"Me llama poderosamente la atención que la gente haya aceptado que un producto como la mascarilla sea obligatorio y un producto como la vacuna no". Joaquín Cayón de la Cuevas, director del grupo de Investigación de Derecho Sanitario y Bioética del Instituto de Investigación Sanitaria Marqués de Valdecilla (Idival) y jefe de los servicios jurídicos de la Consejería de Sanidad de Cantabria, ha hecho un repaso de las enseñanzas que ha dejado la pandemia y ha propuesto un sistema pospandémico donde la vacunación sea obligatoria.
"La obligatoriedad de la vacunación no puede descansar en las tasas de inmunización". No entiendo cómo una decisión que afecta a terceros puede pilotar sobre la libertad individual", ha dicho el experto. Con esta afirmación, Cayón echa por tierra la justificación de no hacer obligatorias vacunas como la covid-19 porque ya existe una alta aceptación entre la población.
"No entiendo cómo una decisión que afecta a terceros puede pilotar sobre la libertad individual"
En su ponencia, dentro del curso de verano de protección jurídica del paciente en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, del que es codirector, ha defendido que en el caso de los profesionales sanitarios se debería imponer la obligatoriedad en vacunas como la gripe si, por el puesto que ocupan, son especialmente vulnerables a enfermar o transmitir la enfermedad, "como pueden ser los puestos en una UCI o en Urgencias".
Para defender su postura, ha recordado como el país del liberalismo, como es Estados Unidos, se ha impuesto la vacunación de manera obligatoria. Cayón ha argumentado que el marco jurídico actual en España permite esa imposición. Es muy clara esa posibilidad de imponer la vacunación en enfermedades contra la viruela, la difteria o el sarampión, donde además hay recientes sentencias sanitarias que han obligado a niños a que se vacunen, ha subrayado.
Así, se han impuesto las vacunaciones ligándola a la escolarización de los menores. También ha recordado en su intervención el fallo del TSJ de Andalucía, de su sala en Granada, donde impuso vacunar contra el sarampión a un grupo de 35 estudiantes ante un brote y a pesar de la negativa de varios padres. La sentencia del TSJ andaluz fue de julio de 2013.
"La vacunación debería ser obligatoria siempre y cuando la enfermedad que estemos previniendo afecte a terceros", ha defendido Cayón. Así ocurre con la covid-19 pero no, por ejemplo, y a priori con el virus del papiloma humano.
Pero no solo las razones médicas pueden justificar convertir en obligatoria las vacunas. En el contexto de pandemia que vivimos, donde el marco regulatorio ha sufrido tantos cuestionamientos e interpretaciones, el jurista considera que con una vacunación obligatoria contra la covid se puede defender de manera sólida un pasaporte de movilidad, como es el certificado covid-19, que restringe la posibilidad de viajar a los que reúnan unas condiciones, entre ellas la de estar vacunados.
Así que, en esa vacunación pospandemia debería imponerse la inmunización de manera obligatoria, además de contar con un calendario vacunal común entre las distintas autonomías.
"Desde 2003 ha habido múltiples calendarios vacunales. La ley general de salud pública dice que habrá calendario único de vacunación, pero también dice que las comunidades autónomas podrán modificarlo. Al final, esto ha generado una carrera en la vacunación entre las autonomías. Un ejemplo ha sido lo ocurrido con la vacuna del papiloma humano que ahora se indica a las niñas en los doce años, después de que Madrid adelantara a esa edad la indicación", ha apuntado.
Así, lo que hay ahora "es un calendario común, que no es igual que único, y que es un calendario de mínimos". Las comunidades autónomas están ampliando su cartera de servicios incluyendo nuevas vacunas, pero esto deben hacerlo observando un equilibro presupuestario como señala de manera expresa la ley, ha recordado Cayón.
Otros aspectos que ha subrayado el experto para esa vacunación pospandemia son la transparencia y la creación de un comité nacional de vacunas, que esté constituido por profesionales de todos los ámbitos implicados "incluso la industria" cuyos nombres se hagan públicos.
Es necesario un nuevo marco regulatorio
La pandemia de la covid-19 ha obligado a revisar no solo nuestro sistema sanitario, si no toda la estructura normativa que sostiene ese sistema y que se ha visto reinterpretada a la luz de las necesidad que han ido apareciendo con el avance del virus.
Cayón ha abordado el controvertido carácter del Consejo Interterritorial, para dar su opinión, que se resume en asumir que no es una conferencia sectorial y que, por lo tanto, las decisiones no se pueden tomar por mayoría.
La postura del experto se sostiene en la tozuda realidad del derecho, cómo era el Consejo Interterritorial antes de la pandemia y que, si no se ha modificado, sigue siendo así. Pero ha recordado la posibilidad y necesidad de abordar reformas en este sentido para que, en próximas pandemias o crisis sanitarias, se cuente con instrumentos jurídicos más sólidos. En otras palabras, para convertir el Consejo Interterritorial en lo que se necesite que sea: ¿una experimento de gobierno federal?, Cayón ha dejado ahí esa posibilidad.
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