Con la propuesta de un pasaporte europeo de vacunación alcanzado por la Comisión Europea sobre la mesa, los líderes de la Unión Europea (UE) se reunirán a finales de la próxima semana para tomar una decisión.
Inicialmente planteada como un encuentro presencial, la reunión se producirá finalmente de manera telemática ante la escalada de casos y el nuevo punto de inflexión en la batalla contra el virus en el continente europeo, días después de que Italia o Francia hayan vuelto a confinar a parte de su población.
Por primera vez, los jefes de Estado y de Gobierno tendrán que debatir el planteamiento elaborado por la Comisión Europea sobre el futuro certificado de vacunación: un documento gratuito, en formato digital o en papel y que contendrá información sobre si una persona se ha vacunado, si tiene anticuerpos por haber superado el covid o una prueba PCR negativa.
Ya en la cumbre de febrero, en el primer debate a Veintisiete sobre este documento, quedó patente que no todos los países comparten el mismo entusiasmo por esta idea: se mostraron más cautos el presidente francés, Emmanuel Macron y la canciller alemana, Angela Merkel, al pedir que el documento no sea condición necesaria para viajar.
Bruselas aseguró que el hecho de estar vacunado no será un requisito para poder viajar, ya que los ciudadanos que no hayan tenido aún la oportunidad de hacerlo o se hayan negado podrán demostrar con una PCR o con un test de antígenos su condición sanitaria, por lo que todos los viajeros tendrán los mismos derechos.
Más favorables son los líderes de los países del sur de Europa, muy dependientes del sector turístico, con España y Grecia entre los grandes defensores de esta idea.
Reparto desigual de las vacunas
Los líderes debatirán también la alerta que han lanzado seis países (Austria, Bulgaria, República Checa, Croacia, Eslovenia y Letonia) en torno al reparto desigual de estos fármacos entre los Estados miembros.
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La compra conjunta de vacunas que efectúa la Comisión Europea implica que cada país tiene un acceso a estos fármacos proporcional a su población, pero los Estados podían elegir dar prioridad a ciertas vacunas.
Bulgaria, por ejemplo, apostó por AstraZeneca y no por Pfizer-BioNTech porque su logística era más fácil y ha tenido que afrontar los recortes y retrasos en las entregas de la primera.
"Creo que es importante que establezcamos (...) un mecanismo de corrección para que Bulgaria no reciba solo un tercio de las vacunas que recibe Malta, por ejemplo", explicó el jefe del Gobierno austríaco, Sebastian Kurz, anfitrión de una reunión para tratar ese tema esta semana.
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