Más de una decena de sociedades científicas se han unido para visibilizar el riesgo de seguridad que puede suponer para los pacientes el deterioro de las condiciones de los médicos autónomos y el bajo coste de la sanidad privada, ante el dominio creciente del mercado por parte de las aseguradoras.
La publicación del 'Manifiesto Dignifica' coincide que las movilizaciones en el sector que se están planteando en Andalucía. El Consejo Andaluz de Colegios de Médicos está celebrando reuniones con el sector de médicos en ejercicio libre en las distintas provincias para decidir qué medidas tomar para forzar que las aseguradoras se sienten a renegociar unos baremos que no han cambiado desde 1990, mientras que el IPC ha subido un 145%.
Los firmantes recuerdan que en España la práctica de la Medicina privada representa el 2,6% del PIB y más del 95% de los facultativos, unos 60.000, que ejercen en ella son autónomos. Muchos de ellos trabajan con las compañías aseguradoras y grupos hospitalarios que dominan el sector, contando con más de 11 millones de asegurados. "El deterioro en las condiciones laborales y la congelación, desde hace décadas, de lo que se paga al médico por acto clínico o quirúrgico, perjudica la calidad y eso puede poner en riesgo la seguridad del paciente", indican las 13 sociedades científicas adheridas al manifiesto, que insta a todas las organizaciones a revisar los baremos de las aseguradoras para que estimen si se tratan de precios razonables.
Baremos de hace 30 años
El problema surge -en opinión de los firmantes del documento- "cuando los recursos que se facilitan a los profesionales permanecen congelados durante décadas, con baremos idénticos a los de hace 30 años. A ello se suma la resistencia de las compañías a incorporar en sus coberturas, los actos médicos, diagnósticos y terapéuticos más avanzados e innovadores de cada especialidad, recogidos en los nomenclátor de sus respectivas sociedades científicas".
El manifiesto señala que con la Ley Ómnibus de 2009 se buscaba proteger al consumidor evitando que grupos de profesionales fijaran los precios. Sin embargo, denuncian que la norma presenta varios problemas en el sector sanitario. Primero, consideran que no se puede "poner una limitación de calidad mínima a un acto médico solo por el hecho de no limitar la libre competencia".
De hecho, en la práctica, la situación ha llegado a un punto de "bajada temeraria" de los precios. Es decir, los actos médicos se pagan prácticamente por debajo de coste y, por tanto, "en condiciones de menor seguridad, calidad y eficacia". La contraprestación económica bruta que reciben los médicos de las principales aseguradoras, en la mayoría de los casos, está en torno a los 7-15 euros por acto en consulta ambulatoria, mientras que, para las cirugías, los precios están muy por debajo del valor estimado. Los médicos denuncian que incluso hay casos en los que a partir de la segunda o tercera consulta por el mismo motivo, el precio se rebaja o directamente no se paga.
Además, el médico autónomo se mueve entre la espada y la pared, denuncian. Por una parte, las aseguradoras controlan toda la demanda e imponen sus baremos. Por otra, muchos médicos dependen del alquiler de consultas a clínicas u hospitales porque no se lo pueden permitir ellos mismos, rebajando aún más sus ganancias.
Sobrediagnóstico y renuncia a procedimientos
"La consecuencia es doble: por una parte, el médico debe someterse a esos precios bajo la amenaza de no tener clientela o no ser admitido en el centro y, por otra parte, esos bajos precios le van a obligar a trabajar a volumen, dejando la calidad en un segundo plano: los bajos precios están reñidos con la alta calidad". Y esto puede llevar a dos problemas graves: el sobrediagnóstico para cobrar más o la renuncia a ciertos procedimientos porque el profesional considera que el esfuerzo no se compensa con el pago.
En resumen, como han denunciando en numerosas ocasiones los colegios de médicos, esta situación conlleva a juicio de los profesionales a una merma de la calidad asistencial, la sobrecarga laboral, el aumento de los tiempos de demora y la frustración de miles de sanitarios que no pueden brindar la mejor atención posible a sus pacientes. "La baja calidad lleva a una peor Medicina y aumenta los riesgos para las personas que la reciben. El médico no puede trabajar ajeno a las últimas innovaciones de su especialidad ni practicar una Medicina que no sea la más avanzada para las personas enfermas", indican las sociedades científicas.
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