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Si el modelo Muface ya llegaba tocado los albores de la pandemia, los más de dos años de peregrinaje por la crisis sanitaria han impactado directamente sobre la línea de flotación de su sostenibilidad, según denuncian los principales sindicatos de funcionarios, beneficiarios de este modelo de prestación.
Más de 5.000 encuestas realizadas a lo largo del último año en toda España por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) y los sindicatos mayoritarios de Policía y Guardia Civil, Jupol y Jucil, arrojan una conclusión que avala el grito de alerta que lanzan los representantes del funcionariado: más de la mitad de los encuestados denuncia pérdida de especialidades, reducción de médicos, retirada de centros hospitalarios y problemas para la autorización de intervenciones o el sellado de recetas. Recortes todos ellos, sentencian las tres organizaciones sindicales, que merman la calidad de la asistencia sanitaria que prestan las mutuas.
Los ámbitos y especialidades que más recortes han sufrido, según los encuestados, son atención primaria, Dermatología, Aparato Digestivo, Psicología, Fisioterapia, Traumatología, Análisis Clínicos, Pediatría o las urgencias, tanto hospitalarias como extrahospitalarias, durante los fines de semana. El recorte afecta indistintamente a las diferentes mutuas de funcionarios del Estado, del ámbito de la Justicia (Mugeju) y de las Fuerzas Armadas (Isfas) en toda España.
Los resultados de la encuesta, que ya tiene sobre su mesa la Oficina del Defensor del Pueblo, también serán entregados en los próximos días a las direcciones generales de las tres mutuas de funcionarios y a los diferentes grupos políticos del arco parlamentario. De momento -y a la espera del resultado de esas comunicaciones-, los tres sindicatos han convocado una concentración de protesta para el próximo 18 de abril, a las 12 horas, frente a la sede de la Dirección General de Muface.
El responsable último de esta situación -o, al menos, el que los tres sindicatos coinciden en señalar con nombres y apellidos- es el Gobierno de Pedro Sánchez y su cicatería presupuestaria con el modelo. "Lo llevábamos advirtiendo desde hace más de un año, y las consecuencias empiezan a ser evidentes: la tradicional infrafinanciación del modelo acabaría trayendo recortes y ya están aquí", ha enfatizado Miguel Borra, presidente nacional de CSIF, el mayor sindicato de funcionarios.
Primaria y urgencias, entre los ámbitos más afectados por los recortes
El pasado septiembre, en plena negociación del nuevo concierto de Muface, CSIF exigía al ministerio de María Jesús Montero una partida financiera suficiente para evitar que se reprodujera la situación de estrangulamiento efectivo que sufrió la mutualidad hace años, cuando varias aseguradoras sanitarias abandonaron el concierto por las bajas primas del acuerdo suscrito en su momento.
Al generalizado recorte de prestaciones que denuncia el 50% de los encuestados, Borra suma que el 25% ha sufrido "limitaciones" en la realización de las pruebas de covid-19; que aproximadamente al 14% de los asegurados "se le ha sugerido en algún momento del último año que tenía que pagar por la prestación recibida"; que algunas localidades se han quedado sin centros para hacer pruebas radiológicas o analíticas, "obligando a los asegurados a desplazarse a otras localidades, en ocasiones distantes muchos kilómetros", y que "algunos pacientes oncológicos -y esto es especialmente sangrante- han visto cómo no podían seguir con sus tratamientos en sus centros y con su equipo médico habitual, viéndose obligados a buscar una alternativa".
Tras enfatizar que "el mutualismo es un derecho de los funcionarios, y mantenerlo la obligación del gobierno de turno", Aarón Rivero, secretario general de Jupol, ha señalado que las más de 2.000 encuestas realizadas por este sindicato a policías de toda España "constatan generalizados recortes en las prestaciones y, consecuentemente, una merma importante de nuestros derechos asistenciales".
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