El amianto está detrás de los fallecimientos de trabajadores del Metro de Madrid, de Altos Hornos de Vizcaya o de explotaciones mineras. Los juzgados han dictaminado estas relaciones en más de una sentencia, justificadas en nutridos informes médicos de una evidencia científica incontestable.
Pues bien, la sentencia del Juzgado de lo Social número 2 de Madrid ha ampliado el perfil profesional del afectado por este agente cancerígeno, al afirmar que la muerte del conocido presentador de televisión José María Íñigo, por un mesotelioma pleural, se debió al amianto del que estaba rodeado durante sus primeros trabajos en Radio Televisión Española (RTVE). El presentador murió a los 75 años el 5 de mayo de 2018.
"De la prueba practicada y por los razonamientos expuestos se ha de considerar que existen elementos sólidos para afirmar que el fallecimiento de José María Íñigo fue consecuencia de la exposición al amianto que se produjo durante la primera etapa de su relación profesional con RTVE y que conllevó que desarrollase con posterioridad y dentro del periodo de latencia un mesotelioma pleural, que fue la causa de su muerte’, recoge la sentencia.
La juez declara que declara que la pensión de viudedad reconocida a la esposa del presentador de televisión deriva de enfermedad profesional
De este modo, la magistrada titular del juzgado de lo Social número 2 de Madrid estima la demanda interpuesta por los herederos de José María Íñigo y declara que la pensión de viudedad reconocida a la esposa del presentador de televisión deriva de enfermedad profesional, con los efectos que esto puede tener en el incremento de la precepción salarial de la reclamante.
El revestimiento de Estudio 1
Los programas Directísimo, Fantástico y Estudio Abierto, que presentó el fallecido, se grabaron en el Estudio 1. El Estudio 1 tuvo problemas importantes de ruido, debido a que en las retransmisiones en directo el ruido exterior se filtraba en el estudio y la acústica no era tan buena como debería ser, por ello las paredes y los techos se cubrieron con un proyectado de un aglutinante y fibra de amianto que solucionó gran parte del problema acústico, en aislamiento y en absorción.
Sin embargo, la dificulta para reconocer la muerte de José María Íñigo como enfermedad profesional es que su actividad no está recogida de forma expresa en el cuadro del RD 1299/2006. La regulación recoge que el grupo VI incluye dentro de las enfermedades profesionales causadas por agentes carcinógenos "mesotelioma de pleura: Industrias en las que se utiliza el amianto".
Jurisprudencia sobre enfermedades profesionales
Pero, la jueza recuerda en la sentencia que la jurisprudencia rechaza que la norma fije una lista cerrada, en concreto, la Sala de lo Social del Tribunal Supremo en sentencia de 5 de noviembre de 2014, rec. 1515/2013, con referencia a lo ya manifestado en su sentencia de 13 de noviembre de 2006 (rcud.2539/2005) declaró: "Para saber entonces si nos encontramos ante una enfermedad profesional, habrá que analizar si el causante reúne los tres requisitos que la citada norma exige para ello: Que la enfermedad se haya contraído a consecuencia del trabajo realizado por cuenta ajena, que se trate de alguna de las actividades que reglamentariamente se determinan, y que esté provocada por la acción de elementos y sustancias que se determinen para cada enfermedad".
"No se puede obviar que el 90% de este tipo de tumor viene ocasionado por la exposición al amianto"
Las circunstancias analizadas en el trabajo del fallecido cumplen con los requisitos que fija la norma. La resolución hace un análisis detallado de las características del amianto que recubría el Estudio 1 y el tiempo que el presentador pasó allí. Además, el fallo dice: "No se puede obviar que el 90% de este tipo de tumor viene ocasionado por la exposición al amianto, y el hecho de que no sea desarrollado por otras personas sometidas a la misma exposición en las mismas circunstancias, se debe a que existe una predisposición genética que determina o no el desarrollo de la enfermedad".
Esta resolución no es firme y contra ella cabe la interposición de un recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del TSJ de Madrid.
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