El último pleno del Gobierno valenciano aprobó sendos convenios de colaboración entre la Consejería de Sanidad y los COF de las tres provincias (Alicante, Castellón y Valencia), por los que se establecen las condiciones de dispensación, facturación y pago de las aportaciones por tratamientos ortoprotésicos y farmacológicos. La cuantía de estos acuerdos, que establecen las condiciones de estas ayudas para personas con diversidad funcional, pensionistas, niños y adolescentes, personas desempleadas y familias monoparentales, y las aportaciones por tratamientos ortoprotésicos para el colectivo de personas con diversidad funcional, asciende a un total de 47,2 millones de euros.
Según la vicepresidenta y portavoz del gobierno autonómico, Mónica Oltra, en la rueda de prensa posterior al pleno, se trata de una apuesta para “para compensar el copago como venimos haciendo desde el año 2016”, resaltando que “estas ayudas garantizan los tratamientos médicos eliminando los obstáculos económicos que representa este copago para las personas más vulnerables”. Oltra enfatizó que “se trata, por tanto, de seguir garantizando la salud como un derecho de todas las personas, independientemente de su situación social y económica”, enmarcada en una política que, según ha apuntado en numerosas ocasiones por parte del Gobierno valenciano, busca la “recuperación y ampliación de derechos en materia sanitaria”.
Los 47,2 millones permiten asumir las aportaciones para atender los tratamientos tanto ortoprotésicos como farmacológicos de personas con diversidad funcional (5,8 millones de euros), además de otros 41,4 millones de euros para tratamientos farmacológicos del resto de colectivos implicados: pensionistas (25,1 millones de euros); personas en situación de desempleo (11,6 millones), menores de edad (4,7 millones); y familias monoparentales (10.240 euros).
Las personas beneficiarias son identificadas de oficio por Sanidad y quedan exentas del pago de los fármacos y de los productos ortoprotésicos, sin realizar ningún trámite (excepto en el caso del colectivo de familias monoparentales, que sí debe solicitar la ayuda).
Respecto al año anterior, representa un descenso de 20 millones de euros: los incrementos en los colectivos de situación de desempleo y familias monoparentales (10,4 millones y 6.000 euros, respectivamente, de presupuesto en 2021), contrastan con los descensos en pensionistas con rentas bajas, diversidad funcional y menores de edad (41, 7,9 y 7,6 millones, respectivamente, en 2021).
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