El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dijo el jueves, en una visita al Centro de Recepción, Atención y Derivación de refugiados ucranianos en la Ciudad de la Luz, en Alicante, que 30.000 personas procedentes de Ucrania han obtenido ya formalmente el permiso de residencia y trabajo al menos durante un año en España y la Unión Europea. Y anunció que “en muy pocos días” serán ya 70.000.
Nuestro país ha puesto en marcha un proceso administrativo sin precedentes para gestionar la acogida de los refugiados de Ucrania a causa de la invasión rusa de su país, que ha provocado la huida de al menos 3,8 millones de personas (el país contaba con 43.733.759 habitantes al iniciarse la guerra).
Hay que felicitar al Gobierno por su agilidad al respecto, que incluye el informe del Ministerio de Sanidad Guía de actuación ante la llegada de desplazados desde Ucrania. Este documento, que vale la pena leer, reza lo siguiente: “Todas las personas procedentes de Ucrania se integrarán en el Sistema Nacional de Salud (SNS) igual que la población local. Se valorará su estado de salud de manera individual, determinando las necesidades que cada persona requiera”.
La acogida de los refugiados de Ucrania, por su volumen y rapidez, es excepcional, pero el nuestro es un país con cultura en la recepción de personas de otros países. El Observatorio Permanente de la Inmigración, dependiente de la Secretaría General de Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión Social del Ministerio de Inclusión, en su informe sobre la Estadística de Extranjeros Residentes en España en 2020, indica que en España viven 5,8 millones de extranjeros (2% más que el año anterior), incluyendo tanto a quienes tienen una autorización de residencia en vigor como a aquellos residentes en régimen de libre circulación UE que poseen un certificado de registro. Dos tercios de ellos viven en cuatro comunidades autónomas (Cataluña, Madrid, Andalucía y Comunidad Valenciana); y siete provincias (Madrid, Barcelona, Alicante, Málaga, Valencia, Baleares y Murcia) concentran el 57% del total.
Hoy, por ley, tienen derecho a la asistencia sanitaria integral y gratuita en España: trabajadores en situación de alta o asimilada; pensionistas de la Seguridad Social; perceptores de prestaciones de la Seguridad Social; menores tutelados por la Administración, y, lo que viene al caso, residentes en el país.
El 27 de julio de 2018 el Consejo de Ministros presidido por Pedro Sánchez (PSOE) aprobó el Real Decreto-ley sobre Acceso Universal al SNS, que recuperó la atención sanitaria universal; tras quedar cercenada, a causa de la crisis económica mundial de 2008, por el RDL 16/2012 del Gobierno del PP.
Modificar el concepto de asegurado y asociar la cobertura sanitaria a la ciudadanía y la residencia, de tal forma que permita que las personas migrantes en situación irregular reciban asistencia en igualdad de condiciones que los españoles, fue algo reclamado por el Defensor del Pueblo, la Organización Mundial de la Salud, las Naciones Unidas, el Consejo de Europa y varias sociedades científicas y organizaciones no gubernamentales.
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