puestas sus esperanzas en el avance el pleito que estudia la Audiencia Nacional.
El litigio está en la fase de la práctica de la prueba, en el que la Audiencia está solicitando los expedientes de cada uno de los afectados que ha realizado el Comité Científico Técnico de la Talidomida, dentro del Instituto de Salud Carlos III. También está recabando los informes del Estado en los que se constate que se ha pedido a la farmacéutica una compensación para los afectados. "Recabar estos datos llevará su tiempo, pero a la Audiencia Nacional le darán los expedientes, algo que nosotros no hemos podido conseguir del Carlos III", asegura el abogado.
Este proceso comenzó hace un años, cuando aproximadamente 300 miembros de Asociación de Víctimas de la Talidomida en España (Avite) presentaron ante la Audiencia Nacional un recurso contencioso-administrativo contra el Estado. De la mano del abogado Martínez solicitaron casi 400 millones de euros en concepto de indemnización total, teniendo en cuenta que el Estado debía repercutir la mitad de esta cantidad a la farmacéutica.
La realidad, hasta este momento, es que el Gobierno lleva dos años y medio sin cumplir con la ley de presupuestos de 2018, que fijaba una cantidad de 20 millones de euros para indemnizar a los afectados por la talidomida. "La cifra es testimonial, pues si se indemniza a razón de 12.000 euros por puntos de discapacidad, la cifra puede superar sin problemas los cien millones de euros", recuerda el abogado. En la demanda, la cantidad solicitada sale de calcular en 24.000 euros cada punto de discapacidad de los denunciantes, la mitad debería abonarlos el Estado y la otra mitad la farmacéutica.
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