José Guerrero Zaplana (Murcia, 1962) es magistrado de la sección séptima de la sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional y gran conocedor del derecho sanitario. Acaba de publicar un libro, Memorias de un juez desencantado. Y otras cosas que es bueno saber en relación con la justicia, de la editorial Colex. La excusa para la entrevista fue el libro, pero la conversación derivó por otro derroteros. Un resumen rápido: "Es la historia de alguien que está cansado de que se hable de la politización de la justicia, sin pensar en el daño que eso hace a los que trabajamos seriamente en la justicia sin esperar otro premio más allá de la satisfacción del trabajo bien hecho".
Pregunta: En un volumen en el que balance de toda su vida profesional, pero está todavía lejos de la jubilación. ¿Qué le ha impulsado a escribirlo?
Respuesta: No estoy tan lejos como parece. Pero, en todo caso, este no es un libro de despedida. Los algo más de 30 años en la carrera judicial me permiten hacer un recorrido por la Administración de Justicia para explicar cuál es su funcionamiento, sus carencias y referirme a aquellas perversiones del sistema que no deberían producirse. Para poner estas cuestiones de manifiesto me sobran años de experiencia profesional. Este es un libro que pretende ser, a la vez, divulgativo y de denuncia, pero más lo primero que lo segundo.
P.: En el título habla de desencanto. Si le concedieran un deseo para cambiar la Justicia en España, ¿qué haría?
R.: Que los políticos que gobiernan la justicia creyeran en la justicia y que, de verdad, creyeran que es algo importante para el funcionamiento del Estado democrático. Y no consideraran la justicia como una esfera de poder, como un corralito, para repartirse entre ellos y jugar sin importarles ni los profesionales que trabajamos para la justicia ni las personas que acuden a reclamar justicia.
P.: Habrá quien piense que usted está desencantado porque no ha llegado al Tribunal Supremo que es donde, a priori, todo juez quiere llegar. ¿Querría usted estar en el Supremo? ¿Y en el Constitucional?
R.: Esta pregunta tiene fácil respuesta. Solo una vez, hace varios años, pedí una plaza en el Supremo, pero reconozco que me equivoqué y no he vuelto a hacerlo. Hay compañeros con menos antigüedad escalafonal que yo quienes, legítimamente, habrán concursado seis u ocho veces. Obviamente, en las condiciones que se dan hoy día, no voy a jugar al juego que hay que jugar para acceder al Supremo.
Además, no es cierto que todos los jueces quieran llegar al Supremo. Hay cientos de jueces por España que se mantienen en órganos unipersonales y no quieren ir, ni siquiera, a las audiencias provinciales. Y eso es cada vez mas frecuente y habría que preguntarse porqué se produce esa situación.
Para el Tribunal Constitucional no tengo los conocimientos técnicos y la especialización precisa. Esto último tampoco lo tienen muchos de los que juegan a intentar acceder al Constitucional, pero todos parecen olvidarlo.
P.: Hay falta de renovación en los órganos de gobierno de los jueces, en el CGJP, pero también en otras instituciones clave para nuestra democracia como el Tribunal Constitucional. ¿Cómo cree que se debería solucionar este bloqueo?
R.: Creyendo en la Justicia y no considerando la Justicia como una parcela de poder para repartirse entre los bloques de partidos políticos. En la justicia, como tal, no creen hoy día ni los de un partido ni los del contrario, ni los de antes, ni los de ahora. Y me temo que tampoco los del futuro.
P.: ¿Cree que existe la división de poderes en España, especialmente entre el judicial y el resto?
R.: Obviamente, sí. El juez que quiere ejercer su trabajo con independencia del poder político puede ejercer su independencia con comodidad. Estoy completamente convencido de que así lo hacen todos los jueces. A los que no quieren ser independientes se les ve venir de lejos.
P.: ¿Qué papel cree que debe tener la Justicia en esta pandemia?
R.: En esta pandemia y en todo momento. La justicia es el último baluarte al que los ciudadanos deben acudir con seriedad y tranquilidad, sabiendo que van a encontrar que sus pretensiones se resuelven solo con arreglo a la ley. El gobierno de los jueces es otra cosa, pero el gobierno de los jueces no es poder judicial.
P.: Usted ha llevado muchos juicios sanitarios, muchos de los abogados de pacientes consideran que los juzgados de lo contencioso son muy proadministración en sus resoluciones. De hecho, una mayoría han decidido reclamar contra las aseguradoras de los servicios sanitarios y acudir así a los juzgados de lo civil. ¿Cómo valora este movimiento?
