El Ministerio de Sanidad sacó la pasada semana a consulta pública hasta el próximo 19 de octubre el decreto que actualiza el conjunto mínimo de datos que deben recabarse de los pacientes para hacer interoperable la historia clínica en todo el país. El texto de la futura norma, que supone la modificación del Real Decreto 1093/2010, de 3 de septiembre, no cita expresamente al sector privado, pese a que las aseguradoras y grupos hospitalarios privados habían solicitado participar de él para no quedar al margen de la interoperabilidad de la historia clínica y para que realmente los datos clínicos de los pacientes fuesen compartidos, con independencia del lugar donde habían sido atendidos.
La Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP) y la Fundación IMAS en la que participan sociedades científico médicas solicitó expresamente a Sanidad que, aunque el ámbito de la norma fuese la sanidad pública, éste contemplase y obligase a aportar la misma información al sector privado, cuestión que Sanidad ha rechazado ya expresamente en el primer borrador de la norma “por no ser objeto de esta norma” el sector privado..
Ahora la Alianza para la Sanidad Privada Española (ASPE), que aglutina a buena parte de las clínicas privadas ha reaccionado al documento colgado por el Ministerio de Sanidad para audiencia pública reconociendo que “el Real Decreto actualiza la documentación que forma el conjunto mínimo básico de datos y establece la obligación necesaria de adoptar estos datos a las comunidades autónomas e Ingesa para garantizar la interoperabilidad en el Sistema Nacional de Salud, no haciendo mención expresa a la sanidad privada”.
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