El Abogado General Athanasios Rantos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea lleva el caso que enfrenta a las empresa concesionarias de máquinas tragaperras en Italia y el Gobierno italiano, porque la Administración italiana ha aprobado un cambio de regulación del sector que se traduce en una reducción de los márgenes de beneficios de estas empresas.
Rantos ha adelantado este miércoles sus conclusiones del caso -que acostumbran a coincidir con la sentencia del TJE- en las que admite que la Administración de un país miembro, en este caso de Italia, pueda restringir los derechos a la libertad de establecimiento y de prestación de servicios, que están garantizados por los artículos 49 y 56 del Tratado Fundacional de la Unión Europea (TFUE), para proteger el interés general. Y justo "el interés general" ha sido el argumento esgrimido por el Gobierno italiano para aplicar ese cambio regulatorio del sector.
Según recoge el Abogado General del TJUE, el Gobierno italiano indica que con el cambio normativo quiere "reducir la rentabilidad de la actividad de los juegos de azar con el fin de luchar contra la difusión de juegos ilegales y proteger a las franjas más débiles de la población de los efectos vinculados a los juegos de azar, en particular del riesgo de adicción al juego".
Origen del conflicto en Italia
Aunque las conclusiones del Abogado del TJUE se podrían aplicar al resto de países miembros de la UE, el litigio que resuelve comenzó en 2013 cuando se celebraron los contratos de concesión a partir de las licitaciones publicadas en 2011, con los que se encargaron a ciertas sociedades la gestión de juegos de azar mediante máquinas tragaperras en Italia.
La licitación fijaba los criterios para determinar la comisión de estos concesionarios. Sin embargo, en 2014, una normativa nacional redujo los recursos estatales puestos a disposición de esos concesionarios, en concepto de comisión, para 2015. En esta ley se prevé que los concesionarios, en el ejercicio de las funciones públicas que se les hayan atribuido, además de cuanto se abona normalmente al Estado, también deberán pagar anualmente un importe de 500 millones de euros, cada uno de ellos en un porcentaje proporcional al número de máquinas que tenían asignadas a 31 de diciembre de 2014. Y, además, repartirán el importe restante disponible para sus remuneraciones y comisiones.
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