R.: No puedo valorarlo más que con respeto a las decisiones de cada parte de ejercer sus acciones por la vía que tenga por conveniente. Lo único cierto es que las jurisdicciones no se eligen y cada pretensión tiene una jurisdicción donde debe ejercitarse según dispone la ley. Si alguien quiere encontrar atajos, debe ser capaz de explicar a su cliente la respuesta que obtiene. Y solo añadiré un hecho: En mi sección estamos poniendo sentencias de los asuntos de 2019 y 2020 y el porcentaje de estimaciones ó desestimaciones no depende de nuestra voluntad sino de la ley que debemos aplicar y de lo fundamentado de las pretensiones de las partes.
En situación de pandemia
P.: ¿La justicia es igual para todos?
R.: Sin duda. La justicia no distingue al rico del pobre, al poderoso del débil. A la justicia solo le interesa cuál es la pretensión de las que se ejercita que tiene el amparo de la ley. Dicho esto, no puede dejar de señalarse que quien dispone de más medios puede contratar mejores abogados, mejores peritos, gastar mas en pruebas. Eso es inevitable y se produce en todas las esferas de la vida. Y la justicia es gratis tanto para el que no puede pagarla como para el que podría pagarla, pero no podemos desconocer que no todos los que acuden a la justicia lo hacen desde una posición de igualdad.
P.: ¿Considera que existe una responsabilidad de Gobierno en la gestión de esta pandemia que se resolverá en los tribunales?
R.: Espero que no llegue a los tribunales esta cuestión. Creo que es importante diferenciar la responsabilidad que se debe hacer valer ante los tribunales, sea penal ó administrativa, y la responsabilidad política por mala o defectuosa gestión, que se reclama ante las urnas cada cuatro años, cuando hay elecciones. Es muy importante esta distinción y creo que no es bueno confundir ambas. Que haya una mala gestión o que la gestión hubiera debido ser diferente no permite entender que se hayan cometido delitos por parte del gobierno ni por parte de la administración.
P.: ¿Considera que la declaración del estado de alarma es suficiente para recoger medidas de restricción de libertades como las que estamos viendo?
R.: Obviamente el estado de alarma, en la configuración que procede de la Ley Organica 4/81, permite adoptar cuantas medidas sean necesarias para la contención de la pandemia. Ello obliga a la restricción de determinados derechos, pero precisamente en ello consiste el estado de alarma: la restricción de derechos en una situación excepcional derivada de una crisis sanitaria como la que vivimos en la actualidad.
P.: En sus 30 años de ejercicio profesional, ha tenido un contacto muy cercano con el Derecho Sanitario. ¿Cómo ha visto la evolución de esta especialidad? ¿Cuál augura que va a ser su desarrollo futuro?
R.: El derecho sanitario es una rama del derecho no solo completamente consolidada sino en pleno auge. Además, la situación mundial actual nos permite pensar en las muy diversas cuestiones que surgen y los conflictos a los que hay que dar solución y la voz del derecho sanitario tiene que dejarse oír en estas cuestiones que, muchas de ellas, son novedosas: derechos de los profesionales, vacunaciones, restricciones de derechos, medidas excepcionales adoptadas etc..
Sobre el baremo sanitario
P.: Usted, además, formó parte del grupo que creó el Ministerio de Sanidad para elaborar el famoso baremo de daños sanitarios. ¿Cree que en algún momento llegará?
R.: Espero que así sea. Aunque hay que reconocer que en el Ministerio de Sanidad en los últimos meses tiene preocupaciones más urgentes que la elaboración del baremo. Desearía que no se olviden de esa cuestión, puesto que sería de una extraordinaria importancia que se reanudaran los trabajos y se consiguiera la aprobación de un baremo.
P.: Las críticas de ese baremo vienen de los colectivos de pacientes que consideran que ese futuro baremo bajará las indemnizaciones en casos de malas praxis, ¿Cree que esos temores son infundados?
R.: La gran ventaja del baremo sería la seguridad jurídica, que es un principio constitucional básico, y permitiría hacer una previsión de cuáles podrían ser los resultados de una reclamación sanitaria. Esa ventaja, desde mi punto de vista, supera los inconvenientes que se pudieran derivar de la futura aplicación de un baremo. La uniformidad en las indemnizaciones no tiene por qué ir aparejada con una bajada o disminución. Además, tal como quedó el proyecto, cuando dejé de tener noticias de la cuestión, se permitía la indemnización de determinados supuestos: falta de información, perdida de oportunidades..., que suponían un gran avance en el reconocimiento de los derechos de los pacientes.
P.: ¿Por qué recomendaría su libro y a quién?
R.: A todos aquellos que quieran conocer, desde dentro, como es la Administración de Justicia. A los que se quieran acercar a los entresijos de un juzgado, una sala, un tribunal y que quieran hacerlo de la mano de alguien que ha conocido bien de cerca la justicia desde todos sus rincones y que lo cuenta tal cual es, con sencillez y claridad, sin tapujos. De alguien, que, además tiene un sentido crítico de cómo son las cosas y cómo deberían ser para mejorar el prestigio de la justicia.
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