El cóctel combinado de la pandemia y de la crisis económica ha tenido un efecto directo sobre la salud mental de las personas, con especial incidencia en aquellos colectivos profesionales que tuvieron más exposición al virus. Aunque esta afirmación, que aparece en un estudio sobre salud mental que ha presentado hoy el sindicato CSIF, no parece nueva, los datos atestiguan que la realidad que describe tiene una enorme incidencia: el 45 por ciento de los empleados públicos consume prácticamente a diario fármacos psicoactivos (ansiolíticos, antidepresivos y somníferos...) y, de ellos, más de la mitad asegura que no consumía este tipo de medicación antes de la pandemia.
La "Encuesta sobre salud mental en el ámbito laboral", elaborada en base a 2.000 encuestas anónimas a profesionales de todos los sectores públicos (Administración General del Estado y autonómicas, ayuntamientos, Educación, Sanidad, Justicia y empresas públicas), evidencia que el consumo diario de estos fármacos es prácticamente generalizado en todos los sectores, pero su incidencia es especialmente significativa en los ámbitos sanitario y educativo. De los datos extraídos de la encuesta, el estudio dibuja, además, el perfil tipo del empleado más vulnerable al consumo de estos fármacos: mujer, de entre 45 y 54 años y trabajadora de la sanidad pública o de un centro educativo. Las causas más citadas para recurrir a ellos son dos: la carga de trabajo y la ausencia de reconocimiento profesional.
Pero no son las únicas razones. A la sobrecarga laboral (que, especialmente durante la pandemia -pero no solo-, es una de las causas más citadas de estrés entre los profesionales sanitarios) y el escaso reconocimiento de los méritos profesionales (la causa esgrimida por el 44,6% de los encuestados), se suman otras razones para recurrir a la muleta de los medicamentos: el mal ambiente laboral (conflictos internos, situaciones de acoso...) es la razón que cita el 37,7% de los profesionales que han participado en el sondeo, mientras que un 21,22% relaciona el uso de estos fármacos con la inseguridad laboral (temporalidad, interinidad...), un 20,6% con problemas con los usuarios a los que presta servicio y un 12,6% con problemas económicos.
El 45% de los empleados públicos admite que consume ansiolíticos y antidepresivos casi a diario
Con el panorama que dibujan estos datos, ¿cómo responde el sistema sanitario público? Según Fernando Hontangas, presidente de Sanidad de CSIF, tarde, mal y con recursos "palmariamente insuficientes". Según el sindicato de funcionarios (que se hace eco de datos de la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental), la inversión en salud mental representa solo el 5% del gasto sanitario total, frente a la media del 7,5% de los países de nuestro entorno. Con estos mimbres, la ambiciosa -al menos sobre el papel- Estrategia de Salud Mental 2022-2026 nace coja, según Hontangas, tanto en materia presupuestaria como en el capítulo de recursos humanos.
"Al déficit inversor, se suma el hecho de que España solo dispone de 6 psicólogos por cada 100.000 habitantes y 9,6 psiquiatras para el mismo volumen de población, frente a los 18 de media que tienen los países de la UE en ambas profesiones", asegura el presidente de Sanidad de CSIF. Según las estimaciones sindicales, para equipararnos al nivel de cobertura europeo, España necesitaría hoy 3.948 psiquiatras más y 5.640 psicólogos. El primer paso, apostilla Hontangas, es que las comunidades que no lo han hecho desarrollen la estrategia nacional de salud mental (léase, Cataluña y la Comunidad Valenciana) y que todas refuercen sus servicios de salud mental.
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