El presidente de Satse, Manuel Cascos, se ha dirigido por carta al ministro de Sanidad, Salvador Illa, para pedirle que aporte claridad e informe sobre las actuaciones que va a adoptar el departamento que dirige ante la decisión del Gobierno del PP en Galicia de propiciar que en las oficinas de farmacia se puedan realizar test rápidos de detección de la covid-19.
También ha trasladado a Illa que la decisión adoptada por la Consejería de Sanidad de Galicia ha generado una enorme preocupación e intranquilidad dentro del colectivo enfermero dadas las consecuencias que tiene para la seguridad y salud de los ciudadanos que pudieran optar, voluntariamente y sin criterio clínico, por realizarse este tipo de pruebas en las boticas, así como de todos los que acudan a estos establecimientos comerciales.
Precisamente por ello, Cascos ha preguntado al ministro de Sanidad sobre si su departamento ha sido consultado sobre esta decisión en materia de salud pública, si ha sido o no autorizada y, en todo caso, si la comparte.
"En caso de que Sanidad entendiese que no es la adecuada, le solicita también tener información sobre las actuaciones que el Ministerio tiene pensado adoptar al respecto", dicen desde Satse.
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No sin las competencias
En la misiva, Cascos ha incidido en que se trata de una prueba diagnóstica que se pretende hacer sin prescripción médica y reitera que debe ser realizada siempre por el personal sanitario que, como las enfermeras u otros profesionales de la sanidad pública, tiene la cualificación y competencias para hacerlo con plenas garantías y seguridad clínica.
"El hecho de permitir que los farmacéuticos realicen estas pruebas supone poner en riesgo la salud del conjunto de la ciudadanía. Además, estos establecimientos no reúnen las condiciones adecuadas de seguridad para garantizar la protección de los ciudadanos, de manera que estas pruebas se deben realizar siempre en centros de salud que cumplan las medidas de seguridad que impone la normativa sobre prevención de riesgos laborales. De esta manera, se evitaría la aparición y propagación de nuevos posibles focos de contagio y transmisión de la covid-19 entre la ciudadanía al incentivar el incremento sustancial de un número importante de personas en un mismo espacio que suele ser cerrado y limitado en su estructura y capacidad".
Manifiesto de la profesión
En un manifiesto de la profesión enfermera (ANDE, el Consejo General de Enfermería (CGE), Satse, la Conferencia Nacional de Decanos de Enfermería y algunas sociedades científicas) publicado la semana pasada, se puso sobre el tapete que los “intereses económicos y sus esperados beneficios para las farmacias privadas están detrás de esta iniciativa y no tanto el bien común o la salud pública”.
En el manifiesto también se recordó que “pese al maquillaje y la cosmética que adornan muchas farmacias y los bondadosos argumentos para administrar vacunas, se encuentra un negocio privado, que ya cobra su porcentaje en la venta de una vacuna y que proponen ahora, incluso administrarla y claro está, cobrar por ello”.
Desde la profesión enfermera también se explicaba que la necesaria autorización de una instalación sanitaria y la compleja formación para la administración de cualquier medicamento, incluidas las vacunas, “hacen inviables a las farmacias para este cometido, así como la falta de garantías de asepsia de estos establecimientos para este fin hacen impracticable cualquier planteamiento asistencial en su interior”.
Y recordaban que administrar vacunas no es una competencia farmacéutica y sí enfermera, “que también tiene la competencia de su indicación y la capacidad de realizar una observación posterior asociada de los posibles efectos secundarios (incluso de extrema gravedad requiriendo reanimación inmediata)”.
Además de la vacunación, de la gripe, el manifiesto de la profesión enfermera alerta de que las farmacias “pretenden realizar pruebas diagnósticas para detectar la covid-19”.
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