No hay respuesta oficial -y este diario ha preguntado al Ministerio de Sanidad- sobre cuándo entrará en la agenda del Consejo Interterritorial la implantación del certificado o pasaporte covid. Sin embargo, ya hay una cuestión clara y es que el Ministerio de Carolina Darias no va a adelantarse para tomar esta decisión a que haya distintas resoluciones judiciales entre tribunales superiores de justicia (TSJ). Esas discrepancias ya se han producido.
Mientras el pasado viernes, la Sala Contenciosa del TSJ de Galicia dio el aval al Gobierno de Alberto Núñez Feijóo para pedir el certificado covid a las visitas en hospitales públicos y privados, este lunes el TSJ de País Vasco ha dicho que no y el TSJ de Aragón ha suspendido su decisión a la espera de las alegaciones del Ejecutivo y la Fiscalía, según informa Javier Ortega, desde Zaragoza.
La pregunta del Gobierno de Urkullu era distinta y, a priori, más fácil que la formulada por Galicia, porque contaba con jurisprudencia sobre el caso: el Gobierno vasco buscaba el aval para utilizar el certificado covid en el ocio y restaurantes para más de 50 comensales, eso sí, con la ambición de aplicarlo en toda la comunidad autónoma.
El auto de doce páginas desmenuza el informe epidemiológico presentado por el Gobierno vasco para concluir que es "incongruente" y, además, pone de manifiesto lo "innecesario del pasaporte covid". Los motivos principales son que no obliga a ostentar el citado certificado a los camareros de estos establecimientos y también deja al margen a los niños de 12 años, tras reconocer que en estos momentos son el principal foco de transmisión.
La resolución dice que "el elevadísimo porcentaje de vacunados es una factor que opera en contra de la medida [...] Desde esa presunción, el imponer la exigencia del pasaporte de modo indiscriminado carece de justificación, y menos aún cuando simultáneamente se reconoce que los efectos del contagio en los vacunados no son relevantes".
"Imponer la exigencia del pasaporte de modo indiscriminado carece de justificación", dice el auto del TSJ de País Vasco
Entre los magistrado firmantes del auto está Luis Ángel Garrido, presidente de la Sala Contenciosa-administrativa del TSJ de País Vasco, protagonista de una sonada polémica por sus declaraciones sobre los epidemiólogos, de las que tuvo que retractarse.
Los juristas consultados sobre esta cuestión recuerdan que no hay dos casos iguales y que en el esfuerzo de ponderación de derechos enfrentados, que hacen los tribunales para decidir sobre el certificado, hay que tener en cuenta el ámbito de aplicación de la medida, la situación epidemiológica... Circunstancias, todas ellas, que ya recogía el Tribunal Supremo en su sentencia de septiembre, cuando avaló el certificado covid para el ocio en Galicia.
Ni a camareros ni a profesionales sanitarios
Sin embargo, también hay voces que llaman la atención que en el auto del TSJ de Galicia, con el que avala el uso del certificado covid para las visitas a hospitales, no consideró incongruente que ni los médicos ni al personal sanitario en general esté obligado a mostrar el certificado covid, mientras que las visitas sí. Es decir, no tiene en cuenta lo que para el TSJ de País Vasco es evidente: que a los camareros y dueños de los locales no se les exige ese certificado, mientras a los clientes sí y el virus no distingue.
A la luz del auto vasco, Vicente Lomas, jefe de coordinación jurídica del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) hace una valoración en la que admite que "es riguroso y viene a decir lo que ya dijera el Tribunal Supremo cuando se pronunció sobre la Orden de Andalucía [que negó implantar el certificado covid], y es que no es posible aplicar una misma medida para todo el territorio. Hay que observar las distintas incidencias".
Por otro lado, opina que los magistrados vascos "hilan fino cuando dice que tampoco se aporta pruebas de la conexión entre los hospitalizados y las actividades que se desarrollan en estos locales", pero considera que "están muy acertados al evidenciar las contradicciones de la Orden del País Vasco en cuanto a los dueños de los locales, que no les exige certificado, y en cuanto a la presencia de menores, siendo estos una de las principales fuentes de contagio".
El certificado covid ya se aplica en Baleares, Galicia y Cataluña para acceder a determinados servicios, como el ocio nocturno, con el aval de sus tribunales autonómicos. Y otras comunidades como Valencia o Castilla-León se han mostrado favorables a dar ese paso, no sin miedo y ahora sabemos por qué. ¿Qué gobierno autonómico se arriesga a un zasca de su tribunal?
La solución: establecer criterios comunes. El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, la de Castilla-León, Verónica Casado, se han manifestado a favor de que el Ministerio de Sanidad lidere la decisión sobre la utilización del pasaporte covid y dé directrices comunes.
Esta semana, el Circulo de la Sanidad ha dado un paso más en este sentido y ha pedido al Gobierno que implante, con unos criterios conjuntos para las comunidades, el certificado covid debido al aumento de la incidencia y ante la proximidad de las fechas navideñas.
En un comunicado, el presidente de la entidad, Ángel Puentes, ha apostado por la puesta en marcha "cuanto antes de una normativa homogénea" para el acceso a "determinados espacios y zonas, ante el importante aumento de los casos en los últimos días".
"No podemos seguir con una gestión del covid individualizada por regiones y que genere tanta incertidumbre en los ciudadanos", ha apuntado Puentes respecto a la gestión de la pandemia, aunque ha alabado la actitud "responsable" y "solidaria" de la ciudadanía española, que tiene una tasa de vacunación que roza el 90%.
¿Qué dice la ciencia?
Amós García Rojas, presidente de la Asociación Española de Vacunología y miembro de la ponencia de vacunas del Ministerio de Sanidad responde que podría se una "medida conveniente" y explica lo motivos: "En estos momentos en Europa hay una amplia difusión del virus consolidando en varios países europeos una sexta ola. Esto ha sido fruto de dos situaciones claras: unas bajas coberturas vacunales y el hecho de que gran parte de las medidas restrictivas que tenían implementadas para controlar la pandemia las suprimieron de un día para otro". Pero la situación en España "es diferente" y el motivo es que "tenemos por un lado coberturas vacunales amplísimas y, por otro lado, hemos mantenido una serie de medidas restrictivas en el contexto de toda la pandemia".
Con estas coordenadas, García Rojas considera que "cualquier tipo de intervención que se haga debe estar fundada en la siguiente reflexión: Vivimos donde vivimos y eso va a hacer que no seamos del todo impermeables a lo que está ocurriendo en Europa. Vamos a seguir teniendo un incremento de casos. Hay todavía personas sin vacunar". Pero, aclara que "aunque la posibilidad de desarrollar una sexta ola no es imposible, ésta debería tener un efecto menor a las anteriores, pues tenemos grandes coberturas vacunales en nuestras personas más vulnerables".
Los futuros contagios "van a seguir vinculados a espacios cerrados y poco ventilados, donde tendemos a bajar la guardia y no protegernos con la mascarillas, a pesar de que la mascarilla en interiores sigue siendo obligatoria. Es ahí donde más contagios vamos a tener y, desde esa perspectiva, cualquier medida que vaya a impedir el incremento de esos contagios creo que es buena".
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